El Foro Social Permanente ha mostrado este sábado su satisfacción por los "avances" que se han producido en la agenda de trabajo que se marcó con tres ejes: "víctimas, presos y memoria", y que, según ha constatado, en la actualidad comparten agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales.

Estas son las conclusiones de la Asamblea General que el Foro Social ha celebrado en el Ayuntamiento alavés de Agurain/Salvatierra, para hacer un balance "de la última etapa del proceso de construcción de paz en Euskal Herria", desde 2018 hasta la actualidad. En ella han participado, por vía telemática o presencial, las 16 entidades que conforman el Foro Social.

En un comunicado, ha informado de que ha constatado "avances significativos en la agenda compartida por agentes sociales, políticos e institucionales". En este sentido, ha explicado que en junio de 2018,  tras la disolución de ETA, el Foro Social Permanente desarrolló un proceso interno de debate, "cuya conclusión fue que a la construcción de paz le quedaban aún tareas pendientes y nudos por desatar".

De esta forma, se definieron "tres ejes de trabajo: víctimas, presos y memoria". En este sentido, se pretendía defender "el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". Para ello, se planteó "acabar con la discriminación que todavía persiste en el trato a las diferentes víctimas y superar la actual utilización reduccionista del concepto de 'nuestras' víctimas para pasar a que sean consideradas 'de todas y todos', de toda la sociedad".

Otro de sus objetivos era "la desactivación de la aún vigente política de excepcionalidad penitenciaria y la aplicación de una política normalizada a las personas presas, mediante las medidas contempladas en la legislación ordinaria", además de "impulsar desde los espacios sociales la construcción de una memoria crítica inclusiva, que respete todos los relatos y que permita superar la todavía existente batalla del relato entre los partidos políticos".

Por ello, la Asamblea "se ha congratulado de que estas tres cuestiones se hayan convertido en una agenda compartida de los agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales que obran por la resolución de las consecuencias del conflicto de violencias y por la convivencia democrática".