Jordi Sànchez (Barcelona, 1964) apura sus últimas semanas como secretario general de Junts. Un partido que en su próximo Congreso de junio mudará de liderazgo, pues tampoco su president, Carles Puigdemont, se presentará a la reelección. Dice que su decisión no responde a fatiga o desencanto, sino al "imprescindible cierre de una etapa" y el inicio de otra "mucho más centrada en una acción institucional". Cuestiones internas aparte, (en el momento de la transcripción de esta entrevista, otra cara visible del partido, Elsa Artadi, ha anunciado que deja la política por motivos personales), Sànchez aborda el escándalo Pegasus, sin perder de vista "las decisiones europeas que seguro que van a impactar en la política catalana en los próximos dos o tres años de una manera enormemente relevante".

El PSOE votó en contra de la comisión de investigación sobre el espionaje. ¿Le sorprendió?

-Lamentablemente nada, creo que no apoyando esa comisión el PSOE y el Gobierno español pierden credibilidad en la voluntad de poner luz sobre el espionaje del que ellos mismos parece que han sido víctimas.

¿Estamos ante una cortina de humo o ante la demostración de un problema estructural muy profundo?

-Creo que hay un problema estructural de fondo, de ausencia de democracia de base, y la sensación de que el Estado profundo ha emergido de una manera imprevista para el propio Gobierno español. Se ha demostrado que hay mucha labor que hacer de limpieza de estructuras policiales y de los servicios de inteligencia. El Catalangate y el espionaje que está saliendo a la luz demuestra los muchos déficits de las estructuras del Estado, algunas de ellas con origen en los malos hábitos de la dictadura franquista, que la Transición no depuró correctamente.

Usted es uno de los espiados.

-Ya en 2015. Citizen Lab y Amnistía Internacional han constatado cuatro ataques con infección de mi teléfono móvil y 25 sin éxito. El primero en septiembre de 2015. Y el último en julio de 2020, cuando yo ya estaba saliendo de permiso del centro penitenciario después de la condena. Estas dos fechas demuestran la falsedad de lo que se ha dicho hasta ahora por parte de la ministra de Defensa, y la existencia de una tutela policial paralela a todo, y eso creo que dificulta mucho el argumento de que esos seguimientos eran legales.

Con derechos fundamentales vulnerados.

-Efectivamente, el primer intento se produjo siendo yo presidente de una entidad legal, Assemblea Nacional Catalana, que nunca había sido requerida por ningún juez, ni investigada por ninguna actividad supuestamente ilegal, y que tiene en su haber las movilizaciones más importantes que se produjeron en Europa en años.

En el marco de Robles, supongo, el independentismo ya era una amenaza para el Estado en 2015.

-Si eso es así, se está demostrando que lo que se persigue son las ideas, y esas actuaciones indiscriminadas de espionaje ponen de manifiesto que hubo una causa general que se sigue manteniendo contra el independentismo. Y unas investigaciones prospectivas que están prohibidas en cualquier Estado democrático de Derecho.

La posición de Junts, en función de cómo evolucione esta crisis, puede quedar reforzada para esgrimir un ya lo advertíamos. ¿Lo harán?

-No es un tema de posiciones de partidos. No lo vamos a utilizar y no lo hemos utilizado. No es una cuestión de yo ya lo dije. Le voy a decir algo que hasta ahora no hemos dicho, pero creo que puede ser relevante.

Cuente.

-En 2019 se supo de las primeras actuaciones de espionaje contra dirigentes políticos catalanes a través de Pegasus. A partir de esa fecha, decenas de personas fueron auditadas para ver si habían sido víctimas de ese espionaje. Empezamos a tener conocimiento por los análisis de que había otras personas espiadas. Eso se acrecenta a lo largo del 20 y del 21. Cuando Junts per Catalunya advierte que no hay voluntad honesta de diálogo por parte del Gobierno de España, que no se dan las condiciones objetivas para resolver el conflicto político a través de esa mesa de diálogo, y decimos que no vemos claro que podamos apoyar sin más al Gobierno, es porque ya sabemos que ese espionaje se estaba produciendo.

¿Y por qué no lo hicieron público?

-Porque el organismo que está auditando el ataque masivo contra el independentismo a través de Pegasus impone unos criterios para realizar su labor de peritaje y no aceptan calendarios políticos. Su labor de peritaje requiere mucho tiempo. Citizen Lab está al margen del debate político. De la misma manera que supongo que el Gobierno español sabía desde hace semanas o meses que algunos terminales de miembros del Ejecutivo, empezando por Pedro Sánchez, habían sido atacados. ¿Por qué lo hace público ahora? Pues no lo sé, pero es evidente que debía saberlo con mucha anterioridad, porque si no, lo que evidenciaría sería una falta de seguridad del propio Estado español hacia su propio Gobierno.

