El arranque de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas ha dejado al descubierto las costuras de la mayoría progresista. Los grupos políticos se han enzarzado este miércoles en un duro cruce de acusaciones en torno al orden de las comparecencias, la duración de los turnos de palabra y el número de sesiones semanales. La sesión interna, calificada como de “debate complejo” por la presidenta de la comisión, Irati Jiménez, se saldó con un resultado ajustado —26 votos a favor frente a 23 en contra— que se alejó del juego de mayorías habitual.
Geroa Bai celebró que se aprobara su propuesta con algunos ajustes. Pablo Azcona subrayó que abrir con Belate es la mejor manera de “dar explicaciones sobre una obra que está viva” y de despejar dudas sobre la gestión del Gobierno. Aseguró que la propuesta fue elaborada con “rigor absoluto” y destacó que las comparecencias pueden llegar a durar siete horas, un tiempo que considera más que razonable, sin que ello condicione la actividad parlamentaria.
UPN defendía que la primera comparecencia debía ser la de Santos Cerdán. Sin embargo, el ex ‘número 3’ del PSOE comparecerá en el puesto 24 de la lista, lo que Javier Esparza criticó al considerar que “todo pivota en relación a su figura”. El portavoz regionalista también cargó contra la limitación de 60 minutos por grupo para interrogar a cada compareciente, una fórmula que consideró insuficiente.
Desde el PSN, Javier Lecumberri también expresó su desacuerdo con el modelo aprobado. A su juicio, lo lógico habría sido que comparecieran primero las empresas y personas directamente vinculadas con adjudicaciones investigadas, como Acciona, Servinabar, Koldo García o el propio Cerdán, para después pasar a las obras en orden cronológico. El parlamentario socialista consideró que UPN, PP, Vox y Geroa Bai han impuesto un plan que “carece de lógica”, lo que alargará los trabajos hasta el verano.
EH Bildu también cuestionó el plan. Su portavoz, Adolfo Araiz, defendió que lo “más coherente” habría sido un orden cronológico de las comparecencias, comenzando por Geoalcali y el proyecto de Mina Muga para finalizar con Belate. Además, acusó a la derecha de diseñar una estrategia para alargar los plazos y criticó a UPN por querer “convertir esta comisión en un interrogatorio judicial”, llegando a definirles como “fiscales frustrados”. “Solo defendemos nuestras posiciones y la máxima transparencia”, recalcó.
Contigo-Zurekin también mostró su rechazo al resultado de la sesión. Miguel Garrido reprochó a Geroa Bai que se “alineara con la derecha” para retrasar las comparecencias de Acciona, Koldo García y Santos Cerdán, y criticó que la fórmula elegida “alargue innecesariamente los trabajos” en lugar de facilitar unas conclusiones rápidas y claras para la ciudadanía.
En el otro extremo, el PPN y Vox endurecieron su discurso. El popular Javier García sostuvo que la comisión “es un mercado de silencios” en el que el PSN “blanquea el terrorismo” y EH Bildu “blanquea la corrupción”. Criticó que no figuren en la lista de comparecientes nombres como la presidenta María Chivite o la expresidenta Uxue Barkos, y acusó al Gobierno de intentar que la investigación “pase sin pena ni gloria”. García reclamó depurar responsabilidades políticas, incluida la dimisión de Chivite, “para que Navarra gane en credibilidad”. Por parte de Vox, Emilio Jiménez fue aún más tajante al calificar la comisión de “teatrillo de malos actores”
