- Un grupo de europarlamentarios se trasladará al Estado español en noviembre con el objetivo de investigar los 379 asesinatos de ETA que aún continúan sin esclarecerse, una cifra que parte de un estudio realizado por Dignidad y Justicia que dio pie a la iniciativa impulsada en el Parlamento Europeo para llevar a cabo esta misión parlamentaria que tuvo que ser aplazada por la crisis sanitaria. Así se decidió en una reunión de los portavoces de los distintos grupos de la Eurocámara, aunque faltan por cerrarse las fechas.

La misión fue aprobada en enero de 2020 pero la pandemia obligó a retrasar la visita. El fin es que la delegación europarlamentaria pueda entrevistarse con víctimas y autoridades policiales y judiciales. Este asunto llegó a la comisión europarlamentaria por una queja del representante de la asociación Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias, que ya expuso la situación ante los eurodiputados en 2017 y 2018.

Tras decidirse en noviembre no archivar el caso y mantenerlo abierto, la Comisión de Peticiones aprobó esta investigación con los votos de PP, Ciudadanos y Vox mientras que PSOE, Podemos y los europarlamentarios nacionalistas la rechazaron. En 2017, el Parlamento Europeo ya recibió una petición de Dignidad y Justicia para implicarse en estos asesinatos sin resolver basándose en “el incumplimiento de España de su deber de llevar a cabo una investigación oficial, efectiva e independiente”, dado que hasta el momento no ha podido “enjuiciar a los responsables ni indemnizar a las familias de las víctimas” de los 379 asesinatos de la organización terrorista.

Pese a que la mayoría de delitos por homicidio o asesinato han prescrito para los autores materiales, desde la asociación explican que si la misión llega a buen puerto, será posible juzgar a las decenas de dirigentes que tuvo ETA a través de la vía de los crímenes de lesa humanidad.

Pese a todo, la representante de la Comisión Europea, Heike Buss, alegó que “la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en la gestión del sistema judicial de un Estado miembro”, dijo.