El Govern de Catalunya ha arrastrado problemas de vertebración entre Esquerra y Junts. ¿Esto puede recohesionarlo?

-Seguro que la evidencia de aquello que ya se intuía, al ser pública, puede facilitar algunas actuaciones conjuntas, y reforzar una unidad estratégica entre las formaciones independentistas, que no siempre ha existido. Pero lo relevante es que quizás hoy es más fácil que hace un tiempo comprender las dificultades objetivas para solucionar el conflicto político tal y como se había venido planteando. Y hoy la opinión pública conoce de una manera muy evidente aquello que hasta hace un mes conocíamos fundamentalmente algunos dirigentes de Esquerra Republicana y de Junts. Y cuando aquello que unos pocos conocen ya es de dominio público, probablemente ayuda a hacer y encarar mejor una estrategia, y esa es la esperanza que tenemos, una unidad de acción del conjunto de las fuerzas independentistas.

Ni Puigdemont optará a la presidencia de Junts, ni usted a la secretaría general. ¿Qué pasa para que el relevo se dé en ambos cargos?

-Hemos finalizado una etapa fundacional, muy intensa, dirigida por una persona, Carles Puigdemont, en el exilio. Y por otra que era yo, que empecé de secretario estando en prisión. Dos años después, y a pesar de todas las dificultades, incluidas los retos de la covid para un partido que nació en plena pandemia, hemos cerrado una primera etapa donde hemos conseguido unos muy buenos resultados, en términos de derechos electorales, para un partido de reciente creación. Somos tercera fuerza, a solo dos diputados de superar a Socialistas y a Esquerra Republicana.

Pero sobre la base del espacio anterior histórico deben escocer.

-Ninguna formación independentista dispone hoy de una mayoría hegemónica dentro de este espacio. Hay que trabajar para que la presencia del independentismo siga siendo mayoritaria y en clave de partido para que tengamos la mayor presencia. Decía buenos resultados porque todas las encuestas nos daban previsiones mucho peores que lo que obtuvimos.

En su caso, sorprende que recuperada la libertad, no quiera continuar. ¿Qué componente de índole humano hay en esta decisión?

-Seguro que existe un componente humano, pero también de encontrar una faceta en la que yo me he desarrollado siempre, que es más estratégica y analítica. Yo nunca había participado en un partido. Toda mi acción política había sido en movimientos sociales. Empecé a militar en un partido estando en prisión. Estos dos años los valoro muy positivamente. Estaré a disposición del nuevo secretario general y de quien ocupe la presidencia para ayudar a recomponer la fortaleza del independentismo y poder plantear con éxito aquello que en otoño de 2017 no supimos aprovechar las condiciones que nosotros mismos creamos, y ejercer de manera efectiva el derecho a la autodeterminación. Creo que la acción política en un partido es muy exigente en el día a día, te absorbe en las cuestiones cotidianas, y no deja el margen imprescindible para poder trazar con exactitud un horizonte estratégico. Eso es imprescindible y hoy Junts necesita sin duda esa orientación, y creo que puedo aportar desde esa nueva faceta.

Si la próxima legislatura se fragua una mayoría encabezada por el PP, ¿qué podría pasar para Catalunya y para la mayoría soberanista?

-Esa es una posibilidad que existe. Evidentemente, un Gobierno de derecha y de extrema derecha no nos hace felices, al contrario. Creemos que la obligación de cualquier demócrata es evitar que la extrema derecha acceda a las instituciones, y eso ocurre en la mayoría de los países europeos. Ahora bien, lo que ya no es de recibo es estar permanentemente agitando la bandera de que viene la derecha y la extrema derecha cuando se ha tenido la posibilidad de que un Gobierno progresista, con una mayoría en el Congreso que así lo permitía, haga políticas distintas y busque soluciones a problemas absolutamente enquistados. La manera más efectiva para evitar que la derecha y la extrema derecha accedan al Gobierno es transformar aquello que estas no han querido transformar. La pregunta es muy directa respondiendo a su pregunta: ¿Qué ha hecho el Gobierno español, por ejemplo, para evitar el espionaje masivo? ¿Qué ha hecho para garantizar que exista una vía seria de solución de un conflicto político con Catalunya? ¿O para solucionar temas tan importantes como la vivienda o la transición energética?