El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender, por la tramitación de la proposición de ley de amnistía, el procedimiento que sigue contra el president expatriado Carles Puigdemont y otros 34 excargos de Catalunya por su presunta responsabilidad contable en el supuesto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y la acción exterior del Govern en el marco del procés.
La consejera del Departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, se ha pronunciado así después de que el pasado 17 de noviembre terminara el juicio con la incógnita de si estimaría o no la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC de suspender el procedimiento por la proposición de ley que presentó el PSOE en el Congreso.
Los republicanos alegaron que era “altamente probable” que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía “acarrear cargas procesales innecesarias”.
La consejera fundamenta la resolución denegatoria de suspender el procedimiento en que, a fecha de hoy, se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales.
Cabe recordar que durante la vista del 17 de noviembre, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana mostraron su oposición a que se suspendiera el procedimiento. El representante del Ministerio Público aseguró que se tenía que oponer porque la suspensión no se podía “subordinar a un acontecimiento futuro”.
35 cargos
En esta causa, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta –además de Puigdemont– el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsellers condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsellers huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
