El Senado aprobó ayer de forma definitiva la reforma del Código Penal que deroga la sedición y rebaja las penas para la malversación en un Pleno que se celebró bajo una densa nube negra, provocada por la decisión del Tribunal Constitucional de impedir el debate y votación de las enmiendas que buscaban reformar el sistema de elección de los dos miembros del propio tribunal de garantías que deben ser nombrados por el CGPJ. Ello imposibilitó “el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado”, manifestó el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, al llamar a votar, mientras la bancada del PSOE y sus socios aplaudían puestos en pie.
El debate de más de cuatro horas se caracterizó por los reproches mutuos entre el PP, que acusó a Pedro Sánchez de modificar el Código Penal “para legitimar el procés”, y el PSOE, que denunció que incidir en el bloqueo del Poder Judicial supone incumplir la Constitución. El enfrentamiento entre ambos partidos, salpicado por las intervenciones del resto de grupos, incluyó performances como el llamamiento del PP a los senadores socialistas que no fueran sanchistas para que salieran del Hemiciclo durante la votación. Desde el PSOE se insistió en que los populares buscan “tener amarrados a los tribunales y que les ayuden en sus causas judiciales”, así como “impedir el legítimo derecho de los parlamentarios a debatir”.
140 votos a favor
Hubo 140 votos a favor de derogar la sedición –PSOE, ERC, PNV, EH Bildu y Més per Mallorca–, 118 en contra –PP, Vox, Cs, UPN, Junts, PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe, PAR y los dos independientes– y tres abstenciones –Más Madrid, Geroa Bai y Compromís–. La reforma aprobada convierte la sedición en un delito de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de 5 años, frente a los 15 actuales. Además, reduce a 4 años el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro. Los grupos que sustentan al Gobierno –Unidas Podemos no tiene representación en el Senado– rechazaron asimismo los cinco vetos presentados a la proposición de ley y todas las enmiendas parciales, por lo que, al no introducirse ningún cambio derivado de la tramitación en la Cámara Alta, esta reforma del Código Penal no tiene que regresar al Congreso y quedó aprobada definitivamente a la espera de su publicación en el BOE.
El debate y votación en el Senado se produjo después de otra tarde-noche de infarto, cuando el Constitucional ratificó la decisión que adoptó el lunes de suspender la tramitación en la Cámara Alta de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscaban renovar el propio TC.
El tribunal de garantías desestimó el recurso de súplica que presentó el Senado, que alegó que esta suspensión generaba una “perturbación de la máxima gravedad” en el Poder Legislativo. De nada sirvió, ya que tras más de tres horas de debate los magistrados confirmaron su decisión con la misma mayoría, 6 votos de los conservadores contra el recurso frente a 5 a favor de los progresistas.
La proposición de ley, que se ha despachado en las Cortes en apenas seis semanas, permite suprimir del Código Penal el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés. A la hora de presentar enmiendas al articulado en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos pactaron con ERC una modificación de las penas por malversación: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas actuales (de 2 a 12 de cárcel), y dos tipos nuevos, uno sin ánimo de lucro para “usos privados” (de 6 meses a 3 años de prisión) y otro para cuando lo malversado vaya a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel).
Contra el PP
Durante el debate de ayer, la oposición centró sus críticas en la vertiginosa tramitación de la reforma, que afecta a los dos delitos por los que fueron condenados los dirigentes del 1-O y que, aseguraron, pone en riesgo la integridad de España y beneficiará a los corruptos. Pero la mayoría parlamentaria se unió para criticar al PP, al que acusó de cercenar los derechos de los parlamentarios al acudir al Constitucional para intentar conseguir en los tribunales lo que no logró en las urnas, mientras sigue bloqueando la renovación del CGPJ y del tribunal de garantías.
“Sánchez paga el precio al independentismo por permanecer en Moncloa”, denunció a través de Twitter el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, tras votar en el pleno. El portavoz parlamentario de los populares, Javier Maroto, apeló sin éxito a los socialistas a romper la disciplina de voto y avanzó que denunciarán hasta el final de la legislatura “la traición de Sánchez a sus promesas, a sus votantes y a España”.
El portavoz socialista, José María Oleaga, censuró que “bloquear las instituciones es incumplir la Constitución, es romper el espíritu de la Transición, es acabar con el entendimiento y el diálogo”. Calificó además a Feijóo como un “boxeador noqueado” que es incapaz de comprender que la democracia consiste en “aceptar lo que dicen las urnas” y le acusó de provocar una “grave afectación del sistema” con su recurso de amparo y su bloqueo. Mientras, desde la bancada del PP instaban al Ejecutivo a convocar ya elecciones generales, tal y como le espetó Feijóo a Sánchez la víspera en el mismo escenario.
La postura de Geroa Bai
El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez, miembro de Geroa Bai, fue uno de los pocos que se abstuvo. Martínez justificó su voto “por la forma en que ha presentado el proyecto de ley con premura y mezclando temas inconexos como la decisión del PP de acudir al Tribunal Constitucional para paralizar el debate de su renovación en las Cortes”,
El senador se mostró favorable a una reforma de la sedición y de graduar la malversación, pero ni es el momento ni son las formas, ya que la premura “ha impedido el debate parlamentario y afrontar con serenidad cambios importantes en el Código Penal”
Entre los apoyos a la proposición de ley, la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, consideró que la misma supone “un paso significativo en el abordaje de la cuestión territorial catalana y vasca”. Lamentó que ha llegado a la Cámara Alta “amputada preventivamente” y acusó al TC de “cercenar el derecho de los senadores a debatir, acordar y legislar”. Culpó por último al PP de “utilizar espuriamente a los tribunales con mandatos caducados para conseguir lo que no pueden lograr a través de la representación política”.
Por su parte, la senadora de ERC Mirella Cortès valoró que el PSOE y Podemos están sufriendo ahora lo que los independentistas vivieron en 2017, y denunció que la derecha española “no quiere renunciar al poder” y que “lleva el golpe de Estado en su curriculum”.
Por motivos opuestos votaron en contra Vox, que acusó al Gobierno español de “desarmar el Estado de derecho” y legitimar a “los golpistas”. l
