El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha negado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional (AN) por el 'Proyecto Grass' haber espiado al empresario Joaquín Molpeceres, exsuegro del también acusado Antonio Chávarri, y ha declarado que se dedicó al asesoramiento jurídico en lo que consideró "un enfrentamiento duro entre un suegro y su antiguo yerno".

Así se ha expresado Villarejo este jueves en la AN, en la cuarta sesión del juicio por el que están siendo juzgados el comisario jubilado, su socio Rafael Redondo y Chávarri, por un presunto espionaje empresarial.

Según la Fiscalía, el empresario, cuya empresa entró en concurso en 2012, habría contratado al policía jubilado por más de 400.000 euros para buscarle irregularidades a su antiguo suegro, principal acreedor del procedimiento.

En este contexto, Villarejo, que solo ha respondido a su abogado, ha explicado que su función fue "fundamentalmente de estrategias jurídicas". "Aunque lo aliñáramos un poco, con cierto análisis, porque había que cobrar un poco más de lo habitual en el sector", ha añadido.

Además, ha precisado que no tuvo ninguna función policial en el encargo de Chávarri porque, de haberlo tenido, "habría salido en los diarios". "El problema es que mi vida es transparente, muy a pesar mío", se ha lamentado.

Así, ha negado que realizara informes sobre las presuntas víctimas de espionaje: "Nosotros lo que hacíamos eran notas internas, notas de trabajo, como guiones. Para luego mantener las reuniones con los clientes".

Y ha declarado que su empresa "jamás fue una agencia de detectives", sino que se trataba de "una empresa de análisis de información". Por ello, ha afirmado que nunca ha pretendido "hacer la competencia a ningún detective".

Al hilo, ha explicado que, para sus investigaciones, utilizaba "fuentes abiertas y fuentes restringidas que iban con un previo pago" y ha rechazado haber tenido acceso a bases de datos policiales.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Villarejo por presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

El Ministerio Público también dirige su acusación contra Redondo, para quien solicita 4 años y 6 meses de prisión por cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. Chávarri, por su parte, se enfrenta a 7 años de cárcel por los mismos delitos.

SE REUNIERON TRES VECES

Por otro lado, Chávarri, que al igual que Villarejo solo ha respondido a su abogado, ha manifestado que su "objetivo concreto" era "poder cerrar un concurso que tenía abierto de una promotora inmobiliaria en la que había un acreedor que era exfamiliar y era el único que estaba dando problemas".

Así, ha reconocido que tuvo tres reuniones con el comisario jubilado y con su socio en 2012. En la primera, expuso la situación y no se habló de dinero y, según el empleado, en la segunda aceptaron el encargo.

En esta segunda reunión sí que hablaron de dinero y es en la que Chávarri ha afirmado haber conocido a Redondo. Sin embargo, ha reconocido que no tiene la sensación de haber tratado "nada en concreto".

"No había una sensación de información clara ni de nada. Eran datos aislados, no había un hilo argumental, no había nada concreto ni sólido que me valiera a mí para quedarme tranquilo. De hecho, no estaba muy tranquilo", ha precisado el empresario.

Y la tercera reunión se produjo, según Chávarri, para apremiar a Villarejo y Redondo porque "el proceso del concurso seguía hacia delante" y "seguía pagando unas cantidades importantes mensuales y no tenía ningún resultado".

NO QUERÍA QUE PENSARAN QUE "PAPÁ ESTÁ INVESTIGANDO AL ABUELO"

Por su parte, Redondo ha recordado que su cliente le explicó una "situación personal complicada", en la que Molpeceres "quería perjudicar a todos".

Sin embargo, Chávarri "estaba atado de pies y manos" porque no quería "tomar acciones contra él" por su situación familiar, "lo más importante para él", ha dicho Redondo.

Por ello, el empresario ha negado que buscara "perjudicar" a su exsuegro porque "hay una relación" en la que están su exmujer y sus hijas.

Y ha indicado que no actuó de manera "opaca", sino que fue "en busca" de su privacidad. En este sentido, ha señalado que en su despacho trabajaban "200 abogados", destacando "la capacidad de fuga de información a unos entornos cercanos" a su familia.

Sobre su familia, ha dicho que no quería que pensaran "mira, papá está investigando al abuelo" y ha remarcado que "mucha gente del entorno de la familia" le advirtió de que su exsuegro decía "que va a sacar provecho del divorcio". "Y yo no quería pelear con nadie", ha concluido Chávarri.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha establecido que el juicio continuará el próximo 7 de enero cuando las partes presentarán sus informes finales.