l Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple el próximo viernes dos años en funciones a la espera de que el Gobierno cierre un acuerdo con el PP sobre los nuevos vocales, unas negociaciones sobre las que ambas partes guardan silencio tras los fracasos del pasado.

Nunca se ha mantenido tanto tiempo la interinidad del órgano de gobierno de los jueces, aunque también hubo un largo periodo en funciones entre 2006 y 2008 y el Gobierno de Zapatero tuvo que convivir durante casi dos años con un CGPJ de mayoría conservadora que se pronunció en contra de algunos de sus proyectos bandera. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue vocal en aquel Consejo, al igual que el actual responsable del área de Justicia del PP, Enrique López.

Ambos son magistrados, admiten su buena relación desde hace años y mantienen contactos discretos desde hace tiempo para renovar el CGPJ, pero las tensiones entre la Moncloa y Génova no han permitido llegar a un acuerdo.

El PP se limita a recordar sus condiciones: que Podemos no participe en la negociación y que se despolitice el Consejo, descartando candidatos con trayectoria en la política. La elección de los nuevos vocales exige el respaldo de los tres quintos del Parlamento, con lo que es necesario el acuerdo de populares y socialistas.

Ante la imposibilidad del diálogo y para sortear esa mayoría cualificada, el PSOE y Podemos registraron en el Congreso una proposición de ley que plantea que la mayoría de los vocales (doce de los veinte, los de extracción judicial) sean elegidos por mayoría absoluta en una segunda votación.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofreció poco después dejar en suspenso la polémica propuesta para favorecer la negociación con el PP, pero ahí sigue y el grupo socialista ha avanzado que la llevará a debate el próximo 15 de diciembre si no hay acuerdo.

Su propuesta choca con las recomendaciones del Consejo de Europa, que apuesta por que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales sean jueces elegidos por los propios jueces, y también con las peticiones de las principales asociaciones profesionales de la carrera en España.

Esta semana han acudido al Congreso con las 20.000 firmas que avalan su Manifiesto ciudadanos por la independencia judicial, un llamamiento a reducir la intervención de los partidos en la elección del órgano de gobierno de los jueces.

Los actuales vocales, que cumplirán este 4 de diciembre siete años en el cargo, desean que la renovación se produzca a la mayor brevedad. Hace dos años estaban convencidos de que su mandato concluía. El PSOE y el PP habían cerrado un acuerdo para renovar a los veinte vocales e incluso habían pactado quien sustituiría al Carlos Lesmes en la presidencia: el magistrado del Supremo Manuel Marchena.

Pero el acuerdo saltó por los aires cuando Marchena renunció al puesto tras filtrarse un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendido su elección porque, decía, se podría controlar “por detrás” la sala segunda del alto tribunal y estaban en juego “centenares de nombramientos”.

Las conversaciones se interrumpieron, pero este año Campo y López las retomaron y en verano se comenzaba a vislumbrar las bases de un nuevo acuerdo que volvió a romper el PP. No se daban las circunstancias para pactar un nuevo CGPJ -ni otras instituciones en funciones, como el Defensor del Pueblo o los nombres de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional- mientras Podemos siguiera en el Gobierno.

El Partido Popular reitera sus condiciones: que Podemos no participe en la negociación y que se despolitice el Consejo