El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que anule el auto de apertura de juicio oral por la denominada 'Operación Kitchen' por la inclusión en el mismo de un "error" técnico por parte, a su juicio, del propio magistrado.
En un escrito, recogido por Europa Press, la representación de Fernández Díaz promueve un incidente de nulidad de actuaciones al considerar que el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías con causación de efectiva indefensión material" al exministro.
Y es que, detalla, en esa resolución del juez --la del procedimiento abreviado-- incluía delitos que contemplan penas de prisión superiores a los nueve años de cárcel. "Delitos incluidos sorpresivamente en el auto de apertura de juicio oral y de cuya imputación no fue informado ni interrogado el señor Fernández Díaz", señala su abogado, refiriéndose a los delitos de organización criminal y secuestro.
"A la luz de lo expuesto, la única forma de subsanar el error cometido por el Juzgado en aras de evitar la indefensión de mi representado es declarar la nulidad del auto de apertura de juicio oral para el dictado de un nuevo auto que excluya la apertura de juicio oral respecto de aquellos delitos cuyas penas en abstracto superen los 9 años de privación de libertad", sostiene su representación.
Cabe recordar que la Fiscalía ya solicitó el pasado mes de octubre al magistrado que anulase ese auto al explicar que esa resolución del juez incluía delitos típicos del procedimiento sumario ordinario y no del abreviado.
RESOLUCIÓN DEL JUEZ
Fue el pasado 13 de octubre cuando el juez acordó la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio por la denominada 'Operación Kitchen', el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel'.
En un auto de 24 páginas, recogido por Europa Press, el magistrado rechazó por "extemporánea" la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y la estableció, de forma subsidiaria, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados resultaran condenados.
La resolución del juez incluía todos los delitos planteados por las acusaciones y que contemplan delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añadían los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.
Además de al exministro, el juez envió a juicio al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien fuera director adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa 'Tándem' José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.
