Durante las últimas horas de este miércoles, la negociación del PSOE con Junts para conseguir que Francina Armengol se convirtiera en presidenta del Congreso se encontraba varada y suscitando muchas dudas. Es por esto que el anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de promover “el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias” durante la presidencia europea no convencía a los potenciales socios, cuyos votos eran imprescindibles para evitar que el PP se hiciera con la presidencia del Congreso.
A lo largo del miércoles, Carles Puigdemont había reclamado “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto” de cara a la elección de la Mesa. Por lo tanto, el compromiso verbal de Sánchez era considerado insuficiente y Junts quería que se concretase.
Ha sido a primera hora de este jueves cuando se ha registrado el documento fundamental que ha dado paso a la negociación. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha presentado por escrito la solicitud para que el euskera, el catalán y el gallego sean lenguas cooficiales de la Unión Europea.
La carta pide que remita "información puntual sobre la evolución de este asunto" y la incluya en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales, un encuentro que reúne a los titulares de Asuntos Europeos de los Estados miembros y se celebrará en Bruselas el próximo 19 de septiembre.
La respuesta de la UE
Las instituciones europeas han empezado a examinar la solicitud del Estado para que el euskera, el gallego y el catalán se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea, un proceso que podría demorarse años hasta lograr el estatus completo como ya le sucedió al gaélico.
Conversión de la documentación
Convertir el catalán, euskera y gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea supondría traducir a estos idiomas no solo los tratados y toda la documentación y legislación que se produzca a partir de ahora, sino también todo el acervo de los últimos 65 años de proyecto europeo, desde directivas a sanciones pasando por reglamentos o acuerdos interinstitucionales.
La inmensa mayoría de las 24 lenguas oficiales en la Unión Europea lo son a través de la entrada de su Estado miembro en el club comunitario: fue el caso del español en 1986, el inglés en 1973 o el francés, alemán, italiano y neerlandés desde la fundación de la entonces Comunidad Económica Europea en 1958.
Caso irlandés con el gaélico
La excepción notable a esta regla es el caso del gaélico, que con la adhesión de Irlanda a la Unión Europea en 1973 se convirtió en una lengua de tratado en lugar de lengua oficial: esto implicó que solo los tratados y ningún otro documento o legislación comunitarios se tradujeron entonces al gaélico.
En 2005, Irlanda solicitó que el gaélico alcanzase el estatus de lengua oficial, lo cual fue aprobado en 2007. Sin embargo, al constatar que había un número limitado de traductores y recursos tecnológicos en gaélico se decidió que no todos los documentos se tradujeran en ese momento con una derogación temporal especial que caducaba en 2022.
Dicha derogación empezó a retirarse en 2015 a petición de Irlanda a medida que la capacidad de traducción al gaélico en los organismos comunitarios ha ido incrementándose desde 2022.
¿Y en el Parlamento Europeo?
En 2022, el Gobierno español remitió al Parlamento Europeo una petición para que el euskera, gallego y catalán pudieran usarse en los plenos de la institución, una solicitud para la que la Mesa de la Eurocámara lleva meses esperando un informe de los servicios parlamentarios sobre las implicaciones que tendría para su día a día, desde los departamentos de traducción e interpretación hasta los de infraestructuras o finanzas.
El proceso para convertir a estas tres lenguas en idiomas oficiales de la UE no tiene que ver con el abierto en la Eurocámara y va más allá de lo que solicitaba Madrid en 2022. El Parlamento Europeo tampoco se pronuncia sobre si una lengua debe ser o no oficial en la UE, ya que esa competencia recae totalmente en los países.
Los precedentes
En 2005, el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a las instituciones europeas ofreciendo firmar convenios para que se pudieran usar las lenguas cooficiales españolas, incluido también el valenciano.
Se consiguieron entonces en todas las instituciones salvo el Parlamento, donde la petición creó "una discusión política muy fuerte" -según recuerdan fuentes de la Eurocámara- y la Mesa del Parlamento, con mayoría de populares y liberales, lo trató al menos tres veces con Josep Borrell como presidente de la institución empujando por el sí.
Había entonces un español en la Mesa, el popular Alejo Vidal-Quadras, que emprendió una campaña en contra e impidió que se aprobase por un escaso margen, recuerdan fuentes parlamentarias.
La Eurocámara argumentó que era el año posterior a la mayor ampliación de la Unión Europea hasta la fecha y que estaba teniendo problemas para ofrecer la interpretación a las nuevas lenguas que sí eran oficiales.
Sí que se reconoció por escrito el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Eurocámara en estas lenguas y se previó revisar la decisión al año siguiente, algo que nunca se llegó hacer.
