- El fin del estado de alarma ha dado paso a una aplicación de las medidas anticovid tan diversa como las 17 comunidades autónomas en que se divide el Estado español. Sin el paraguas legislativo que amparaba las políticas destinadas a frenar la expansión de la pandemia, resulta imposible encontrar una pauta común al mantenimiento o no de estas iniciativas: en algunas CCAA sigue en vigor el toque de queda y en otras no. Hay regiones en las que persisten los cierres perimetrales mientras que en el resto ya se ha impuesto la libertad de movimientos, y lo mismo sucede con el resto de medidas.
Cual reino de taifas, las contradicciones se multiplican, incluso dentro de una misma comunidad. A Pedro Sánchez le deben seguir pitando los oídos por el clamor en contra del fin del estado de alarma y la anarquía jurídica a la que ha dado lugar, pero el presidente español sigue firme en su decisión. "El estado de alarma es el pasado y hay que mirar al futuro, y se llama vacunación, vacunación y vacunación", ha afirmado.
Poco consuelo para dirigentes políticos como el lehendakari Iñigo Urkullu, que ha asegurado que "es difícil de entender y de explicar que ante medidas iguales los pronunciamientos judiciales han sido diametralmente opuestos". Una vez finiquitado el estado de alarma después de seis meses en vigor, corresponde a cada gobierno autonómico legislar para seguir haciendo frente a la covid-19. Pero solo en teoría: la última palabra la tienen los tribunales de justicia de cada comunidad, que están exhibiendo criterios totalmente dispares.
Así, mientras el toque de queda no persiste en Navarra, la CAV y Canarias, sigue en vigor en Valencia, Galicia y Baleares. Algo similar sucede con los cierres perimetrales, que fueron tumbados por los tribunales superiores del País Vasco y la Comunidad Foral; como se puede comprobar, dos de los más beligerantes a la hora de cercenar las iniciativas políticas. Por contra, se mantienen en Extremadura, Galicia y Andalucía.
La cosa no se queda ahí, y si el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbó el toque de queda, permitió en cambio actuar para impedir botellones, a los que se refirió como "agrupaciones de personas" que no tienen "un fin lícito". El auto de la sala de lo contencioso-administrativo del pasado día 7 obliga, por tanto, a mirar con lupa y a interpretar lo que se puede o no hacer de forma microscópica. En Navarra, en cambio, el TSJN denegó el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de María Chivite para evitar la proliferación de los botellones al considerar que esta medida "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad". La apelación a los "derechos funamentales" de los ciudadanos es una nota común de las resoluciones judiciales sobre esta materia.
La situación es aún más compleja, por ejemplo en Andalucía, donde el alto Tribunal permitió los cierres perimetrales ordenados por la Junta en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz) por el elevado nivel de contagios, pero no así en Montefrío (Granada), decisión que el gabinete presidido por Juanma Moreno recurrirá ante el Tribunal Supremo. Ayer trascendió que también propondrá un cambio legal para poder cerrar municipios con alta incidencia de coronavirus.
Más aún, contrariamente al criterio exhibido por el tribunal andaluz, la Fiscalía avaló el cierre en esos cuatro casos. El Ministerio Público tampoco está exento de su propia cuota de contradicciones, y tal y como avanzó ayer El País, al tiempo que avala los candados perimetrales de zonas concretas, como se ha visto en el caso andaluz, pone en cuestión los toques de queda. En la CAV, la Fiscalía se mostró a favor de tumbar el decreto del Gobierno Vasco que buscaba mantener la mayoría de medidas anticovid, posición que después ratificó el TSJPV. Una nueva vía de agua en el planteamiento de Sánchez.
