La jueza de la Audiencia Nacional que investiga una presunta trama que robó y vendió datos de organismos públicos y privados, María Tardón, ha acordado este jueves enviar a prisión al que fuera secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y al 'hacker' José Luis Huertas, conocido como 'Alcasec', hasta que queden aseguradas las bases de datos a las que presuntamente habría accedido la trama.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, tras la vista celebrada para escuchar a los detenidos por la 'Operación Borraska', ha decidido poner en prisión incondicional a Martínez, 'Alcasec' y Adrián Molina, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público. Respecto al 'youtuber' Álvaro Martín, el único que no se encuentra en territorio español, la Fiscalía ha solicitado su extradición a Andorra.
La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha tenido en cuenta el riesgo de destrucción o alteración de pruebas respecto a Martínez, y ese mismo y los de reiteración delictiva y fuga, para 'Alcasec' y Molina; todos ellos investigados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos y delito de organización criminal.
Según las fuentes consultadas, Martínez ha declarado durante 30 minutos en los que ha asegurado que solo intentó ayudar a 'Alcasec' tanto en calidad de abogado como a nivel personal, limitando su intervención a la constitución de las empresas con las que operaba el 'hacker'. Así, se ha desvinculado de lo que hiciera con ellas, subrayando que jamás se ha enriquecido con los datos a los que pudiera tener acceso.
Martínez ha contado que, hasta donde él sabía, 'Alcasec' estaba desarrollando un buscador que organizaba con inteligencia artificial (IA) la información obtenida de fuentes abiertas de internet. En el marco del asesoramiento legal que le prestó, Huertas le facilitó el acceso a ese buscador para que el ex secretario de Estado lo probara, ha indicado aseverando que en sus búsquedas no apreció nada fuera de lo normal.
"Servicios personalizados de consulta"
Tras las detenciones y los registros efectuados el martes, la Policía Nacional informó de que la 'Operación Borraska' se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
"La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales", apuntaban los agentes en la nota.
Esta capacidad, añadían, "les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un 'bot' cifrado en una conocida red social".
Toda la operativa, sostiene la Policía, "estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Los investigadores aseguran que "la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas".
Entre las mismas se encontraban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera a través de criptoactivos, el asesoramiento jurídico, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros.
"Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados", añadía la nota.
Rol de Francisco Martínez
La red habría instrumentalizado "sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales".
Fuentes de la defensa de Francisco Martínez indicaron a Europa Press que fue abogado de 'Alcasec' cuando este era menor de edad. En concreto, el que fuera 'número dos' de Interior habría constituido dos sociedades para el hacker a cambio de 1.500 euros.
En esta línea, apuntaban que el papel de Martínez únicamente se habría limitado a la constitución de esas sociedades, que supuestamente no habría administrado ni gestionado. Tampoco se habría ocupado de la contabilidad.
Las citadas fuentes señalaron que los agentes estuvieron registrando su casa desde las 6.30 horas del martes hasta las 19.00 horas del mismo día. Al final del martes, se desplazaron hasta su despacho, practicando registros en su oficina.
Según la Policía Nacional, "uno de los logros más importantes de esta operación ha sido la intervención y recuperación de la infraestructura tecnológica de la red". "A pesar del uso de identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas de acceso, los investigadores consiguieron identificar y desmantelar los servidores principales, así como recuperar las bases de datos alojadas en la nube", añade.
Delitos investigados
La Policía detalla que la operación ha contado con la participación del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía de Andorra.
Además, también han colaborado la autoridad judicial de Andorra, la magistrada de Enlace en Suiza, la Oficina Federal de Justicia y la Policía Judicial-SATI del cantón de Ticino, todos ellos países igualmente afectados por la actividad de esta red.
En el marco de la causa, la jueza investiga delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, particularmente allanamiento o intrusismo en un sistema informático así como apoderamiento y cesión de datos reservados.
