El Consejo de la Juventud de Navarra, en una situación límite

No hay salida buena para el Consejo de la Juventud de Navarra. El organismo, creado en 1986 para estimular la participación de la juventud en los asuntos públicos, atraviesa desde hace más de un año una crisis institucional y económica que le tiene contra las cuerdas.

Terminó 2023 con la dimisión de la cúpula directiva, dos despidos, una desagradable pelea interna con tintes partidistas y un informe demoledor por parte de la Cámara de Comptos.

Ahora, la nueva dirección, encargada de gestionar la herencia y encabezada por Alberto Guijarro, ha planteado tres escenarios presupuestarios para 2024, a cada cual más comprometido. En el mejor de los casos, el margen para las actividades dedicadas a la juventud será mínimo.

En el peor, el Consejo tendrá que despedir a los únicos dos trabajadores que todavía quedan –ambos de baja desde enero, desde cuando les adeudan parte de la nómina– y ver cómo salda las deudas que arrastra desde hace meses. La pesadilla para un organismo que ingresó más de 700.000 euros de dinero público durante la pasada legislatura y cuyo futuro pinta muy mal.

Más de 700.000 € de dinero público en la legislatura pasada

Es difícil situar el momento exacto en el que la situación empezó a torcerse. Quizá fue un cúmulo de hechos a partir de 2019. Entonces el Consejo, que tiene su propia Asamblea y disfruta de cierta autonomía, llegó a contar con seis trabajadores en nómina.

Ingresaba casi 200.000 euros al año. Todo, dinero público. La partida más grande, superior al 80%, el convenio anual que desde 1986 firma con el Consejo con el Instituto Navarro de la Juventud (INJ).

Desde 2017, el Consejo también recibía unos 20.000 euros anuales por parte del Parlamento para desarrollar el proyecto Parlamento Joven. El resto, ingresos por actividades realizadas para otros entes públicos, como el Instituto Navarro de Salud Pública o los ayuntamientos.

A partir de 2019, la partida pública del INJ baja: pasa de los 161.329 euros a los 124.941 de 2022. También la de otras actividades, que de los 13.473 € de 2019 pasa a los 942 de 2022. Las estrecheces económicas preceden a los problemas internos.

Comptos repasa, en un informe de 2023, los motivos del declive. Señala hacia una gestión defectuosa, con la contabilidad patas arriba, falta de control interno por parte de los órganos del propio Consejo y un descenso general en la actividad del organismo.

Una corriente más de fondo: la pérdida de utilidad del instrumento

Y también da pinceladas sobre otra corriente, más de fondo, que supera probablemente a las últimas direcciones y explica parte de la crisis: la incapacidad del Consejo para representar al movimiento juvenil.

Ahí hay una brecha casi insalvable. En los ochenta, los jóvenes estaban más agrupados, había más asociaciones. Todo era analógico. Ahora la juventud huye de fórmulas que para ellos son rígidas, está mucho más atomizada, y no se reúne en un local, sino en las redes sociales.

Fue el contexto perfecto para una disputa en la propia dirección, compuesta por ocho miembros, que quedó absolutamente partida. De un lado estaban quienes denunciaron que el Gobierno de Navarra estaba dejando morir al Consejo a través de una bajada sustancial del presupuesto, que en 2023 ya era de solo 88.000 euros. De otra parte, una facción de jóvenes vinculada al PSN que en lugar de ir contra el Gobierno cargó contra sus propios compañeros.

A esas alturas el Consejo ya había tenido que acometer despidos –la figura del coordinador había desaparecido en 2020 tras varios reparos jurídicos y ya no estaban ni el técnico en socioeconomía ni la técnica de comunicación– y la situación interna era malísima.

En febrero de 2023, el presidente, Pablo Lanaspa, la vicepresidenta, Tania Ruivo, y Iosu Igoa, miembro de la dirección, denunciaron públicamente los recortes en rueda de prensa. Al poco dimitieron.

El vacío lo aprovechó la facción socialista –encabezada por el actual alcalde de Orkoien, Álex López Orejuela, con el parlamentario socialista Kevin Lucero en la sombra– para hacerse con las riendas del Consejo sin pasar por la asamblea, algo que llegó a justificar en una carta al Parlamento.

Desde diciembre de ese año hay otra dirección, la de Guijarro, que es la que está teniendo que gestionar la herencia envenenada del Consejo. La actual comisión ejecutiva –compuesta por Guijarro, Xabier Fernández, Andrés Goicoechea y Iosu Igoa– está a la espera de firmar el convenio anual con el INJ, que será de unos 93.000 euros. Insuficiente para tapar las numerosas fugas que tiene el Consejo, que tiene ante sí una segunda mitad de 2024 muy complicada.