La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel para el novio de Ayuso por fraude fiscal

La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de cárcel por fraude fiscal paraAlberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

Esta es la petición que hace la Fiscalía según el escrito que el ministerio público ha enviado al juzgado que investiga el caso.

El pasado 29 de mayo, la jueza que investiga a González Amador le procesó en la causa en la que le investiga por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, en el marco de la pieza en la que investiga a González Amador y a otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.

El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.

Fraude fiscal entre 2020 y 2021

Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.

En esta causa han declarado, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial, Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado fiscalista que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió la inspección.

Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.

La filtración de ese correo desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, causa por la que está procesado.