Sevilla - La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha informado de que la Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido una notificación a la Cámara en la que se recoge el acuerdo de inicio de diligencias previas para investigar “si fuera constitutiva de delito” la negativa a declarar de cuatro comparecientes en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En concreto, se refiere al expresidente de la Junta Manuel Chaves y los exconsejeros de Empleo José Sánchez Maldonado, Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero, que días antes de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre acudieron al Parlamento andaluz a la comisión de investigación pero se negaron a contestar a las preguntas de los parlamentarios tras una breve intervención.

El artículo 502 del Código Penal describe los “delitos contra el Estado-Comisiones de investigación en las Cámaras” y recoge en su punto uno que quienes, “habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

La comisión de investigación de la Faffe trata de esclarecer el escándalo de la Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía, Faffe, el ente público que gastó dinero de los parados andaluces en juergas en prostíbulos durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.

Concretamente, se dio a conocer el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y exmiembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.

La notificación, señaló Bosquet en una entrevista en 7TV, llegó el pasado viernes y responde al escrito que el pasado 27 de noviembre se acordó en la Mesa del Parlamento remitir a la Fiscalía, junto a la documentación que los servicios jurídicos entendieron oportuna, ante la “incomparecencia” de estos cargos, con el objetivo de que se investigara “si estos hechos podían ser constitutivos de delito”.

“Así se hizo y el viernes pasado recibí la notificación de la Fiscalía Superior de Andalucía en el que indicaba que se acordaba el inicio de diligencias. La cuestión está ahora en Fiscalía”, subrayó.

Preguntada sobre el trato que recibió en esta comisión de investigación del Parlamento el que fuera presidente de la Junta Manuel Chaves, Bosquet defendió el trabajo del presidente de la comisión, Enrique Moreno. “Es difícil llevar una comisión de esa clase, con una tensión tan grande y, además, cuando no te lo ponen fácil”, advirtió.

Así, aunque reconoció que no ha llegado a ver ninguna sesión de la comisión de investigación al completo, aseguró que Moreno ha hecho su trabajo al frente de la misma “con bastante dignidad”. - D.N.