Los negociadores del CGPJ concluyen sin acuerdo su tercera reunión sobre los nombramientos al TC
El bloque conservador emplaza al Tribunal Constitucional a dictar sentencia para aliviar la "precaria situación" del Supremo
Los negociadores de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han concluido este miércoles sin acuerdo la que es ya su tercera reunión para intentar pactar los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que les compete nombrar, lo que supone dar un nuevo salto en el calendario que podría precipitar la eventual dimisión del presidente del Consejo y el Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes.
De acuerdo con el comunicado emitido por el sector conservador, representado en estas negociaciones por los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, la reunión ha transcurrido "con total cordialidad y con plena coincidencia de los asistentes en la necesidad de lograr amplias mayorías", pero hasta ahí las coincidencias.
Los conservadores han insistido en que, a pesar de que los progresistas ya pusieron sobre la mesa una lista de nueve candidatos, la "intensa búsqueda" de aspirantes entre magistrados del TS que han hecho ellos por su cuenta "ha resultado infructuosa" hasta en tres ocasiones.
"Nuestros interlocutores nos han hecho llegar que todavía no han elegido un candidato entre los nueve inicialmente propuestos. Pero han puntualizado que ya han quedo reducidos a tres. No obstante, previa deliberación interna, estarían en condiciones de determinar el candidato único", han añadido.
Además, el ala conservadora ha transmitido a sus colegas progresistas que la visita del Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, "es tan reciente que hay que dar tiempo para que rinda, sin duda, los efectos que todos esperamos".
Por último, han comunicado que, entre los temas abordados, se ha vuelto a alertar de "la agravación de la precaria situación del Tribunal Supremo, de no mediar antes sentencia del Tribunal Constitucional", que tiene pendiente resolver un recurso de Vox y PP contra la reforma impulsada por el Gobierno que prohíbe realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial a un CGPJ en funciones como el actual.
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