iversos autores, entre ellos el firmante de estas líneas en varios artículos publicados en revistas académicas disponibles en Internet, han hablado de la actitud de la derecha navarrista en relación con la ampliación del autogobierno de Navarra durante el periodo republicano. El apoyo del tradicionalismo al estatuto vasconavarro en su versión estellesa o en la de las Gestoras con las enmiendas de Estella, producto del afán de confrontar con el nuevo régimen y de la defensa radical del catolicismo más que de un auténtico ánimo de autogobierno, desapareció en gran parte cuando en diciembre de 1931 el PNV y el Gobierno republicano pactaron relanzar el proceso autonómico, en vía muerta desde unos meses antes, con arreglo al marco constitucional de la República recién aprobada y al decreto específico aprobado para ello por Prieto.

El rechazo de los representantes municipales navarros al marco estatutario común con Vascongadas en la Asamblea de Pamplona de 19 de junio de 1932 fue ocasionado sobre todo por la defección de muchos de los delegados carlistas que se unieron a sectores de la izquierda y había sido anticipado por el acuerdo negativo del Ayuntamiento de Pamplona suscitado por el retraimiento jaimista. Por su parte, la derecha conservadora, nucleada en torno a Diario de Navarra, casi siempre estuvo radicalmente en contra de las tres versiones debatidas de estatuto vasco-navarro, tal y como prueban la riada de artículos, oponiéndose al mismo con el despliegue de una batería de argumentos, de autores como Eladio Esparza, subdirector de aquel, Hilario Yaben, Pedro Uranga, etc.

Tras junio de 1932 no hubo ningún intento serio de ampliación del autogobierno de Navarra por medio de un Estatuto uniprovincial adecuado al marco republicano similar al que había elaborado la Comisión Gestora de la Diputación navarra por medio de una ponencia plural. El tradicionalismo se expresó en varias ocasiones por un Estatuto navarro que consiguiera una recuperación de las facultades perdidas con la Ley de 25 de Octubre de 1839, en especial en los momentos en que parecía que el Estatuto Vasco avanzaba en las Cortes, y personalidades significativas de aquel como Joaquín Beúnza defendieron que ese logro compensaba la heterodoxia doctrinal de subsunción de la aspiración reintegracionista en el marco normativo republicano, pero todo quedó en nada. Los sectores de opinión vertebrados en torno a Diario de Navarra rechazaron abiertamente esa posibilidad, abjurando de la vía estatutaria republicana, tal y como muestra la dura polémica mantenida entre Eladio Esparza y el propio Joaquín Beunza escondido bajo el seudónimo de Miguel Ramón desde finales de 1935 hasta junio de 1936. Además, a lo largo de esa polémica, y también desde años antes, Esparza deconstruiría el discurso reintegracionista y diseñaría el concepto de soberanía foral posteriormente asumido por el navarrismo foralcatólico, y tras 1978 por UPN, que alude a la superioridad y anterioridad del Fuero frente a los Estatutos de Autonomía derivados de marcos constitucionales y presenta el marco de 1841 como el único posible. Por otra parte, personalidades de la derecha conservadora expresaron otra postura: la de una defensa del status cuarentayunista por medio de su blindaje constitucional a través de una disposición adicional introducida en la revisión del texto constitucional de 1931.

Tras el golpe de Estado de julio de 1936 que se cobró la vida de más de tres mil navarros ejecutados en las cunetas por milicianos requetés y falangistas, Eladio Esparza (auténtico hombre fuerte en aquellos meses y años pues, a su trabajo como subdirector de Diario de Navarra, hay que añadir que fue delegado de Prensa del Requeté navarro en julio y agosto de 1936, secretario de la Junta Superior de Educación, secretario general de Prensa del Gobierno de Salamanca en mayo de 1937 y gobernador civil de Álava entre agosto de 1937 y septiembre de 1938) ideó poner en práctica una versión reduccionista de la Reintegración Foral por medio de la resurrección de diversas juntas que, bajo el manto de la Gestora de la Diputación Foral completamente derechista surgida de un proceso electoral indirecto de enero de 1935 con una treintena de ayuntamientos de izquierda o nacionalistas suspendidos, suponían la atribución unilateral de facultades competenciales sobre diversas materias.

De las tres Juntas surgidas a lo largo del verano de 1936 (la Junta Superior de Educación, la Junta de Reformas Sociales y de la Junta de Beneficencia) la única realmente operativa fue la primera. Constituida en su totalidad por miembros de la derecha conservadora y tradicionalista y por profesionales de la educación de las mismas ideologías y en la que desde el 15 de agosto el mismo Esparza figuraría como secretario de la misma, dicha Junta emprendería una radical recatolización de la enseñanza en Navarra y un castigo implacable a todos los maestros simpatizantes de la República.

