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La Mesa del Parlamento destituye a Idoia Tajadura como letrada mayor

El cese se produce a petición de la presidenta Ainhoa Aznárez y por motivos de “falta de confianza”

La Mesa del Parlamento destituye a Idoia Tajadura como letrada mayorFoto: Cascante

pamplona - La Mesa del Parlamento de Navarra aceptó ayer finalmente el cese de la letrada mayor de la Cámara, Idoia Tajadura, tal y como había propuesto la presidenta del Legislativo, Ainhoa Aznárez, cargo que depende directamente de su designación. Así, la destitución de Tajadura salió adelante gracias a los votos a favor de la propia Aznárez, además de Unai Hualde (Geroa Bai) y Maiorga Ramírez (EH Bildu). Los dos representantes de UPN, Alberto Catalán y Maribel García Malo, por su parte, votaron en contra. Una curiosa circunstancia, ya que en su día, cuando Idoia Tajadura accedió al cargo en sustitución de Miguel Esparza Oroz en noviembre de 2015 fue precisamente al revés: con los votos en contra de UPN y a favor de Aznárez, Ramirez y Uhalde.

Ahora, para justificar su propuesta de cese, la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, manifestó el lunes que había “perdido la confianza” en Idoia Tajadura y que “hemos visto que las competencias profesionales ya no generan la confianza de su momento”.

El distanciamiento entre la presidenta de la Cámara y la letrada era evidente desde principios de año y relacionado con cuestiones administrativas y a la hora de enfrentarse a problemas del día a día, como la interposición de recursos judiciales, la gestión de compras, la renovación de equipos o las relaciones con los trabajadores. También se le criticó a Tajadura por llegar tarde al pleno o equivocarse al convocar a la Mesa del Parlamento en lugar de a la Junta. Pero sin duda las diferencias se ahondaron con la crisis del nombre de Podemos y el informe jurídico.

normalidad en el relevo Paradójicamente, la decisión del cese de la letrada por parte de la Mesa fue adoptada después de que la Junta de Portavoces hubiese aprobado en su sesión de este viernes una declaración institucional, propuesta por el PPN, en la que el Parlamento muestra su “apoyo a los servicios jurídicos de la Cámara, a la letrada mayor y al resto de letrados de este Parlamento, por su actitud profesional para asistir a los grupos”. Ese texto de apoyo se aprobó con el voto a favor de UPN, Podemos, PSN y PPN, mientras que Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra se abstuvieron.

El relevo del letrado mayor no es algo inhabitual. Sin ir más lejos, Alberto Catalán (UPN) cesó a Pablo Díaz Lago en la pasada legislatura, una decisión que fue asumida por el resto de grupos con normalidad. Sin embargo, el parlamentario que más crítico se mostró ayer con el cese fue Carlos García Adanero, de UPN, que en declaraciones a los medios puso de manifiesto que mientras la Junta de Portavoces ha apoyado a la letrada mayor, la Mesa de una forma “sectaria, caprichosa y arbitraria” la ha cesado. “Minutos antes la Junta de Portavoces, como representación mayoritaria del conjunto de la sociedad había refrendado a la letrada. Merece todo el respeto de nuestro grupo parlamentario”, subrayó.

Por parte de Geroa Bai, Unai Hualde explicó que su coalición votó a favor de la destitución al entender que “hay que reconocer” a la presidenta de la Cámara “margen para cesar y nombrar como letrado mayor entre los profesionales que permite el reglamento”. “Se requiere un componente de confianza que vemos se ha quebrado”, expuso Hualde, que agradeció no obstante el trabajo realizado por Idoia Tajadura.

También Adolfo Araiz de EH Bildu señaló la normalidad del cese de la letrada mayor que “obedece a un proceso de confianza en cuanto a que tiene unas funciones importantes”. “Era necesaria esa confianza, se quebró”, expuso Araiz, quien remarcó que con los anteriores letrados “no se llegó a los debates de estos momentos”. “Fue una cuestión casi automática de una persona de confianza de la presidenta o presidente de turno”, reseñó.

En representación del grupo de Podemos Ahal Dugu-Orain Bai, Laura Pérez afirmó que no comparte que “la profesionalidad de un funcionario se ponga en tela de juicio, sin perjuicio de que se puedan compartir o no sus resoluciones jurídicas” y consideró que “no es legítimo el abuso de poder”. - D.N.