Jesús Miguel Imaz Prim, Iosu, está vivo de milagro. Pudo morir tres veces en tres años. La primera, en junio de 1980, cuando lo torturaron durante seis días seguidos en la vieja gobernación civil de Pamplona. La tortura es ese abuso tan macabro que te hace salir contento del calabozo: Iosu sintió alegría por no haber muerto durante las sesiones de paliza, bolsa y bañera.
La segunda, en diciembre de 1981, cuando un remitente anónimo le hizo llegar una caja de puros que escondía cien gramos de plástico exógeno. Y la tercera en mayo de 1983, cuando le colocaron medio kilo de Goma-2 en la parte trasera de su coche, que voló por los aires cuando la policía acudió –muy tarde– a la llamada de sospecha por una ventanilla rota.
Estuvieron a punto, pero no lo mataron. “Cuando te pasa esto, tienes dos opciones: irte, dejarlo todo, o quedarte y rehacer tu vida”. Eligió lo segundo. Cambió de trabajo. Se distrajo a base de deporte y cultura.
Al poco se instaló en Lakuntza, donde todavía vive. Ninguno de sus intentos de asesinato tuvo recorrido judicial sólido y terminaron archivados sin encontrar al autor. Ahora es una de las primeras doce víctimas de violencia ultra y policial reconocidas por el Gobierno foral, que ve acreditados dos atentados contra él y varias amenazas, torturas y tratos inhumanos y degradantes.
La ‘Belfast’ navarra
Iosu lo cuenta apoyado en el informe de reconocimiento del Gobierno de Navarra, firmado por todos los miembros de la comisión. Nacido en 1957, es el segundo de seis hermanos –tres chicos y tres chicas– de una familia muy conocida en Alsasua, la de la librería Imaz.
“Una librería siempre es un punto de encuentro, de intercambio de ideas: aquí se vendían libros controvertidos para el franquismo y los primeros diccionarios de euskera”, recuerda.
Además, Iosu también es muy conocido por su faceta como memorialista de la Sakana. El año pasado publicó Altsasu 1936 junto con Amaia Urkijo. Habrá más: en los próximos años, dos ejemplares más para completar una trilogía memorialista de todo el siglo XX.
La 'primera vida': torturado durante seis días por la Guardia Civil
Lo que no es tan conocido es lo que le pasó a él, su historia personal. Hay que remontarse a los años ochenta, cuando era un veinteañero. Ya por aquel entonces era militante de la izquierda abertzale. La librería familiar había sufrido alguna pintada en los revueltos años del tardofranquismo.
“Aquel ambiente, con la Guardia Civil tan encima... si no era Belfast, se le parecía”. Pero nada que ver con lo que vino a partir de junio de 1980. El día 26, Iosu fue detenido por la Guardia Civil a trescientos metros de su casa. Lo llevaron a Pamplona, a la actual delegación del Gobierno.
Allí lo torturaron durante seis días: cambios de salas, interrogatorios surrealistas, exposición a los gritos de otros compañeros detenidos, palizas. Casi siempre estuvo a merced de la misma persona: un hombre “pequeño de estatura, gordo y con bigotes”. Le dieron hostias en la cabeza con un listín de teléfono en casi todos los interrogatorios. La bolsa y la bañera vinieron después, tras un macabro episodio.
Una mañana despertó, medio inconsciente, en una estancia. La noche de antes, al subir por unas escaleras, un guardia civil le había pegado un culatazo en la espalda que lo dejó muy maltrecho. Le abrieron la puerta a un despacho que tenía una ventana de dos hojas abierta de par en par. Recostado en la silla, el interrogador, haciéndose el dormido. Sobre el escritorio, una pistola. “Siempre pensé que era una trampa, ¿qué me hubiese pasado si me fugo por la ventana? Igual lo mismo que a otros torturados en Euskal Herria, que me hubieran pegado un tiro”. No picó en la trampa.
Panfletos con su nombre, entre otros, por el pueblo
Iosu pasó ante el juez. “Le confirmé que había sufrido torturas y el juez ni levantaba la cabeza”, recuerda, con nitidez. Ingresó en prisión: seis meses en la cárcel de Carabanchel, donde no recibió ninguna asistencia médica pese a que lo habían dejado destrozado, casi inmóvil y meando sangre.
Entre las secuelas, una lesión de espalda que podría haber sido fatal, le dijeron después. Un intento de fuga a cargo de otros reclusos provocó que le cambiaran de prisión. Estuvo en Herrera de la Mancha y Soria, donde participó en una huelga de hambre en la que perdió ocho kilos.
En el juicio, celebrado en noviembre de 1981, fue condenado por colaboración a seis meses y un día de prisión en una causa general junto con otros veinte compañeros. Quedó libre y no volvió a la cárcel nunca. Aquí gastó Iosu su primera vida, la que estuvo en juego durante las palizas e interrogatorios.
La 'segunda vida': una caja de puros bomba enviada a su librería
No había pasado un mes desde la sentencia cuando a Iosu le llegó un paquete a la librería. Eran tiempos revueltos, justo recién salido de la cárcel y después de que aparecieran por el pueblo varios panfletos con una lista de nombres entre los que estaba el suyo.
Iosu nunca ha sabido quién estaba detrás de las amenazas ni de los atentados, y explica todo por su militancia política y la significación de la familia, también heredera de represaliados durante el franquismo. Algunos muy ilustres, como Constantino Salinas, hermano de su abuela materna, socialista alsasuarra y vicepresidente de Diputación durante la II República que murió en el exilio.
Volvamos al paquete. Venía de parte de una supuesta empresa, Cosolsa, con domicilio en una dirección remota de Vitoria. Lo llevó a casa y ahí descubrió que era una caja de puros canarios marca Reig.
