La comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento Foral acordó este martes instar al Gobierno de Navarra a reconocer al Partido Carlista como víctima política principal de los sucesos acontecidos el día 9 de mayo de 1976 en Montejurra, donde fallecieron Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos.
El texto salió adelante con los votos a favor de Navarra Suma –excepto el representante del PPN, que se abstuvo–, Geroa Bai, EH Bildu e I-E y el voto en contra de PSN, mientras que Podemos no participó en la sesión.
La petición se justifica señalando que “la agresión fue ejecutada por miembros de la extrema derecha con apoyo desde instancias gubernamentales”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, también con el voto en contra de PSN, se exhorta al Ejecutivo foral a que “proceda a señalizar el monolito que está junto al Monasterio de Iratxe dedicado a las dos personas asesinadas en estos sucesos como Lugar de la Memoria”.
Por último, y con la abstención de PSN y del parlamentario del PPN, se conmina al Gobierno de España a “que proceda a la desclasificación de toda la documentación que esté relacionada” con esta masacre.
El texto original incluía otro punto, que fue rechazado por voto ponderado, en el que se proponía que el Parlamento de Navarra, “de acuerdo con los principios establecidos en la legislación sobre Memoria histórica y democrática, reconociese la aportación del Partido Carlista a la lucha y concienciación antifranquista en Navarra”. EH Bildu e I-E votaron a favor, Navarra Suma y Geroa Bai se abstuvieron y PSN votó en contra.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, recoge las propuestas que hizo el Partido Carlista en la sesión de trabajo del 24 de enero ante esta Comisión.
En esa sesión expuso los nuevos documentos que implicarían al Gobierno de Carlos Arias Navarro, y especialmente a Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación, en los sucesos de Montejurra.
Según se precisa, dichos documentos coinciden con la tesis del Partido Carlista, de que estos sucesos fueron “una operación dirigida desde el Estado para atribuirle una imagen de división, violencia y ultraderechista que no se correspondía con la realidad”, por lo que se exige “un reconocimiento público y la reparación que corresponda, en su consideración de víctima política principal”.
