El Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar solicitada por Justicia Guardia Civil (JUCIL) contra el Real Decreto del 4 de abril de traspaso a Navarra de las competencias exclusivas en materia de tráfico.

En un auto, la Sala tercera señala que la medida cautelar solicitada se ceñía a las consecuencias que el traspaso podía tener en los intereses profesionales de los guardias civiles, en concreto de los que no sean transferidos a la Comunidad Foral.

El Supremo argumenta que no cabe suspender la ejecución de un acuerdo de traspaso de funciones y servicios "invocando unos perjuicios profesionales que se desconocen y que, todo lo más, la recurrente intuye o teme".

Añade que, además, a la vista del plazo que se prevé para el despliegue progresivo de la Policía Foral, habrá una sentencia de la Sala antes de que ese proceso finalice.

Por otro lado, el auto considera que esa retirada progresiva de la Guardia Civil de Tráfico deberá hacerse siempre facilitando la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, que es "un principio rector" de la ordenación profesional en el instituto armado.