La exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra, afronta su declaración en el juzgado por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada y por los que él está condenado a cinco años de prisión "bien, tranquila y serena".

Oltra ha llegado este lunes sobre las 9 horas a los juzgados a declarar, en calidad de investigada, en la causa que se sigue contra ella y otros 13 investigados, altos cargos que trabajan en el departamento que ella dirigía, por la gestión del caso de los abusos a la menor.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, entre aplausos y acompañada de sus letrados, ha atendido a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta para afirmar que afronta su declaración "bien, tranquila y serena". En el edificio judicial la esperaban, entre otros, el diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve, la concejala de Compromís Pilar Soriano y el concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi.

La citación, que se dio a conocer en julio, se produce después de que el procedimiento haya regresado al Juzgado de Instrucción 15 de València, órgano que originó la investigación, tras la pérdida de aforamiento de Oltra. Inicialmente, en el transcurso de la instrucción, centrada sobre los altos cargos y técnicos, el juez detectó indicios de delito "racionales, serios y fundados" contra la propia Oltra, que en ese momento era aforada, con lo que se tuvo que inhibir en favor del TSJCV, órgano competente para investigar estos procedimientos.

El alto tribunal, tras estudiar el asunto, decidió imputar a Oltra y la citó a declarar en julio al apreciar "una serie de indicios plurales" que hacían sospechar la posible existencia de un concierto entre la exvicepresidenta y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada".

Oltra ya no es aforada tras su renuncia

Sin embargo, días después la exvicepresidenta decidió renunciar a todos sus cargos públicos, incluida el acta de diputada, con lo que perdió el aforamiento. De esta manera, la causa regresó al juzgado original, que la ha citado a declarar este lunes.

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de entonces 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Está pendiente el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.

Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial que ha derivado con la imputación de Oltra.

La exvicepresidenta anunció en una rueda de prensa el 21 de junio que dejaba todos sus cargos porque, según dijo entonces, no quería que se pararan las políticas del Gobierno del Botànic a raíz de un caso que "pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país", expuso. "Me voy con la cara bien alta sabiendo la infamia que esto, pero también con los dientes apretados, bien apretados", declaró.   

Las preguntas del juez

El juez instructor del procedimiento estimaba en su escrito al TSJCV que hay indicios "racionales, serios y fundados" de la participación de Oltra en los hechos investigados ya que, a su juicio, "nos hallamos ante un expediente administrativo o una 'información reservada' indiciariamente ordenada por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado".

El juez cuestionaba en primer lugar que desde el principio se haya intentado restar credibilidad a la menor, desamparada y tutelada por la Generalitat; y que las psicólogas no abordaran con ella el tema de los abusos --no fue preguntada por el tema directamente--. También ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, que la Conselleria decidiera, "inexplicablemente", no derivar a la niña al Servicio de Atención Psicológica especializado para valorar a víctimas de abusos sexuales y que se hiciera constar en un informe que la niña recurría a la mentira con frecuencia.

Con este "nulo bagaje", proseguía el juez, a efectos de investigación, se dio por cerrado el tema y se repuso al educador a su puesto de trabajo. Y solo después de cerrada "la investigación" se le pidió su versión de los hechos. El instructor se preguntaba también por qué ni siquiera se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor. "Las preguntas se formulan a nivel meramente retórico y revelan una gestión por los profesionales que se califica por sí sola", apostilla.  

Investigación "superficial"

Por su parte, la fiscal que estudió el asunto en el TSJCV coincidió con el instructor en que se hizo una investigación "superficial", interna, en la que se percibía indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos.

"A la luz de las actuaciones podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc, se equivocó, pero ¿todos?; ¿todos se equivocaron?. Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos --autoridades, funcionarios y personas intervinientes-- de disminuir la importancia y ocultar los abusos", indicaba en su escrito la fiscal superior del TSJCV.   

Compromís lo considera una maniobra de la extrema derecha

Frente a ello, Compromís, el partido de Oltra, ha subrayado el "acoso de libro" que, a su juicio, ha perpetrado la extrema derecha contra la exvicepresidenta, y ha sostenido que "muchas veces en la vida cuando pasa el tiempo, la verdad se va poniendo en su sitio". La acusación particular en el procedimiento está ejercida, entre otros, por el líder de España 2000, José Luis Roberto, y la exdirigente de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí.