La mayoría progresista del Parlamento de Navarra (PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) ha reformado la Ley foral de Víctimas de Abusos Policiales y la norma ya cuenta con todas las garantías jurídicas y de aplicación para que empiece a funcionar.

La idea es, de hecho, que la Comisión que determinará quién es víctima pueda empezar a abordar casos y peticiones a la vuelta del verano. El único partido que ha votado en contra ha sido Navarra Suma.

La reforma corrige el texto anterior y garantiza tanto las indemnizaciones como la asistencia sanitaria. En su redacción inicial, se vinculaban las indemnizaciones a las cantidades que estuvieran reconocidas en el Estado. El problema es que la legislación estatal, que sí reconoce a las víctimas del terrorismo, no hace mención a este colectivo, por lo que había habido dificultades para su aplicación.

Ahora, Navarra indemnizará a las víctimas de la violencia policial y del Estado con las mismas cantidades que las víctimas del terrorismo. Serán 250.000 euros por fallecimiento, 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica, que correrá a cargo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

La encargada de defender la reforma ha sido Inma Jurío, del PSN. Ha recordado que el PSN trabajó en la ley de víctimas de la legislatura pasada y que posibilitaron su aprobación con la abstención, y ha enmarcado las críticas de Navarra Suma a esta ley dentro de la oposición frontal a todo lo que haga un Gobierno en el que no estén ellos.

Eso sí, criticó “las excusas de mal pagador” de la derecha. “Aquí no se puede venir representando a Navarra Suma y a decir que se reconoce y se solidariza con esas víctimas, pero luego votar en contra. Se tiene que hacer algo, pero yo no, yo me quito la responsabilidad, y creo que se tiene que hacer algo, pero yo no. Es lo mismo que han hecho con los abusos de la iglesia”, ha lanzado.

Por parte de Geroa Bai, Jabi Arakama ha recordado que el sentido de la ley es que en muchos casos “la vía judicial lleva a un punto muerto”. “La verdad judicial no es la única verdad. Si fuera así, Mikel Zabalza murió ahogado en el Bidasoa”, ha argumentado, para recordar otro aspecto importante contra la acusación de que esta ley puenteará a los tribunales (algo desmontado ya por el Constitucional, por otra parte): “En cuanto se abra un expediente judicial, se paralizará el expediente de la ley”. “Con las modificaciones que hoy aprobamos vamos a dar un paso adelante en reconocimiento y reparación, y construcción de una memoria crítica”, ha cerrado.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha celebrado que “esta modificación va a permitir que se pueda aplicar con todos sus efectos, con toda seguridad jurídica y garantizando la igualdad de trato”. “Ya era hora”, ha considerado, antes de recordar que “hay una desigualdad evidente en la garantía de los derechos de víctimas diferentes”.

Desde Podemos, Mikel Buil ha hecho una breve intervención en la que ha dicho que leyes como estas tienen sentido porque no ha existido justicia, que es “lo que esta Cámara y la sociedad quieren”. Y Marisa de Simón, de I-E, ha celebrado los cambios.

Por último, el único grupo en intervenir en contra ha sido Navarra Suma. Su portavoz, Iñaki Iriarte, ha posicionado a su grupo en contra por considerar que esta reforma establece dos baremos diferentes para considerar víctimas.

Iriarte, que en comisión pidió perdón por la falta de sensibilidad con víctimas de abusos, ha leído varios artículos con los que ha tratado de señalar deficiencias en torno a las garantías. Y ha concluido con su posicionamiento: esta es una ley sobre relato “y lo que hace falta es engrosar la lista de víctimas para vender que hubo dos partes en conflicto, pero esto nunca ha sido así”.