avarra asumirá el próximo 24 de mayo la gestión de la sanidad penitenciaria. Una competencia menor si se compara con el traspaso de las prisiones a la CAV, pero que tiene algunas implicaciones importantes. Es la primera competencia que Navarra recibe en 20 años, lo que supone un punto de inflexión tras dos décadas de progresiva recentralización de competencias bajo la legislación básica, paraguas bajo el que se ha desarrollado una LOAPA encubierta para laminar la capacidad de gasto de las comunidades autónomas. Y garantiza un servicio sanitario más barato y de mejor calidad en la cárcel de Pamplona.
A la sanidad penitenciaria le seguirá Tráfico y Seguridad Vial, cuyo traspaso fue anunciado hace casi tres años, y que se materializará en el segundo semestre de 2021. Una reclamación histórica que acumula varios retrasos y promesas en las últimas dos décadas, pero que el Gobierno foral considera ya "irreversible". Y que aunque habrá que implementar de forma progresiva en un proceso de varios años más, supondrá uno de los hitos más importantes de la legislatura.
Este nuevo proceso de transferencias deja sin embargo algunas lagunas. Sigue pendiente el Ingreso Mínimo Vital, que Navarra asumirá para acompasarlo a la Renta Garantizada cuando se definan los criterios financieros, que siguen sin de acuerdo. Y al menos otras ocho competencias más reconocidas en el Amejoramiento. Entre ellas el régimen económico de la Seguridad Social, la política penitenciaria o los centros de investigación científica y técnica. A las que habría que sumar la política laboral y las becas, ambas parcialmente reconocidas.
Pero su desarrollo no está ahora mismo entre las prioridades del Ejecutivo foral. No al menos en las del PSN, cómodo en su relación bilateral con el PSOE, y con quien prefiere evitar conflictos innecesarios. Especialmente en un contexto de tensión política como el actual, en el que cualquier gesto o avance hacia una visión más abierta y plural del Estado es calificado por la derecha como una traición a España. Así que en este ámbito no habrá fuego amigo.
La relación entre ambas administraciones es fluida. Gracias en gran medida a la labor de mediación del diputado y número tres del PSOE, Santos Cerdán, el Gobierno de Navarra ha logrado un canal de comunicación estable con el Ejecutivo de Sánchez, lo que le permite un contacto permanente de gran exposición pública con ministros y secretarios de Estado. Y que se ha traducido en algunas inversiones importantes en el Tren de Alta Velocidad o el Canal de Navarra. A cambio, Navarra ha sido un fiel aliado de La Moncloa en el complejo mapa interterritorial en un momento en el que la cogobernanza ha dado pie a un coro autonómico a veces incoherente.
Pero esa buena relación no siempre deja un saldo positivo para la Comunidad Foral, que ha visto cómo el reparto de las ayudas a los sectores más afectados por la crisis sanitaria se ha realizado con criterios que penalizan a Navarra. Y que deberá hacerse valer en un momento en el que se van rediseñar los principales motores económicos del Estado en medio de una dura pugna de intereses políticos, económicos y territoriales.
Sobre la mesa está el reparto de los fondos europeos. Navarra ha presentado algunos proyectos importantes, como el Ebro Food Valley, el Instituto de Industrialización de la Construcción o la Estrategia de Innovación Digital. Aspira además a contar con inversiones importantes que sirvan para modernizar la Administración y dar un impulso al sector industrial, que sueña con asumir en suelo propio la fábrica de baterías que promueve Volkswagen. Un proyecto que se disputan varios gobiernos autonómicos pero en el que Navarra quiere participar, aunque sea de forma indirecta para no quedar al margen de la transición hacia el coche eléctrico.
Este año, además, Navarra y el Estado deben actualizar su relación financiera dentro del Convenio Económico. Una tarea siempre difícil, pero que lo será más en un entorno complejo como la actual, en el que habrá que debatir sobre el coste de los intereses de la deuda del Estado y los efectos provocados por la pandemia en las cuentas públicas. Y cuyo resultado puede condicionar la capacidad presupuestaria de la Hacienda Foral.
Retos importantes que sin embargo van a quedar solapados por el gran dilema de fondo que vive España: su creciente desequilibrio territorial. La campaña electoral de Madrid es solo un ejemplo más de cómo la capital absorbe de forma cada vez más desacomplejada, no ya la atención mediática, también los recursos económicos que genera el Estado. Y que antes o después va a propiciar una respuesta del resto de territorios, condenados a una progresiva dependencia de Madrid si no se consolidan contrapesos efectivos.
Una realidad cada vez más evidente que ha provocado las primeras respuestas. El escaño en el Congreso de Teruel Existe ha abierto la puerta a la España vaciada, que trabaja en candidaturas similares en Soria, Jaén o León. Asociaciones vecinales se movilizan en Extremadura en defensa de su territorio, mientras que el eje Mediterráneo que lidera el presidente valenciano Ximo Puig avanza en un corredor económico alternativo de corte federal. Contrapesos políticos y territoriales en los que Navarra deberá buscar una posición propia desde la defensa de su autogobierno y de su régimen foral. Es el marco territorial que se abre a partir del 4 de mayo.
La gestión de la Sanidad Penitenciaria supone un punto de inflexión tras dos décadas de recentralización progresiva de competencias
