Mientras el Gobierno de España no se decide a derogarla, la ley mordaza sigue aplicándose y recaudando. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, las multas en Navarra han crecido un 38%, hasta rozar el millón y medio en sanciones. De ellas, alrededor de 200.000 € vienen de los epígrafes más polémicos de la norma, aquellos que concedían mayor poder a la policía: capacidad para sancionar concentraciones sin comunicar, la toma de imágenes o las desconsideraciones.
La reforma parcial o total de la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana –en su denominación original–, la vieja promesa de Sánchez desde que llegó a la Moncloa en 2018, ha vuelto a primera línea del debate con la presentación del Plan de Acción por la Democracia. Entre una madeja de trasposiciones europeas y declaraciones de buena voluntad, apenas un par de epígrafes con el anuncio de la intención de reformar un artículo muy concreto de la norma, lejos de los planteamientos maximalistas de otras épocas: el 36.23, el que multa el uso de imágenes de la policía.
PSOE, Sumar y PNV acordaron abordar la reforma de la ley a finales de la legislatura pasada, y la intención figura en el acuerdo de gobierno de Sánchez. Pero no termina de llegar. Todo este debate, sobre el que tiene los ojos puestos la Comisión Europea, tiene lugar casi al mismo tiempo que la publicación de los datos de Interior, que constata que las sanciones mediante la ley han crecido un 17% y suponen alrededor de 174 millones en todo el Estado. Los datos en Navarra son distintos. En 2022, hubo 1.558 expedientes de sanción. En 2023 fueron 2.233, un 38% más. La recaudación también sube, claro: de apenas un millón a 1.397.384 €.
Faltas de respeto, uso de imágenes...
Para contextualizar bien la ley hay que tener en cuenta que tiene tres patas. Los datos en todo el país ayudan a entenderlo.
Hay un capítulo específico relativo a la tenencia de armas y explosivos. Otro, para drogas. El tercero es el de la seguridad ciudadana, el más polémico por el poder que otorgaba a la policía. En España ese capítulo ha crecido. Poco, pero ha crecido: de los 23 millones a los 23 millones y medio.
La partida más cuantiosa tiene que ver con el artículo 36.06 –12 millones–, que multa la desobediencia y las negativas a identificarse mientras no sean delito. Y luego está el capítulo 37.04 –4,3 millones–, que multa faltas de respeto a la policía. El 36.23 –uso de imágenes de la policía–, el que el Plan de Acción por la Democracia plantea reformar, puede ser hiriente, pero tiene un impacto mínimo en las sanciones: apenas 61.315 €.
Si extrapolamos esta lógica a los datos de Navarra, cerca de 200.000 € corresponderían a los aspectos más disciplinarios. El plan de Sánchez contempla llevar la reforma legislativa, pero la ambición de los socios es mucho mayor y no se va a conformar con una reforma parcial de los apartados de las injurias.
El Parlamento de Navarra acaba de tildar la ley mordaza de "restrictiva"
Que el debate está vivo lo demuestra que incluso el Parlamento de Navarra se posicionó la semana pasada sobre el tema. Geroa Bai promovió una moción en la Cámara foral que reunió el apoyo de PSN, EH Bildu y Contigo Zurekin, y el rechazo en bloque de la derecha unida: UPN, PP y Vox.
El texto aprobado, que fue defendido por la parlamentaria Blanca Regúlez –de Geroa Bai pero miembro del PNV– insta al Gobierno de España a “reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana vigente, para que sea acorde con la protección del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y la legislación internacional, cumpliendo así los compromisos adquiridos para la conformación del actual gobierno de coalición”.
En la exposición de motivos, la resolución urge a materializar la reforma de la ley mordaza para, sobre la base del acuerdo alcanzado a final de la pasada legislatura entre PSOE-Sumar y PNV, recogido ahora en la iniciativa registrada por la coalición morada, que concreta así uno de los compromisos plasmados en su acuerdo de Gobierno con el PSOE, acabar con lo que entiende es una “carencia democrática grave”.
A decir de la proponente, se trata de una ley “restrictiva de derechos (reunión, manifestación) y libertades básicas” (de expresión, información, sindical o de huelga), con un apartado sancionador “desproporcionado”, que elude el debido “equilibrio entre libertad y seguridad”, pone en cuestión el “principio de legalidad” y deja en entredicho la labor “garantista” de las instituciones públicas competentes.
el rechazo del tercer sector En ese contexto y a propósito de la “regeneración democrática” impulsada desde el Gobierno de España, se alude a las críticas generalizadas que, “no sólo desde el ámbito político, sino también desde organizaciones y entidades como Amnistía Internacional, CEAR, o la Plataforma en Defensa de la Información”, suscita la citada Ley y se insiste en la necesidad de someterla a una “reforma completa”.
Todo, según se precisa, para “alejarse de cualquier tipo de actuación autoritaria, impropia de una sociedad democrática avanzada”, tal y como, a su entender, debe defenderse desde el Parlamento foral en representación de la ciudadanía navarra.
Europa vigila de cerca la reforma
Uno de los puntos del último informe de la UE sobre la salud del estado de Derecho en España tiene que ver con la reforma de la ley mordaza. Europa recuerda en ese informe que “aunque el Gobierno la considera prioritaria, sigue pendiente de materialización la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”, la ley mordaza de tiempos de Rajoy que Sánchez prometió derogar ya en 2018. Está por ver si la puesta en marcha del Plan de Acción por la Democracia impulsa definitivamente la reforma.
