Nuevo servicio de bicicletas eléctricas: a pleno rendimiento en diciembre e incluirá la comarcalización

La razón que justifica la decisión de licitar un nuevo contrato es doble. Por un lado, la constatación de que la situación financiera de la empresa operadora es inestable pese a los adelantos de capital realizados por el Ayuntamiento (200.000 euros de los que no se ha justificado aún el gasto de más de la mitad) y, por otro lado, las dudas mostradas por los servicios técnicos municipales acerca de los materiales que conforman el stock para la comarcalización.

Pese a todo y con el fin prioritario de realizar una transición ordenada del actual servicio al nuevo, el Ayuntamiento ha hecho llegar a Ride On una propuesta de acuerdo que se resume en tres puntos: pagos mensuales para garantizar el funcionamiento de un sistema de calidad (hasta 60.000 euros), auditoría externa especializada para evaluar el estado del stock y control compartido de las cuentas y de la deuda del servicio. “Es una cuestión de responsabilidad institucional; estamos obligados a ofrecer a la ciudadanía el mejor de los servicios y ahora no lo estábamos logrando; debemos gestionar de forma eficiente los fondos públicos y por eso hemos de asegurar la compra de material de calidad y tenemos que cumplir el objetivo que nos habíamos marcado con la comarcalización”, ha señalado Abaurrea.

El nuevo servicio: 10 años y carácter comarcal

La licitación, que ya está en fase de redacción, se lanzará a principios de marzo, se resolverá antes de San Fermín, podría empezar a implementarse en septiembre y deberá estar plenamente operativa en diciembre. Se trabaja sobre un contrato para la prestación de un servicio público por un periodo de 10 años y con un coste anual que podría rondar el millón de euros.

La futura operadora aportará al contrato todos los elementos necesarios para mantener la dimensión del servicio que actualmente tiene Pamplona (estaciones, bicicletas, talleres, etc.), así como capacidad para asumir el incremento de elementos que se soliciten por parte del resto de ayuntamientos de la Comarca de Pamplona para ampliar el sistema. Este incremento está actualmente estimado en 10 nuevas estaciones y 100 bicicletas, pero podrá llegar hasta 30 nuevas estaciones y 300 bicicletas.

En el pliego, se valorarán tres parámetros fundamentales: el diseño de las bicicletas (robustez, seguridad y facilidad de manejo); la oferta de logística con especial atención a la redistribución de la flota en un sistema comarcal y la disponibilidad rápida de materiales de recambio para garantizar la calidad del servicio.

En cuanto al proceso de comarcalización, el pliego que ultima el Ayuntamiento prevé habilitar dos fases. La primera será el reconocimiento de la capacidad del Ayuntamiento de Pamplona para firmar acuerdos bilaterales con otros ayuntamientos para extender el servicio a esos municipios. La nueva adjudicataria tendrá que garantizar capacidad para suministrar, además de las estaciones solicitadas en el pliego, al menos, otras 20 bases y otras 200 bicicletas. La segunda fase contemplará la posibilidad de que el servicio lo asuma directamente la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el momento en que el servicio esté desplegado, a pleno rendimiento y esta entidad disponga de personal y conocimiento técnico para ello.

Con el fin de minimizar el periodo de transición y las afecciones a las personas usuarias, el pliego también premiará la implantación paulatina del nuevo servicio de forma que no se interrumpa la prestación del mismo a la ciudadanía.

Propuesta para una transición ordenada, posibilidad de desacuerdo y respaldo de la UE

Tras constatar que para que la ciudad tenga un sistema de bicicleta eléctrica de garantías lo mejor es ir a una nueva licitación, el Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado ya a trabajar en el periodo de transición. El objetivo fundamental será mantener el servicio actual con un mínimo de calidad. Para ello, el Ayuntamiento ha trasladado una propuesta a Ride On Pamplona de varios puntos; en primer lugar y sobre la fórmula jurídica, se habla de mantener la orden de continuidad del servicio que se dictó tras el acuerdo de abril; en segundo lugar y sobre la viabilidad económica, el Ayuntamiento ofrece realizar un ‘pago a justificar’ por importe de 60.000 euros mensuales para que la adjudicataria pueda hacer frente a los gastos directamente imputables al servicio (plantilla, alquiler de naves, equipos y servicios informáticos); en tercer lugar y respecto a la mecánica de funcionamiento, se propone realizar cada mes la justificación de los gastos correspondientes al mes anterior y realizar posteriormente un abono por el importe restante hasta la cantidad de 60.000 euros, de manera que la empresa siempre cuente con una liquidez mensual por dicha cantidad. Como contraprestación, el Ayuntamiento plantea dos requisitos: que Ride On se comprometa a mantener el servicio en las condiciones mínimas de calidad establecidas por el Consistorio hasta el 31 diciembre “o plazo en el que el servicio sea adjudicado mediante contrato”, y que se autorice a una persona que designe el Ayuntamiento a tener acceso a las cuentas de la empresa para poder verificar en cualquier momento su estado.

