El Gobierno de Navarra insiste en que los informes de la Oficina Anticorrupción reflejan solo “errores administrativos”

La portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha defendido este martes que los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) no acreditan ningún daño patrimonial, ni conflicto de intereses ni irregularidades de carácter ilegal, sino que recogen únicamente “errores de orden administrativo”.

En la rueda de prensa posterior a la sesión semanal del Ejecutivo foral, López ha subrayado que “no se trata de ilegalidades y mucho menos de cualquier tipo de corrupción ni nada parecido”. Según ha remarcado, el Gobierno trabaja “con seguridad e impecabilidad”, aplicando “criterios de transparencia y triple auditoría” en su gestión.

La portavoz ha explicado que el criterio de la OANA “contradice a la asesoría jurídica del Gobierno” y que en este momento distintos departamentos están elaborando “informes técnicos, administrativos y jurídicos” para profundizar en el análisis de los expedientes revisados. “Hay que ser muy serios y rigurosos, y de hecho así es como estamos trabajando”, ha afirmado.

López ha destacado además que la intervención de la Oficina Anticorrupción se produjo “porque el Gobierno lo ha solicitado”, y ha recordado que también han actuado la Cámara de Comptos y la auditoría que el Ejecutivo mantiene en marcha. “Tenemos una apuesta clara por la transparencia, no paramos de decirlo”, ha dicho.

En cuanto a las posibles medidas a adoptar, ha reconocido la existencia de errores administrativos y ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a corregirlos: “Queremos acogerlos y estamos dispuestos a abordar la modificación de la Ley de Contratos o los procedimientos que haga falta”.

Preguntada por las declaraciones en el Congreso de los Diputados de Oskar Matute (EH Bildu) que apuntaban a un presunto control de la OANA por parte de su partido político, la portavoz ha rechazado pronunciarse: “En declaraciones políticas este Gobierno nunca se posiciona. Queda en el ámbito de los grupos políticos, no de la acción de Gobierno”.

"Ninguna ilegalidad"

Sobre las críticas a que la Oficina Anticorrupción considere que tres de los cuatro expedientes revisados deberían haberse anulado, frente a la valoración del Gobierno de que se trata de simples errores administrativos, López ha respondido que “en todos los informes quedan acreditadas irregularidades administrativas, ninguna ilegalidad”. En este sentido, ha insistido en que los consejeros competentes darán todas las explicaciones oportunas en sus comparecencias parlamentarias y que “no hay que confundir ni buscar confundir”.

Para reforzar su posición, ha citado expresamente una comparecencia en el Parlamento del presidente de la Cámara de Comptos, que sobre el contrato de Belate señaló, según recordó López: “Tras el análisis detenido y en profundidad de nuestra asesoría jurídica, no se detectó ninguna responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza”.

Al ser cuestionada sobre si el Gobierno respalda la gestión realizada en su etapa de exgerente de Nasuvinsa por el actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, López se ha limitado a señalar que respalda al consejero “en tanto compañero de este Gobierno” y ha aprovechado para llamar a la “responsabilidad y precaución en estos momentos de riesgo extremo por incendios forestales”.

Respecto a las diferencias entre la OANA y la Cámara de Comptos, la portavoz ha apuntado que se trata de organismos distintos: “La Cámara de Comptos tiene una trayectoria histórica, es casi un tribunal de cuentas en Navarra. Y la OANA es una oficina, ni más ni menos”. En cualquier caso, ha defendido que habrá que esperar a la conclusión de la “triple auditoría” y a los informes jurídicos de los departamentos antes de cerrar valoraciones definitivas.

Finalmente, López ha respondido a las críticas de quienes sostienen que los informes de la OANA hablan de incumplimientos “flagrantes y palmarios”. Según ha dicho, el Ejecutivo no ha tenido aún tiempo de presentar alegaciones y lo que se está planteando es “ver cómo corregir y evitar ese tipo de irregularidades administrativas, cómo mejorar, y la Ley de Contratos es en ese sentido una pieza clave que queremos abordar”.