El Gobierno de Navarra ha reclamado a Parquenasa, la sociedad propietaria del parque de la naturaleza Sendaviva, la devolución de 652.222,66 euros correspondientes a una subvención concedida en 2023 para financiar obras realizadas en las instalaciones del recinto.
La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha informado este miércoles en comisión parlamentaria de que la resolución de reintegro fue notificada a la sociedad el pasado 18 de junio. A partir de esa fecha, Parquenasa dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar las alegaciones que considere oportunas.
La decisión tiene su origen en un informe de fiscalización emitido por la Intervención General el 11 de diciembre de 2025 sobre la subvención concedida en 2023. Según ha explicado Esnaola, el documento detectó un "indicio de riesgo de fraccionamiento indebido" en varios contratos vinculados a las obras ejecutadas y concluyó que existía un incumplimiento parcial de las condiciones de la ayuda.
A raíz de ese informe, la Intervención General instó al Instituto Navarro de la Actividad Física y del Deporte (INDAF), como unidad gestora de la subvención, a iniciar un expediente de reintegro y a cuantificar el impacto económico derivado de las irregularidades observadas.
Además, la consejera ha recordado que el asunto también se encuentra judicializado. En el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona se siguen diligencias previas tras una querella en la que se denunciaba un posible fraccionamiento indebido de contratos adjudicados por Parquenasa a la empresa Adentro Construcciones.
Esnaola ha señalado que, de acuerdo con la Ley de Subvenciones, la Administración debe abstenerse de continuar cualquier procedimiento sancionador mientras no exista un pronunciamiento de la autoridad judicial sobre los hechos investigados.
Debate en el Parlamento
La comparecencia de la consejera ha provocado un intenso debate entre los grupos parlamentarios. El parlamentario de UPN Javier Trigo ha calificado el informe de la Intervención General de "demoledor" y ha afirmado que recoge supuestas ilegalidades en el procedimiento de adjudicación de los contratos. Según ha señalado, el documento hace referencia a una "eventual intención fraudulenta del beneficiario".
Desde el PSN, Ibai Crespo ha atribuido la situación a la gestión realizada durante gobiernos anteriores de UPN y ha hablado de una "herencia" derivada de decisiones erróneas, contratos mal planteados y proyectos que no se ajustaban a la realidad.
Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha cuestionado la oportunidad de impulsar un expediente sancionador contra una sociedad que depende íntegramente de financiación pública y se ha preguntado si el objetivo último de UPN es poner en riesgo la viabilidad de Parquenasa.
La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha respaldado el reintegro acordado por el Ejecutivo foral, aunque ha señalado que habrá que esperar a la resolución judicial definitiva sobre el caso.
Desde el PP, Maribel García Malo ha puesto el foco en las posibles responsabilidades políticas de la consejera por haber respaldado públicamente la gestión de la entidad pese a conocer el informe de la Intervención General.
Por último, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha reclamado que el debate se centre en las posibles responsabilidades de gestión y no en acusaciones que, a su juicio, podrían carecer de base mientras la investigación judicial continúa abierta.
