Los partidos que forman parte del Gobierno de Navarra se abren a aprobar una reforma fiscal que atienda las necesidades del sector agrario planteadas en las últimas protestas. Pero será ya de cara al próximo año y en el marco de una reforma tributaria mucho más amplia. “Acabamos de aprobar una ley fiscal”, ha recordado este lunes en el Parlamento el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz.
Las demandas del sector han llegado al Legislativo después de que el Gobierno de Navarra haya acordado con los representantes de los agricultores y ganadores estudiar posibles medidas fiscales y tributarias que alivien su situación y afronten las necesidades específicas del mundo rural. Así como un mayor control de la cadena alimentaria y menor en burocracia en la gestión de la política agraria común (PAC).
La reforma fiscal sin embargo debe pasar por el Parlamento, donde será necesario lograr un consenso político que dé luz verde a unas reformas que no serán a corto plazo. De entrada porque el ejercicio fiscal acaba de comenzar y cualquier medida, salvo que se tramite de forma urgente y con efectos retroactivos, que no parece el caso, tendrá vigencia ya a partir del próximo año. Pero también porque los socios del Gobierno prevén incluir estas medidas en una reforma fiscal más amplia que revise el conjunto del sistema tributario y afecte a distintos colectivos y realidades sociales.
El último acuerdo presupuestario firmado por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin ya recoge el compromiso de crear un grupo de trabajo que, encabezado por el Departamento de Hacienda y con representación de los cuatro grupos parlamentarios, plantee posibles reformas antes de septiembre para su aprobación antes de que finalice este 2024.
Cadena alimentaria
Será ahí donde se deberán tramitar los posibles cambios tributarios que pueda acordar ahora el Gobierno de Navarra con los representantes del sector. Y, después, habrá que sumar mayorías parlamentaria que garanticen su aprobación porque entre los socios del Ejecutivo foral también hay algunas discrepancias en este asunto que se dejan sentir en el Parlamento.
La situación del campo es compleja y por lo tanto las soluciones también. Y tampoco hay una receta única por parte de los socios del Gobierno de Navarra, que se dividen entre quienes apuestan por buscar soluciones en el marco competencial y quienes reclaman afrontar los problemas de fondo de una cadena alimentaria que beneficia a las grandes distribuidoras.
En el primer grupo se sitúan el PSN y Geroa Bai, que se muestran dispuestos a acometer una reforma fiscal en los términos en los que se pueda acordar en la mesa de negociación con el sector, y dentro de una reforma amplia que incluya también a otros colectivos y contribuyentes. El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, destaca que ya se han tomado medidas en este ámbito, tanto para el primer sector como para los transportistas, y recordó que las medidas de fondo siguen siendo competencia de la Unión Europea.
“El sector vive atrapado entre las consecuencias del mercado, de la globalización y el alza de los precios de los costes de producción que están sufriendo”, coincide el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que no obstante confió en que la mesa de diálogo entre los agentes del agro y el Gobierno pueda acordar medidas concretas que mejoren su situación, y que se compromete a apoyar.
La posible reforma fiscal queda no obstante pendiente de una mayoría parlamentaria que ahora mismo no está clara. EH Bildu se desmarca de una posible reforma señalando que “el principal problema de los agricultores no es el fiscal”. “Compartimos algunas de las reivindicaciones”, argumenta Laura Aznal, que sin embargo rechazó recuperar el sistema de tributación por módulos. A su juicio, la solución pasa por “el cumplimiento real” de la ley de la cadena alimentaria, que compete al Estado.
En similar posición está Contigo-Zurekin, que celebra que “se hayan sentado las bases para iniciar un diálogo” con el sector, pero que considera que “el mayor causante” de los males del sector primario “son las grandes distribuidoras” y la falta de inspección a los productos importados a la Unión Europea.
Así que la posible aprobación de medidas fiscales que alivien al mundo rural pueden acabar dependiendo del voto de UPN. Su portavoz, Javier Esparza, dice desconfiar de que el Gobierno vaya a hacer algo tras escuchar a los portavoces parlamentarios, pero se muestra dispuesto a apoyar las medidas si cuentan con el apoyo de las entidades agrarias. “Siempre hemos estado a favor de mejorar su situación fiscal. Que al menos no estén peor tratados en el resto de comunidades”, defiende Esparza.