“Esperemos que a través de esta fórmula lleguemos a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y que redunde en beneficio de la ciudadanía, esa es nuestra prioridad, pero también barajamos otros escenarios”, ha explicado Joxe Abaurrea. El otro escenario posible sería no lograr un acuerdo. En ese caso el Ayuntamiento de Pamplona, como uno de los principales acreedores de la empresa, pondría en marcha la reclamación de un concurso de acreedores que debería sustanciar un tribunal mercantil. En este caso, el Ayuntamiento trataría de mantener el servicio en los términos referidos negociando, directamente, con el administrador concursal.

En ese escenario cabría la posibilidad de que se interrumpiera el servicio durante un tiempo, pero el Consistorio ya ha diseñado dos sistemas para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos o wallets de Ride On pierda su dinero. Se ofrecería la oportunidad de ceder la deuda a favor del Ayuntamiento (que posteriormente reclamaría a la empresa) a cambio del reintegro del dinero, o cambiar ese dinero por abonos para el nuevo servicio. El Consistorio calcula que la cifra total de estos fondos podría rondar los 300.000 euros.

Para preparar estos escenarios el Ayuntamiento ha llevado a cabo ya con éxito otra gestión clave: la consulta con la Unión Europea sobre las implicaciones que una nueva licitación pudiera tener para la subvención de 1,03 millones en fondos Next Generation UE que recibió Pamplona en 2023 para el sistema de bicicleta eléctrica. La respuesta ha sido clara: siempre y cuando se justifique el cambio, se garantice que se va a poner en marcha un nuevo servicio y se mantenga la prestación para la que fue concedida la subvención, no habrá causa de reintegro de esos fondos. “Es más, la propia Unión Europea, en su respuesta, urge a acelerar la nueva licitación”, ha comentado Joxe Abaurrea.

Una empresa con problemas de liquidez y dudas sobre el estado del stock

Antes del actual ultimátum (Ride On ha anunciado un cierre unilateral para el próximo viernes), el servicio de bicicletas ya había sufrido varias incidencias desde su puesta en marcha en diciembre de 2021. Según consta en la documentación, el 11 de mayo de 2023 la adjudicataria ya solicitó al Ayuntamiento de Pamplona la primera modificación del contrato por falta de liquidez. Las causas argumentadas fueron fundamentalmente dos: que las tarifas impuestas por la anterior administración no cubrían el mínimo de viabilidad comercial (se acordaron en diciembre de 2021) y que el modelo de negocio que debía compensar esa viabilidad (publicidad exterior en soportes MUPI) se vio seriamente comprometido en enero de 2023 con una segunda licitación que fue a parar a manos de su competencia directa.

Ante esta circunstancia, el anterior gobierno municipal aceptó una modificación de tarifas al alza, pese a lo cual la empresa, con fecha 1 de junio de 2023 presentó una solicitud de reequilibrio económico por valor de 426.948 euros (volvería a solicitarlo varias veces). Esa debilidad financiera ha acompañado a este servicio desde el principio, aunque a lo largo de 2024 pudo sostenerse gracias a los pagos derivados de los fondos europeos Next Generation.

En abril de 2025 la empresa anunció, como ahora, el cierre del servicio por falta de liquidez. Ante esta situación, el Ayuntamiento negoció un acuerdo sustentado en dos pilares: la liquidación de la concesión original (que al ser a riesgo y ventura implicaba que la empresa debía asumir el 100% de las posibles pérdidas) y una orden de continuidad del servicio por razones de interés público. Esta fórmula implicaba que la empresa, hasta el final de la concesión (2029) o hasta una nueva licitación, estaba obligada a seguir prestando el servicio con todas las garantías de calidad a cambio de que el Ayuntamiento compensase las posibles pérdidas previa auditoría por parte del área de Hacienda. Esas compensaciones debían ir destinadas a sufragar deuda. A cuenta de esto, el Ayuntamiento ya realizó un adelanto de 200.000 euros aún pendiente de amortizar.

El acuerdo contemplaba una segunda parte, la compra por parte del Ayuntamiento de todo el stock de la empresa para disponer de él para el proceso de comarcalización. El presupuesto de esta operación se fijó en un máximo de 700.000 euros y en ella se incluía la compra de la totalidad de las bicicletas en stock (400) así como la totalidad de las bases (42). Eso sí, el acuerdo implicaba que, a su entrega, todos estos elementos, así como los recambios, tenían que estar en condiciones óptimas. Es esto sobre lo que ahora se tienen serias dudas. Personal técnico municipal ha dictaminado que buena parte de esos elementos no está en condiciones y la empresa lo niega. El Ayuntamiento ofrece ahora que sea un tercero independiente, una empresa especializada, quien dilucide la cuestión.