Jorge del Cura (Roa, Burgos, 1956) lleva más de 45 años trabajando en el ámbito antirrepresivo. En la Asociación contra la Tortura llegó a presidente, hasta que “una denuncia de un sindicato policial ante la Agencia de Protección de Datos nos cerró la web, nos puso una multa y acabó con la asociación”. Después, en 2004 , una suma de colectivos formaron la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.
¿Por qué esa vocación por la causa?
–La violencia siempre me ha producido un rechazo visceral. La ejecución por garrote vil a Salvador Puig Antich en Barcelona en 1974 me pareció increíble y me produjo un shock fuerte. Los fusilamientos de septiembre de 1975 me obligaron a hacer algo, y lo que acabó de marcarme fueron los motines de la COPEL.
Habló del impacto de la tortura, en Navarra, la CAV y el Estado.
–La tortura se ha practicado en el Estado español, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa, dependiendo de la época, de forma generalizada o más que esporádica. Se sigue practicando en el Estado español, los datos y denuncias están ahí. La Coordinadora, en los 14 años que existió, constató más de 9.000 casos de torturas y malos tratos, un número muy importante en la CAV y en Nafarroa.
Denunció falta de respuestas.
–Tanto institucional, por negar la mayor, o la de los sindicatos policiales y funcionarios de prisiones, por hacer lo posible por impedir que se investigue. A pesar de ello, las instituciones han reconocido la práctica de la tortura con informes muy contundentes. Por ejemplo la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Mecanismo nacional de Prevención de la Tortura, reconociendo la existencia de numerosísimas denuncias y muchas condenas. Hoy las agresiones no son tan bestiales, hay más tortura psicológica, la física también se da, pero menos. Pero la respuesta social en el Estado y a nivel internacional, ha retrocedido un montón. El apoyo es muy amplio. En los últimos 20 años en el mundo, el número de personas que la considera aceptable y conveniente para casos muy concretos aumenta. En las generaciones más jóvenes el apoyo a la tortura y a la pena de muerte.
¿Cómo ve al Ministerio del Interior?
–Creo que dan por hecho que la tortura se va a practicar y salvo casos muy excepcionales procuran mirar para otro lado. Prima la defensa del principio de autoridad frente al de derechos humanos y de dignidad de las personas. Pasa con funcionarios de prisiones, en todos los cuerpos policiales, en el Ministerio, en los gobiernos autonómicos y locales con sus respectivas policías. La mayor parte de denuncias atañen a policías municipales y muchas sentencias también les afectan. También, por desgracia, se hace una política de apoyo, defendiendo la profesionalidad de los funcionarios, incluso aunque haya sentencias condenatorias. Y concediendo premios, condecoraciones o ascensos a personas condenadas.
¿Cómo se puede prevenir?
–Medidas como colocar cámaras son importantes pero insuficientes, mientras que los funcionarios de policía, fundamentalmente, no incorporen de verdad las convenciones contra la tortura. Si bien la mayoría no participa directamente en las agresiones ni todos los detenidos son agredidos. Hay dos problemas fundamentales, la Fiscalía General del Estado y la de cada provincia son totalmente pasivas, y también la actuación de los jueces. Evidentemente no quieren investigar. De hecho ahí tenemos las sentencias de Estrasburgo. Pero también el Constitucional ha hablado al respecto. Además, el problema fundamental y básico es de educación y formación. Como en cualquier cuestión, el primer paso para ponerle solución es reconocerlo.
