Fernando de la Hucha (Madrid, 1959) participó en la segunda jornada sobre los 40 años de la Lorafna impulsado por el Parlamento de Navarra. De la Hucha habló de las relaciones con la Administración del Estado y el Convenio Económico. Respecto a la polémica de la nueva ley del Convenio, califica de “burrada” la “aprobación de gasto público por una comisión nombrada paritariamente por Madrid y por el Gobierno de Navarra donde el Parlamento no interviene salvo para decir sí o no cuando se produzca la votación. Suena mucho al siglo XIX”, critica.¿Qué balance hace de la Lorafna?

-En principio una valoración positiva en cuanto a su desarrollo, oscurecida sin embargo por algún aspecto, y es que todavía no se han desarrollado todas las competencias que ostenta Navarra, y por un vicio que puede ser un pecado original, que la Lorafna no se consultó en referéndum.

Temas que no parecen menores.

-No, y lo segundo no tiene solución. Lo primero sí, desarrollar todas las competencias al igual que sucede en el País Vasco. La no consulta sobre el modo de acceso de Navarra a la condición de Comunidad Foral ya no tiene remedio.

Para el historiador Álvaro Baraibar una eventual reforma requeriría una consulta. ¿La ve factible?

-No creo que se vaya a producir, pero sería deseable que fuera mediante consenso y mediante referéndum.

¿Cree que esa reforma sí puede llegar pero sin consulta?

-Según la Constitución no haría falta teóricamente referéndum, salvo en el supuesto de la Transitoria Cuarta, en el caso de incorporación al País Vasco. Pero en un supuesto normal de mejora del Amejoramiento no es necesario el referéndum. Sería conveniente, eso sí.

¿Un referéndum en 1982 hubiese dado un resultado sorprendente?

-No lo creo, teniendo en cuenta la estrategia parlamentaria de aquella época, pero por lo menos se hubiera consultado a la ciudadanía, cosa que sucedió en otros lugares de España.

Que tras cuarenta años haya transferencias pendientes, ¿corrobora una deslealtad en aquel pacto?

-Han pasado cuarenta años y esto está sin resolver todavía. Y son competencias en ningún modo de difícil traslación a la Comunidad Foral. Es decir, políticamente no son complicadas.

Ante el retraso de la transferencia de tráfico, se esgrime una complejidad técnica. Pero la demora causa cierta perplejidad o desconexión en la ciudadanía.

-Evidentemente, sobre todo porque desde que se anuncian hasta que se hacen efectivas pasan años. Y la competencia en materia de tráfico es paradigmática al respecto. Con independencia de las dificultades técnicas, yo creo que podía haberse realizado ya.

¿Cuál es entonces la razón de que en cuatro décadas no se haya acelerado el desarrollo de la Lorafna?

-Quizás pueda ser el recelo del Estado frente a lo foral. No solo al régimen navarro, sino también al del País Vasco, lo que haya hecho que se avance muy lentamente en el proceso de transferencias. Los Gobiernos de Madrid de cara a Navarra son prácticamente iguales. Estoy simplificando mucho, pero a Navarra se la mira como la hermana pequeña que tampoco protesta mucho si no le traspasan competencias, y por lo tanto las competencias quedan ahí, en el albero.

¿Ser una comunidad pequeña, demográfica y electoralmente reducida, ha condicionado este devenir?

-Yo creo que sí. Si la comparamos con el País Vasco, y la comparación es siempre evidente.

Donde también hay transferencias pendientes.

-Todavía quedan aproximadamente unas veinte o treinta. La última que se ha producido es la del Ingreso Mínimo Vital, donde se alegaban dificultades técnicas, se ha producido ya.

Navarra está a punto también de asumir su gestión.

-Sí, no creo que tenga gran dificultad técnica. Y ha pasado ya un año desde que se anunció.

Esa percepción sobre Navarra contrasta con un relato a veces grandilocuente de teórica defensa desde Madrid del régimen foral.

