Luz verde definitiva a la Ley Foral de temporalidad con nuevas condiciones para funcionarios

El Parlamento de Navarra ha aprobado definitivamente este jueves la Ley Foral sobre la temporalidad en el empleo público, tras haber ratificado el decreto del Gobierno foral en el pleno del pasado jueves y tramitarlo por la vía de urgencia como proyecto legislativo. La votación ha sido calcada a la del jueves pasado: la norma ha contado con el respaldo de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, mientras que Contigo-Zurekin se ha abstenido y UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti han votado en contra.

La Ley Foral establece un periodo mínimo de permanencia de dos años en la plaza obtenida en un procedimiento selectivo de ingreso antes de poder solicitar una excedencia voluntaria. Esta modificación se introduce por un periodo de dos años. Asimismo, en el supuesto de la concesión del permiso para prestar servicios en otra Administración Pública, además de la permanencia, se restringe a destinos de carácter fijo.

En el pleno de este jueves ha salido adelante dos enmiendas conjuntas de PSN, EH Bildu y Geroa Bai con las que, precisamente, se elimina la excepción que iba a regir en las entidades locales a la hora de exigir esos dos años de permanencia en el puesto antes de poder optar a excedencias voluntarias. Las enmiendas presentadas por Contigo-Zurekin, UPN, PPN y la no adscrita Nosti han sido rechazadas.

También se adoptan medidas de simplificación administrativa en los procesos selectivos de ingreso y concurso de traslados. Se reducen los plazos en las OPEs pendientes de ejecución —2022, 2023, 2024 y OPE parcial de 2025—. Asimismo, en los concursos de traslado, se valorará únicamente la antigüedad y los idiomas, una medida que regirá también en Osasunbidea, pero donde decaerá a los dos años. Y se sustituye la publicación de los actos de trámite en el BON por las fichas web.

Por último, se precisa que el personal contratado en régimen administrativo podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado un procedimiento encaminado a la cobertura definitiva de la vacante, dentro del plazo de los tres años a contar desde la fecha de contratación. Esta previsión se hace extensiva también al personal adscrito a Osasunbidea. La Ley supone también la implantación de medidas específicas en Salud para hacer frente al déficit de profesionales.

“Mejores servicios públicos”

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha afirmado que “desde el inicio de esta legislatura venimos trabajando en dotar de mayor estabilidad al empleo público con la firme convicción de ofrecer un empleo de calidad a nuestros empleados públicos, pero, sobre todo, con el convencimiento de que un empleo público de calidad favorece la prestación de los mejores servicios públicos, que es el fin último de cualquier política de la que llevamos a cabo”.

 “Se trata de limitar el número de excedencias concedidas y reducir la sucesión de nombramientos complementarios que se producen en muchos puestos de trabajo, agilizar los procesos de ingreso en la administración con la simplificación de los trámites, facilitar la ocupación de aquellas plazas de difícil cobertura en salud, ya que la atención primaria de pequeños municipios se ve limitada en estos momentos”, ha defendido la consejera.

PSN, EH Bildu y Geroa Bai, a una

En el turno de los grupos, Ainhoa Unzu (PSN) ha destacado el “esfuerzo ingente” del Gobierno en la estabilización del empleo público, aunque “no es suficiente”, ya que “a la par que se estabilizaban plantillas, también surgían nuevas formas de temporalidad por el incremento de las excedencias voluntarias tras obtener una plaza fija. No es de recibo crear plazas y que no se ocupen”. Asimismo, ha criticado la “demagogia y cinismo de la derecha” en este asunto.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha afirmado que “es necesario que la limitación a las excedencias durante dos años se extienda a las entidades locales, porque, si la medida es buena para la estabilización en la administración foral, también lo es en los municipios”. “No entendemos de dónde saca UPN que hay recortes en la calidad de los servicios públicos, no hay nada en el texto que disminuya la calidad”, ha sugerido.

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha manifestado que se trata de “una reforma valiente de un Gobierno que no esconde los problemas, sino que los afronta y busca soluciones”. A su juicio, la ley “responde a una necesidad urgente, pero también estructural, la de corregir una situación de abuso de la temporalidad en el empleo público, que, más allá de cifras, supone un problema de justicia laboral”.

Contigo-Zurekin se descuelga

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha preguntado el “por qué no todas las medidas tienen carácter temporal para evaluar si han funcionado”. “La transformación se hace con diálogo social, o no se hace, porque es ahí donde de verdad encontraremos los intereses de clase, que combina los derechos laborales con los derechos de la ciudadanía”, ha sentenciado.

Marta Álvarez, de UPN, ha señalado que “el decretazo recortó los derechos de los empleados públicos de la administración foral y, con esta ley, también van a recortar los derechos de los empleados de las entidades locales”. “Arrastran por el fango nuestras normas internas y las garantías de un sistema democrático para adecuarlas a sus exclusivos intereses partidistas”, ha espetado a la mayoría parlamentaria.

Por el PPN, Irene Royo ha denunciado que “con la excusa de reducir la temporalidad en la Administración, toman una serie de medidas que vulneran los principios de mérito y capacidad, principios a los que debe atender cualquier proceso de selección y que deben ser respetados”. “El euskera adquiere un valor por encima de la formación, la investigación y la docencia”, ha señalado también.

Emilio Jiménez (Vox) ha criticado que “los trabajadores tienen sus derechos, pero la obligación de todos los que trabajen en la función pública tienen la obligación de prestar un buen servicio”. Su excompañera, la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, ha apuntado que “este Parlamento tiene una deuda moral pendiente con quienes han sostenido los servicios públicos sin garantías”.