Todo era raro: el remitente, la dirección, el hecho de que él no fumara. Nadie que le conociera le iba a regalar unos puros. Llamó a Telefónica y preguntó por el teléfono de Cosolsa: no consta. Fue su madre quien le recomendó que no abriera el paquete.
Lo dejaron toda la noche en el balcón y a la mañana siguiente contactaron con un conocido de la familia, jefe de minas en Portland. Con cuidado y ayudado por una tijera abrió un poco la tapa inferior. Suficiente para ver unos cables: era una bomba con cien gramos de plástico exógeno, de sobra para matar a todos los que en ese momento estaban en el salón. Segunda vida.
Cuando un intento de asesinato queda zanjado en un mes
El caso de Iosu, calificado como “asesinato frustrado” por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, quedó zanjado en cuatro semanas. Y con las Navidades de por medio. “Suelo decir en broma que me ofrezco a ir a la Universidad a explicarle a los alumnos de Derecho cómo se archiva un caso en un mes”, bromea.
Suelo decir en broma que me ofrezco a ir a la Universidad a explicarle a los alumnos de Derecho cómo se archiva un caso en un mes
El atentado frustrado ocurrió el 17 de diciembre. El 19 están las diligencias y el 28 tiene fecha el primer sobreseimiento. El 31 de diciembre consta un recurso por parte de la Fiscalía que propicia que el 5 de enero de 1982 el juzgado dicte un segundo auto. El 8 de enero vuelven a practicarse unas nuevas diligencias. Diez días después llega el archivo.
El asesinato frustrado y la falta de investigación judicial nublan a Iosu, que empieza a obsesionarse con que lo van a matar. Razones no le faltan. El informe pericial del Gobierno de Navarra acredita el insomnio, la conducta de sobresalto ante ruidos fuertes o la evitación que sufre desde ese momento. Iosu vive en tensión: cambia de itinerarios, mira debajo del coche... a veces, algún colega le hace de lanzadera, recorre por delante el camino que sigue Iosu un poco más atrás. Hasta el 12 de mayo de 1983.
La 'tercera vida': medio kilo de Goma-2 en la parte trasera de su coche
Ese día, sobre las diez de la mañana, su madre le avisa de que ha visto algo sospechoso en su coche, que estaba aparcado en la puerta de casa. La ventanilla trasera derecha de su Renault 5 estaba rota.
A esas alturas, motivo más que suficiente para llamar directamente a la policía. La Guardia Civil no llegó hasta las dos y media de la tarde, a pesar de todas las peticiones de que se dieran prisa. Los artificieros lo movieron a un descampado y allí, al tirar de él con una pinza, voló por los aires. El R5 tenía medio kilo de Goma-2 en la parte de atrás. Tercera vida.
El Juzgado nº1 de Pamplona practicó las diligencias, pero el caso fue derivado al Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional de Madrid como un asunto de “estragos”. Allí quedó: sobreseído por falta de autor y archivado al poco después.
Los tres atentados contra Iosu no fueron investigados en una democracia. Toda la documentación acumulada aquellos años ha servido, al menos, para concurrir al procedimiento administrativo de la ley navarra. “La ley no es perfecta, le falta poder investigar. Pero es algo. Ahora, los pasos los tendría que dar el Estado y empezar con la desclasificación de los Secretos Oficiales. Quizá así las víctimas tendríamos más información”.
Así justifica la comisión de víctimas quién accede a los reconocimientos
Entre las víctimas y las asociaciones existía cierta curiosidad por ver qué forma tomaban los reconocimientos. El Gobierno de Navarra celebrará el 30 de mayo un acto con las doce primeras familias. A todas ellas ha entregado un dossier individual que acredita el reconocimiento y compila los puntos más importantes de cada caso.
El dossier de reconocimiento está encabezado por una portada-diploma en la que Ana Ollo Hualde, vicepresidenta segunda y Consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera acredita el reconocimiento de la víctima, cuyo nombre aparece resaltado tipográficamente.
Le sigue el informe motivado donde la comisión ordena los hechos y explica el caso. Hay un primer punto de antecedentes con datos de la persona solicitante y la documentación analizada. Además, quedan detalladas las actuaciones de instrucción realizadas, que en casi todos los casos quedan resumidas en una entrevista personal y un informe pericial.
En un segundo punto, el informe desarrolla la evaluación de los antecedentes. Lo primero, hechos y contexto, con datos biográficos. En esas páginas se hace un repaso preciso de cada hecho señalado por la víctima como motivo de la denuncia. Tiene, como es lógico, una extensión variable en cada caso.
En el tercer punto se hace una evaluación de los requisitos establecidos en la ley 16/2019 y se analiza si los hechos denunciados encajan con la motivación de la ley. Uno de los epígrafes aborda la relación de causalidad entre los hechos y los prejuicios acreditados, con detalle de los medios de prueba en que se fundamenta. Aquí vuelve a hacerse un repaso de cada hecho denunciado, las pruebas que lo acreditan y si, desde el punto de vista de la ley, son susceptibles de quedar dentro del marco denunciable.
El cuarto punto es el relativo a las conclusiones del informe, que se divide a su vez en tres subpuntos. En el primero, la comisión valora si el denunciante, efectivamente, merece la consideración legal de víctima.
En el segundo subpunto encaja los hechos en el tipo de derecho humano que ha sido vulnerado, además de hacer una valoración económica para reparar los daños sufridos. Y, en el tercer subpunto, la comisión acredita que los hechos involucran o a cuerpos policiales o a grupos ultras.
Por último, el acuerdo: apenas un párrafo de cuatro líneas donde la comisión manifiesta el sentido de su voto y la cantidad de apoyos –en el caso de Iosu, por unanimidad–. Y las firmas de los nueve miembros de la comisión.
