Tres de los constructores investigados en la trama de Ábalos, Koldo García y Cerdán negaron ayer haber pagado mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública. El Tribunal Supremo acogió ayer las declaraciones de Daniel y Toño Fernández Menéndez, de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), y de José Ruz Martínez, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), investigados en la misma causa que ha acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias al expolítico navarro Santos Cerdán, en prisión provisional desde el lunes.
Los tres constructores, que inauguraron la primera de las dos sesiones que el alto tribunal acogerá con la parte empresarial de la trama –el lunes será el turno de Antxon Alonso Egurrola, de Servinabar; y de Francisco Merino, exalto cargo de Acciona–, reconocieron contactos más o menos estrechos con Ábalos y Koldo, pero negaron el pago de mordidas.
Solo respondieron a las preguntas del juez y el fiscal –además de sus respectivas defensas– y el magistrado Puente decretó para ellos la obligatoriedad de firmar en sede judicial cada quince días –los 1 y 15 de cada mes–. Además, en el caso de Pepe Ruz, el juez le ha impuesto la retirada del pasaporte, porque el empresario tiene negocios en el exterior –al menos en Argelia y Panamá– y existe más riesgo, considera el juez, de huir del país.
El juez ve indicios de criminalidad
En un auto, el magistrado considera que sobre Ruz “persisten los indicios de criminalidad” que motivaron su imputación. Ruz, en su condición de socio y administrador –al menos de hecho–, pudiera estar involucrado en la adjudicación de obras públicas a cambio de precio o beneficios económicos.
“café” para hablar seguros En su caso, el juez destaca que utilizó “líneas telefónicas seguras”, como él mismo reconoció en su declaración de ayer, para comunicarse con Koldo García –asesor de Ábalos en el Ministerio de Fomento–, con el que tenía una palabra en clave para hablar de forma discreta: hablar de “café” o “cafetera”, como reconoció también Ruz en su declaración.
De esta manera, considera el magistrado, Ruz podría haber obtenido para su empresa obras en la A-12 (Autovía del Camino), en Dos Hermanas y Los Palacios (Sevilla), la estación del AVE en Elche o el acondicionamiento de una carretera en Teruel. La A-12 es una autovía que transcurre muchos kilómetros en suelo navarro, porque va de Pamplona a Logroño. Pero luego sigue un poco hasta Burgos y las obras bajo sospecha están en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Burgos). Esta mediación mediante precio o beneficio económico para conseguir adjudicaciones le hacen sospechoso, dice el juez, de haber cometido los delitos de integración en organización criminal y cohecho activo. Es decir, el que paga la mordida.
Son los mismos delitos que investiga el juez para Daniel y Toño Fernández Menéndez, que son hermanos. Daniel es el administrador de OPR y el juez investiga dos obras –en Asturias y Monforte– bajo sospecha de haber sido adjudicadas de manera fraudulenta, con el director general de Carreteras –Javier Herrero, también imputado en esta causa– de por medio y pese a que OPR no era la mejor oferta. Además, el juez cree que tanto Daniel como Toño mediaron para que la esposa de Koldo García obtuviera un trabajo en una empresa vinculada a OPR, como Anfersa.
