Pamplona se queda sin el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas por un tiempo.
El ultimátum lanzado la semana pasada por la empresa concesionaria, Ride On, que amenazó con suspender la actividad a partir de las 00.00 horas de este viernes por problemas de financiación, se ha hecho efectivo pese a la oferta planteada por el Ayuntamiento de Pamplona para tratar de mantener la operatividad mientras prepara una nueva adjudicación.
Los contactos que se han sucedido desde este lunes, cuando el concejal Joxe Abaurrea anunció la propuesta a Ride On, no han evitado el cierre del servicio de bicis eléctricas, muy demandado y cuyo deterioro ha sido evidente en las últimas semanas.
Aunque existe cierto margen para alcanzar un acuerdo que facilite la transición hacia el sistema que se quiere introducir, que tendrá ámbito comarcal, no parece sencillo mantener el sistema operativo, según fuentes autorizadas del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria consultadas por Diario de Noticias.
En este escenario, con la suspensión en vigor desde este viernes, la vía que maneja el equipo de Gobierno pasa por poner en marcha la solicitud de un concurso de acreedores que debería resolver un tribunal mercantil y activar cuanto antes el nuevo servicio de alquiler de bicis.
No será antes de septiembre, ya que la licitación del nuevo contrato, que ya está en fase de redacción, se lanzará a principios de marzo. La previsión es que se resuelva antes de San Fermín y que pueda empezar a implementarse en septiembre, con el objetivo de que esté plenamente operativo en diciembre.
Otro aspecto importante es saber qué va a ocurrir con el dinero adelantado por los usuarios del servicio.
El Consistorio ha diseñado dos sistemas para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos o wallets de Ride On pierda su dinero. Se ofrecería la oportunidad de ceder la deuda a favor del Ayuntamiento (que posteriormente reclamaría a la empresa) a cambio del reintegro del dinero, o cambiar ese dinero por abonos para el nuevo servicio. El Consistorio calcula que la cifra total de estos fondos podría rondar los 300.000 euros.
Comunicado de Ride On
El cierre del servicio se anunció el viernes pasado a través de un comunicado remitido por la empresa. Ride On resaltó que “los problemas actuales en el funcionamiento del sistema no obedecen a deficiencias técnicas, sino a los incumplimientos de las obligaciones adquiridas por el Ayuntamiento, principalmente en lo relativo a la financiación comprometida”.
En este sentido, la empresa aseguró que “siguen reteniéndose todos los pagos debidos a esta empresa desde el mes de septiembre de 2025, situación que resulta insostenible” y que, al no haberse realizado dichos pagos, “el sistema no puede seguir funcionando y lamentablemente se paralizará el viernes 13”.
El alcalde Joseba Asiron ha hecho referencia a este asunto en una comparecencia este viernes por la mañana, en la que ha reconocido que la concesión del servicio de bicicletas eléctricas “planteó problemas desde su inicio”.
Si bien no ha querido entrar en detalles sobre la negociación con Ride On, sí ha afirmado que “es una oferta más allá de la cual el Ayuntamiento no puede ir” y que, en el caso de que el servicio se interrumpiera, “tendríamos que acudir a los tribunales para solicitar un concurso de acreedores”.
Futura operadora: 1 millón anual
Mientras se resuelve el expediente de Ride On, el equipo de Gobierno trabaja en un contrato para la prestación de un servicio público por un periodo de 10 años y con un coste anual que podría rondar el millón de euros.
La futura operadora aportará al contrato todos los elementos necesarios para mantener la dimensión del servicio que actualmente tiene Pamplona (estaciones, bicicletas, talleres, etc.), así como capacidad para asumir el incremento de elementos que se soliciten por parte del resto de ayuntamientos de la Comarca de Pamplona para ampliar el sistema. Este incremento está actualmente estimado en 10 nuevas estaciones y 100 bicicletas, pero podrá llegar hasta 30 nuevas estaciones y 300 bicicletas.
Antes del actual ultimátum, el servicio de bicicletas ya había sufrido varias incidencias desde su puesta en marcha en diciembre de 2021. Según consta en la documentación, el 11 de mayo de 2023 la adjudicataria ya solicitó al Ayuntamiento de Pamplona la primera modificación del contrato por falta de liquidez.
Las causas argumentadas fueron fundamentalmente dos: que las tarifas impuestas por la anterior administración no cubrían el mínimo de viabilidad comercial (se acordaron en diciembre de 2021) y que el modelo de negocio que debía compensar esa viabilidad (publicidad exterior en soportes MUPI) se vio seriamente comprometido en enero de 2023 con una segunda licitación que fue a parar a manos de su competencia directa.
Ante esta circunstancia, el anterior gobierno municipal aceptó una modificación de tarifas al alza, pese a lo cual la empresa, con fecha 1 de junio de 2023, presentó una solicitud de reequilibrio económico por valor de 426.948 euros (volvería a solicitarlo varias veces). Esa debilidad financiera ha acompañado a este servicio desde el principio, aunque a lo largo de 2024 pudo sostenerse gracias a los pagos derivados de los fondos europeos Next Generation.
Primer ultimátum
Hace algo menos de un año sucedió lo mismo, con un ultimátum de Ride On que terminó en un acuerdo que a la vista de lo sucedido después no ha dado el resultado previsto. Se sustentaba en dos pilares: la liquidación de la concesión original (que, al ser a riesgo y ventura, implicaba que la empresa debía asumir el 100% de las posibles pérdidas) y una orden de continuidad del servicio por razones de interés público. Esta fórmula implicaba que la empresa, hasta el final de la concesión (2029) o hasta una nueva licitación, estaba obligada a seguir prestando el servicio con todas las garantías de calidad a cambio de que el Ayuntamiento compensase las posibles pérdidas, previa auditoría por parte del área de Hacienda. Esas compensaciones debían ir destinadas a sufragar deuda. A cuenta de esto, el Ayuntamiento ya realizó un adelanto de 200.000 euros aún pendiente de amortizar.
El acuerdo contemplaba una segunda parte: la compra por parte del Ayuntamiento de todo el stock de la empresa para disponer de él para el proceso de comarcalización. El presupuesto de esta operación se fijó en un máximo de 700.000 euros y en ella se incluía la compra de la totalidad de las bicicletas en stock (400), así como la totalidad de las bases (42). Eso sí, el acuerdo implicaba que, a su entrega, todos estos elementos, así como los recambios, tenían que estar en condiciones óptimas. Es esto sobre lo que ahora se tienen serias dudas. Personal técnico municipal ha dictaminado que buena parte de esos elementos no está en condiciones y la empresa lo niega.
