La falta de apoyos fuerza al Gobierno de España a retomar la 'incómoda' reforma de los Secretos OficialesUnai Beroiz
Lo saben en las Cortes Generales: al Gobierno de “coalición progresista” le incomoda mucho cualquier debate que tenga que ver con la vigencia de la ley de Secretos Oficiales, la vieja norma franquista que a día de hoy sirve para meter en un cajón casi cualquier tema que el Estado quiere mantener fuera de los focos.
Lo que pasa es que el Ejecutivo atraviesa un bache de confianza con los socios de investidura y la promesa de reformar los Secretos Oficiales ha tenido que volver encima de la mesa para eliminar suspicacias, sobre todo con el PNV y Geroa Bai, los dos partidos que más han insistido en la necesidad de superar la ley franquista y consensuar una que cumpla los estándares comunitarios que reclama desde hace tiempo la Comisión Europea para España.
El Gobierno, que tantea a los socios de investidura para intentar tener Presupuestos en 2025, habría retomado las conversaciones para reformar la ley de Secretos Oficiales. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el encargado de cumplir con el mandato del Plan de Acción por la Democracia, presentado hace pocas semanas, y que en una de sus líneas estratégicas habla de reformar la ley y adaptarla al marco común europeo.
La desclasificación
Y aunque el tema ha vuelto a los pasillos de las Cortes, la situación es muy incierta. Basta ver la respuesta que la semana pasada dio Bolaños a la senadora navarra Uxue Barkos, líder de Geroa Bai, que sugirió al Gobierno que aprovechara que va a desclasificar algunos casos a petición de Junts –los relativos a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017– para sacar a la luz el caso de Mikel Zabalza, el navarro muerto a manos de la Guardia Civil en 1985 y cuyo caso ha permanecido en secreto en virtud de la ley.
Bolaños respondió que el Gobierno tiene voluntad de transparencia, pero que actuará sin comprometer la seguridad nacional. Una excusa para un caso sucedido hace cuarenta años, pero que revela que el Gobierno no tiene nada claro qué pasos dar con este espinoso tema.
La situación es fácil de entender: por un lado, Bolaños sabe que es insostenible mantener vigente –y hacer uso– de esta ley. Al mismo tiempo, el Estado tiene todavía muchas vergüenzas que ocultar. Y el PSOE no se atreve a abrir ese melón, es la verdad, por mucho que en Navarra apoye mociones parlamentarias sobre la necesidad de superar la ley. El Gobierno tiene tres opciones. La primera: retomar los trabajos para alumbrar una nueva ley. Bolaños ya lo intentó en 2022, sin éxito.
Bandazos
La ley de Información Clasificada recibió críticas por parte de archiveros, periodistas e historiadores, por restrictiva y poco garantista. Decayó con la disolución de las Cortes y el Gobierno corrió un tupido velo. Sería un proceso largo e incierto, muy seguido de cerca por los sectores afectados y que encajaría mal en una contraprestación de cara a los Presupuestos. La segunda opción es acordar una reforma exprés para derogar algunos puntos y desclasificar documentos que lleven ya un número de años en cajones. La tercera, aceptar la propuesta que el PNV tiene registrada desde marzo.
Bolaños ha hecho declaraciones ambiguas en las que no se ha decantado ni por una opción ni por otra. Lo que sí parece claro es que algo va a tener que hacer, por muy incómodo que le resulte. Y no solo por compromiso ético, sino por necesidad presupuestaria.
La propuesta del PNV, eternamente marginada
Si el Gobierno no deroga la ley de Secretos es porque no quiere. En 2022, planteó una ley alternativa sin consenso y sin estándares. Pero desde hace casi una década el PNV tiene registrada una iniciativa en el Congreso para reformar la norma franquista.
La propuesta jeltzale lleva en la Cámara Baja desde marzo. Desde entonces, acumula veintidós prórrogas del periodo de enmiendas, que es la forma que tienen los Gobiernos de posponer sin fecha los temas que no quiere abordar.
En junio, Bolaños respondió a otra pregunta de Barkos con el hecho de que existieran “bases de trabajo” para reformar la ley, lo que sonó a un guiño hacia la propuesta jeltzale. Sin embargo, meses más tarde el Gobierno de España dijo que su intención era volver a poner en marcha el proyecto de Información Clasificada. Así se lo hizo saber a las autoridades comunitarias cuando la Comisión Europea dio un tirón de orejas al Estado por este tema en verano. Ahora, el plan de regeneración democrática habla de reforma, no de ley ni de proyecto nuevo. Así que la fórmula es una incógnita.
EL COMPROMISO, PLASMADO EN EL PLAN DE ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA
“La ciudadanía tiene derecho a acceder a información pública en los términos recogidos en el artículo 105(b) de la Constitución y que fueron desarrollados por la Ley 19/1013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. De igual modo, el referido precepto constitucional se refiere a la seguridad y defensa del estado como una de las excepciones de informaciones que puedan estar protegidas por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
El contexto contemporáneo aconseja una reforma de esta norma. Es necesario un marco avanzado y garantista que sustituya una ley preconstitucional, vigente desde 1968, para actualizarla y adaptarla a los mejores estándares de las legislaciones de los países democráticos de nuestro entorno. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales implica una mayor homologación de nuestra legislación, combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia. De igual modo, esta reforma también implica cumplir con una de las recomendaciones presentes en el Informe sobre el Estado de Derecho en los últimos años, en su capítulo sobre España”.