El presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, ha apostado por modificar la ley foral de Transparencia para que se puedan incoar expedientes sancionadores por el silencio administrativo. Una "mala praxis" que ha calificado como el "cáncer de la transparencia" y que, hasta noviembre de este año, acapara el 81,6% de las reclamaciones recibidas.

Así lo ha indicado el presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, quien ha comparecido este miércoles en comisión parlamentaria para presentar la memoria de la entidad correspondiente al 2023. En este año, la Administración de la Comunidad foral recibió 345 solicitudes de información, de las cuales 238 (75%) fueron estimadas y 83 se inadmitieron (dando lugar a 16 reclamaciones). Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona recibió 63 solicitudes, estimó 51 y desestimó 12 (motivando 7 reclamaciones).

Beltrán ha llamado la atención ante el hecho de que el 80% de las solicitudes están motivadas por "intereses privados" mientras que sólo el 20% responde a una "voluntad de evaluar la actividad pública". Una circunstancia común a todas las Comunidades Autónomas que ha atribuido al "escaso interés" ciudadano, la "falta de claridad del lenguaje administrativo"; la "desafección" y "frustración" de quienes sí participan porque las administraciones "no explican por qué no es posible aceptar la propuesta que hecho" y "no rinden cuentas".

Según ha explicado, 2023 fue "un año atípico" con un número de reclamaciones -44- más bajo de lo normal mientras que, hasta noviembre de 2024, se recupera la tendencia con 60 reclamaciones. Del total de reclamaciones, el Consejo ha estimado el 75%, similar a años anteriores, y el plazo medio de resolución ha sido de 49 días, el órgano de transparencia que "más rápido responde y resuelve las reclamaciones" en España.

La administración local ha sido el principal sujeto reclamado, con 26; seguido de la Administración foral con 16; el Departamento de Sanidad con 8; Educación con 3; y el resto en diversos departamentos, una fundación pública y un sujeto privado no obligado.

Tal y como ha indicado, la principal causa de reclamación es el silencio administrativo, 25 de las 44 reclamaciones presentadas, el 56,8%. Una cifra que se enmarca en ese "año atípico" mencionado por Beltrán; de hecho, hasta noviembre, el 81,6% de las reclamaciones presentadas es por esta causa.

El presidente del Consejo de la Transparencia ha enmarcado esta realidad, por un lado, a las "carencias organizativas". Así, exceptuando el Gobierno de Navarra, "ningún sujeto obligado ha designado una unidad o empleado responsable de velar por la correcta tramitación". A esto se une la "inexistencia de un procedimiento ad hoc para tramitar las solicitudes", la "falta de formación" y la "sobrecarga" de los empleados públicos.

Juan Luis Beltrán ha recalcado que el silencio administrativo es una "mala praxis", sin embargo, la lesgislación actual no permite sancionarlo. Por ello, el Consejo remitió una propuesta de modificación para modificar la Ley de Transparencia para que se pueda incoar un expediente disciplinario a los empleados responsables del silencio administrativo como "medida de coacción". No obstante, ha abogado "mucho más" por la formación de los funcionarios que por el "castigo", por lo que el Consejo está organizando cursos de transparencia.

Beltrán ha indicado que la colaboración de las Administraciones públicas ha sido "bastante buena". El año pasado, "no colaboraron" con el envío de la documentación requerida el Ayuntamiento del Valle de Egüés y el de Pamploan -ambos en dos ocasiones-, el de Mendaza, el de Puente la Reina y el Departamento de Salud. Además, se han registado dos incidentes de ejecución de resoluciones que no están bien cumplidas.   UPN Y PPN LLAMAN A "DESPOLITIZAR" EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA.

En el turno de los grupos, la portavoz de UPN, Cristina López, ha destacado la necesidad de que el Consejo cuente con personal propio, ahí se demuestra si el Gobierno de Navarra apuesta de verdad" por este organismo. Ha señalado que "se observa una avance muy lento en materia de transparencia" y ha apostado por "despolitizar totalmente" el Consejo de la Transparencia.

Por su parte, el socialista Kevin Lucero ha considerado que el Consejo no está "politizado" y ha preguntado a López "qué problema hay con que formemos parte del Consejo los diferentes representantes políticos". Ha enmarcado el silencio administrativo especialmente en los ayuntamientos y ha apostado por "reforzar la formación en transparencia de los responsables públicos y del personal técnico y establecer mecanismos de apoyo mancomunados para los ayuntamientos más pequeños".

La representante de EH Bildu, Irati Jiménez, ha llamado a "entender la transparencia como un principio rector de toda la labor administrativa" y ha subrayado la "obligación" de dotar a los funcionarios de todas las administraciones de formación y recursos. De la misma manera, ha apelado a estudiar formas de animar a la ciudadanía a participar lo que pasa, ha señalado, por "adecuar el lenguaje" para que sea "mucho más accesible".

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha destacado que el "verdadero problema de la transparencia" es el silencio administrativo que se produce, por un lado, a una "estrategia para ganar tiempo cuando no se quiere dar una información" pero también a que las entidades locales "no están preparadas bien por los recursos técnicos o humanos". No ha compartido la propuesta de Beltrán de "tomar medida punitivas" y ha apostado por la formación.

Desde el PPN, Maribel García Malo, ha señalado que "la transparencia es la base de la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos". Por eso, "el acceso a la información y el buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política". Ha llamado la atención ante la "insuficiencia de medios técnicos y humanos" del Consejo y ha abogado por su "despolitización" porque la presencia de representantes parlamentarios "no está teniendo ningún impacto positivo".

Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha considerado que "despolitizar" el Consejo "sería muy extraño porque la política es el tratamiento de los asuntos públicos y la transparencia es un asunto público". Ha llamado a "reflexionar" sobre esta medida "porque si no quizás estamos asumiendo que los representantes públicos no sabemos hacer nuestro trabajo y sólo hacemos partidismo".