-Sí, una cosa es el discurso grandilocuente, como dice usted muy bien, que se establece desde Madrid, y otra cosa es la realidad de Navarra. Y con grandes discursos no se producen transferencias. Es decir, hay que trabajar día a día y poco a poco para lograr esas transferencias. Si las queremos, porque puede haber transferencias que no nos interesen por el coste económico. Pero desde Madrid parece que siempre son regalos, concesiones o cesiones a cambio de no se sabe qué contrapartidas, cuando en realidad es cumplimiento de la legislación del Estado lo que se está pidiendo. Que se cumpla la Lorafna en su integridad.

En plena polémica sobre la ley del Convenio que se va a aprobar, ¿cuál es su análisis?

-Dejando evidentemente a salvo la legítima discrepancia de cualquier partido político, hago dos consideraciones. La más obvia es que sería conveniente por el bien de Navarra que el acuerdo se adoptase por unanimidad. Que no hubiera ninguna fisura en ninguno de los partidos que tienen representación parlamentaria, porque cualquier fisura en el Convenio se va a transmitir como un signo de debilidad frente a Madrid. En segundo lugar, y esto no es contradictorio con lo anterior, pienso que el índice de imputación, que es el punto de discusión, tiene que aprobarse mediante ley, tanto por la Constitución como por la normativa navarra.

¿El Partido Socialista se tendría que haber movido de su posición?

-A mi juicio sí, porque creo que el apoyo de Navarra Suma lo iba a tender de todas formas. La cosa que se pide por parte de EH Bildu y de Geroa Bai es muy simple. Que el índice de imputación, en virtud del cual se determina lo que se paga a Madrid, lo fije el Parlamento foral de acuerdo con el Estado, no el Gobierno de Navarra o no la Comisión Coordinadora. En un estado democrático tiene pleno sentido. A mí no me vale que me pongan de ejemplo el decreto ley del 69 en pleno estado de excepción firmado por Franco, que era el antecedente, ni el Convenio de 1877, del siglo XIX. Y que se haya hecho porque se venía haciendo, que es otro argumento que se ha utilizado, pues si las cosas se vienen haciendo mal, que se rectifique.

Defiende que el gasto público en el Convenio “no puede permanecer al margen del Parlamento”.

-Hay que tener en cuenta que para lo que lo que para el estado es ingreso para Navarra es gasto, el tercero después de educación y sanidad. Son quinientos y pico millones. Por muy buena voluntad que tenga la comisión coordinadora, a mí no me tranquiliza lo más mínimo. Vamos siempre con datos del estado, y el Estado tiene un arsenal de funcionarios que defienden legítimamente los intereses que corresponden al Estado, que es evidentemente sacar el mayor dinero posible de la aportación económica.

Mirando a una posible reforma de la Lorafna. ¿Cuál debería ser el espíritu de los cambios?

-La necesidad de reformarla es que normalmente en general los servicios públicos se prestan mejor cuanto más cercana está la administración. Por tanto, más cercana está la administración navarra a los navarros que la administración del Estado. Esto se mantiene en todos los tratados de federalismo fiscal.

¿La Lorafna es un estatuto de autonomía singular? ¿El término ha diluido la importancia de esta ley orgánica?

-El Tribunal Constitucional ya señaló que es un estatuto de autonomía peculiar, creo que fue la expresión que utilizaba, pero efectivamente, por mantener un nombre diferenciador de los estatutos de autonomía, quizás ha calado menos en la sociedad el hecho que estamos en presencia de un estatuto de autonomía. Es decir, no es solamente una modernización de los fueros, sino también la asunción de competencias que corresponden a las comunidades autónomas de régimen común.

¿Qué consensos que deben existir en cuestiones de foralidad?

-El acuerdo de mínimos sería una defensa de esa foralidad en el sentido de que todo lo que afecte al desarrollo del Amejoramiento tenga que se r suscrito por todos los partidos políticos. En otras cuestiones puede haber discrepancias. Evidentemente cada uno puede tener su modelo de relación con el País Vasco.

“Con grandes discursos no se hacen transferencias, hay que trabajar día a día y poco a poco para lograrlas”

“Ante el Convenio, el Estado tiene un arsenal de funcionarios que defienden los intereses estatales”