El Parlamento de Navarra ha ratificado en el pleno de este jueves un decreto que endurece las condiciones para obtener una excedencia voluntaria en la función pública e introduce incentivos para cubrir puestos difíciles en el sector Salud. PSN, EH Bildu y Geroa Bai han votado a favor, mientras Contigo-Zurekin se ha descolgado de sus socios para abstenerse y UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita han votado en contra.
El Decreto Ley Foral 1/2025 busca reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas navarras a menos del 8 %, como ya se pretendía con la Ley Foral 19/2022. Para lograrlo, se introducen varias medidas que agilizan procesos y favorecen la estabilidad del empleo público.
Se modifica el régimen de excedencias voluntarias: quienes obtengan plaza en una oposición deberán permanecer al menos dos años en ella antes de pedir excedencia. Además, si se solicita excedencia para trabajar en otra Administración, esta deberá ofrecer un puesto fijo, salvo en el caso de entidades locales navarras.
También se agilizan los procesos de selección y traslado. Se acortan plazos para cubrir plazas pendientes de las OPEs de 2022 a 2025, se prioriza la publicación en fichas web en lugar del Boletín Oficial y se simplifican los méritos valorados en traslados, limitándose a antigüedad e idiomas.
En Osasunbidea, se aplican medidas específicas para paliar la falta de profesionales, incluyendo la posibilidad de usar solo la oposición para cubrir ciertas plazas, facilitando así el acceso a personas con menos antigüedad. Además, se aclara que los contratados pueden seguir en su puesto si hay un proceso en marcha para cubrirlo definitivamente.
Reducir la temporalidad
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha destacado que la tasa de temporalidad en la Administración foral se ha reducido un 63 % en menos de tres años, situándose en una media del 16,36 % a diciembre de 2024, gracias al proceso extraordinario de estabilización, pero, aunque “los esfuerzos llevados a cabo han sido eficaces, pero no suficientes”.
En este sentido, ha advertido de que “diversos aspectos de la normativa están impidiendo que los procedimientos sean plenamente eficaces”, entre los que ha señalado la concesión de excedencias voluntarias tras la toma de posesión, lo que está provocando un “aumento de nombramientos complementarios y ralentizando la conversión de empleo temporal en fijo”.
La consejera ha subrayado que entre 2004 y mayo de 2023 se concedieron 1.913 excedencias, mientras que desde mayo de 2023 hasta la actualidad, en solo dos años, se han autorizado 1.047, multiplicando por cinco la media anual previa. Esto ha derivado en un incremento del 13 % del gasto en personal contratado en plazas reservadas, según datos de la Cámara de Comptos, ha asegurado.
Posición de los grupos
En el turno de los grupos, Ainhoa Unzu (PSN) ha pedido “compromiso, responsabilidad y coherencia con el servicio público” a los nuevos funcionarios que se incorporen a las plazas. Asimismo, ha comentado que el decreto se trata de “cubrir de forma inmediata, permanente y estable los puestos para mejorar el servicio público”.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha enumerado varios casos de plazas que salieron a concurso, se cubrieron y volvieron a quedar vacantes: “Pese al notable esfuerzo realizado, se está frustrando la finalidad de los procesos selectivos, que era cubrir de manera inmediata, permanente y estable los puestos”, ha señalado.
Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha celebrado que “supone un avance, no solo en la reducción de la temporalidad, sino también se van a ver mejorados algunos procedimientos de ingreso y va a redundar en la calidad de los servicios que va a recibir la ciudadanía navarra”.
Desde UPN, Marta Álvarez ha denunciado el “atropello contra los trabajadores, a espaldas de la mayoría sindical”. “La razón de la urgencia y la justificación que el Gobierno de Navarra da a las medidas adoptadas que recortan derechos del personal es su propia ineptitud para reducir la temporalidad, ha insistido.
Irene Royo (PP) ha sugerido que el decreto podría llamarse “fraude, trampa o timo, porque con la excusa de reducir la temporalidad en la Administración toman una serie de medidas que vulneran los principios de mérito y capacidad y discriminan a los funcionarios”, algo “inaceptable en un Estado de derecho”.
En el turno de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha reconocido su “posición incómoda con nuestros compañeros de viaje” y ha explicado su abstención crítica por la forma, la que “la transformación que requiere la administración pública, o se logra mediante el diálogo social, o no se logra”.
Finalmente, desde el grupo mixto, Emilio Jiménez (Vox) ha afirmado que “estamos ante un fracaso y un error”.