Tampoco tuvo ninguna actividad apreciable la Comisión de Expertos sobre la Reintegración Foral creada el 19 de agosto de 1936 por la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, la entidad creada por el tradicionalismo para organizar la movilización y la limpieza política por el lado requeté. Para esa comisión fueron designados diversos tradicionalistas de los que los más cualificados eran Joaquín Beunza (entonces detenido en Gipuzkoa y que sería asesinado en septiembre), Luis Oroz Zabaleta (secretario de la Diputación) e Ignacio Sanz González (secretario municipal de Pamplona).

De forma sorprendente, uno de los miembros de esa Comisión, Ignacio Sanz González, propuso en el Consejo Foral Administrativo de 31 de mayo de 1937 una revisión del status político-institucional de Navarra que nadie había mencionado hasta que el firmante de este artículo la desveló en un artículo recientemente publicado en la revista Historia Constitucional.

Esa moción aludía al próximo final de la guerra y a la creación de la nueva España, recogiéndose declaraciones de Franco y de Mola sobre el acreditado españolismo de Navarra y sobre las virtudes del foralismo antiseparatista navarro. Y solicitaba que se acordara afrontar el estudio completo de la futura organización de Navarra en la Nueva España franquista “con la amplitud completa, tanto en el orden económico-administrativo, como en el civil, cultural, etcétera, para que con los asesoramientos oportunos” se realizara “un índice de estudios y normas que llevadas a la práctica sean reguladoras del nuevo vivir, que sin cambiar lo tradicional en Navarra, sepa ser adaptado a los nuevos modos de vivir dentro de la concepción totalitaria del Estado, que sabrá respetar modalidad tan peculiar como la navarra”.

A ello se adjuntaba, y esto es tremendamente interesante, un Índice de las Aspiraciones Autonómicas de Navarra que diferenciaba la reintegración foral plena, como aspiración máxima y con todas sus consecuencias, de la ampliación de facultades autonómicas, que se detallaban, dentro del marco entonces vigente derivado de una revisión del marco de 1841.

Como Aspiración Máxima se planteaba la “Reintegración foral plena mediante el restablecimiento del estado de derecho anterior a las Leyes de modificación de Fueros de 25 de Octubre de 1839 y 16 de Agosto de 1841, que serían derogadas”, añadiéndose que “para llevarla a efecto sería preciso la restauración de los organismos forales, y estos una vez constituidos, de acuerdo con el Gobierno, adaptarían a la época actual las relaciones de derecho con el Estado dentro de la unidad de la Nación Española”.

A su vez, en cuanto a la “ampliación de las Facultades Autonómicas de Navarra” se decía que “las facultades autonómicas que actualmente disfruta Navarra en virtud de su régimen foral privativo, podrían extenderse sin menoscabo de la soberanía del Estado”, a diversas materias en un programa de ampliación competencial del marco de 1841 en el plano administrativo con la inclusión de garantías de la foralidad en el ámbito jurisdiccional.

En la reunión del Consejo Foral Administrativo se resolvió encomendar la cuestión a una Comisión Permanente, pero el asunto no desembocaría en nada tras ser filtrado a Diario de Navarra que publicaría la moción el 2 de junio y el Índice de Aspiraciones Autonómicas el 25 de julio. El Pensamiento Navarro también reprodujo la moción, pero no el Índice. Una nota de la Diputación, fechada en 7 de agosto de 1937 revela que la misma se desentendía del asunto. Con posterioridad a ello no hay ninguna huella documental más.

El último acto sobre dicha iniciativa fue la entrevista que Diario de Navarra hizo el 11 de agosto de 1937 a Pedro Sainz Rodríguez, designado el 16 de julio anterior por Franco Jefe Nacional de FET y de las JONS, en la que, en relación con “las reivindicaciones de Navarra de las que se ha hablado estos días en algunos periódicos”, el entrevistado decía que no había sido “más que una tempestad en un vaso de agua nacida de una mala información. Ni por parte de la Diputación ni del pueblo navarro se ha formulado sobre este particular ni petición de ninguna clase”. Sainz Rodríguez atribuía el asunto a “la iniciativa de un señor” sin que hubiera participación del CFA y negaba que la misma encajara con la doctrina tradicionalista en la que “hablar de autonomía” “es cometer una herejía técnica de expresión”.

Tras desestimar o boicotear las posibilidades de ampliación del autogobierno que daba la República, los golpistas navarros se percataron así de que de ninguna manera el nuevo régimen iba a permitir cambios en el status de Navarra.

(Bera, 1962). Profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Premio Euskadi de Ensayo en Castellano 2016 por ‘Sin Piedad. Limpieza Política en Navarra 1936. Responsables, Colaboradores y Ejecutores’ (Pamiela, 2015).