Chivite se defiende en el Senado y acusa al PP de convertir la comisión en "un circo romano"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido este lunes en la comisión de investigación del Senado la honorabilidad de su gestión, negando cualquier influencia en las adjudicaciones de obra pública y subrayando que “en ningún momento” el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, le consultó sobre contratos del Ejecutivo foral.

“Consultas sobre adjudicaciones públicas de Navarra, a mí no me ha hecho”, zanjó la jefa del Ejecutivo autonómico ante las insistentes preguntas de senadores del PP y de UPN, que centraron sus intervenciones en su relación con Cerdán y en la licitación de las obras de los túneles de Belate.

Chivite reconoció que pidió en varias ocasiones a Santos Cerdán que la acompañara a reuniones en ministerios “en calidad de diputado navarro” para reclamar inversiones en infraestructuras como la N-121 A, pero insistió en que nunca trató con él cuestiones relacionadas con adjudicaciones.

“Me acompañaba como diputado por Navarra, y la tarea de los diputados y senadores es reclamar infraestructuras e inversiones. Yo con él despachaba política navarra, pero no adjudicaciones”, subrayó. Además, reveló que la última vez que habló con Cerdán fue la mañana del día en que se conoció el informe de la UCO que precipitó su dimisión.

La presidenta recordó que conoce a Koldo García, pero precisó que no ha tenido “ningún contacto con él” en calidad de presidenta de Navarra, solo cuando ejercía como secretaria general del PSN.

Belate, “con plena seguridad jurídica”

En relación con los túneles de Belate, Chivite aseguró que se trata de un proyecto de legislatura y que el procedimiento contó con “plena seguridad jurídica”. Defendió que fueron las mesas de contratación, de carácter técnico, quienes resolvieron las licitaciones. “Desde que soy presidenta ha habido más de mil mesas de contratación. Mi única directriz política fue que esta obra debía realizarse como proyecto de legislatura”, remarcó.

Asimismo, señaló que fue su propio Gobierno quien encargó informes adicionales a la Cámara de Comptos y a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) para reforzar la transparencia, y que dichos documentos solo detectaron “irregularidades administrativas”, pero no ilegalidades. “Me hubiera gustado que los informes hubieran salido mejor, sin duda, pero no tengo miedo a lo que salga. Hablan de irregularidades administrativas, no de delitos”, recalcó.

Chivite también respondió a las acusaciones sobre supuestas injerencias de Cerdán en el nombramiento de cargos de su Ejecutivo. Explicó que eligió a Bernardo Ciriza como consejero de Cohesión Territorial por su “trayectoria personal y capacidad de trabajo”, y que se apoyó en la opinión de “muchos compañeros” antes de tomar la decisión. Sobre el actual consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, aclaró de manera tajante: “Óscar Chivite no es hermano de mi padre. Mi tío, no es”.

En relación con Ramón Alzórriz, exportavoz parlamentario socialista y ex vicesecretario general del PSN, justificó su relevo por haber perdido su confianza personal después de que ocultara que su pareja trabajaba en la empresa Servinabar. No obstante, afirmó que “no ha cometido ningún delito” y por ello mantiene su escaño.

Tensión con PP y UPN

El interrogatorio estuvo marcado por la tensión que provocó la derecha. El senador del PP Alejo Miranda insistió en cuestionar a la presidenta por su cercanía con Cerdán, llegando a mostrar una foto de ambos saludándose con gesto militar y preguntándole si se consideraba en deuda con él “por hacerla candidata”. Chivite respondió con firmeza que fue elegida “por la militancia” y no por designación de nadie.

Tras la intervención de la senadora de UPN, María Caballero, la presidenta comparó la sesión con “los tribunales de la Inquisición”, asegurando que se le pedía demostrar su inocencia frente a acusaciones infundadas. “Esto es invertir la carga de la prueba”, lamentó.

También rechazó las insinuaciones sobre reuniones con el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, explicando que solo trató con él una obra anterior ya concluida y que no recordaba una supuesta comida conjunta en septiembre de 2023.

En otro momento, denunció que una senadora del PP le estaba tomando fotos durante la sesión, algo que calificó de “inapropiado”. El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez Lamata, le dio la razón y recordó que no se pueden hacer imágenes en la sala, aunque reprochó a todos los grupos que “se han tomado muchas fotos indebidamente”.

EH Bildu y Geroa Bai critican la comisión

Los senadores de EH Bildu y Geroa Bai acudieron a la sesión, pero decidieron no formular preguntas a la presidenta. Ambos partidos justificaron su presencia únicamente por respeto institucional. Desde Geroa Bai, Uxue Barkos opinó que este tipo de comparecencias “deberían sustanciarse en el Parlamento de Navarra” y criticó que UPN haya querido “poner el foco en la primera institución de Navarra” cuando ya existe una comisión foral que abordará el caso Belate. Barkos lamentó que “intereses y urgencias partidistas impliquen el nombre de nuestra comunidad”, recordando que en los expedientes judiciales “no figura ninguna acusación de corrupción vinculada a la obra pública de Navarra”.

Por su parte, el senador de EH Bildu, Josu Estarrona, explicó que su grupo decidió no participar en esta comisión por entender que “responde a una estrategia partidista del PP”. A su juicio, la lista de comparecientes “demuestra semana tras semana que esta comisión funciona a demanda de los intereses de Génova y solo busca instrumentalizar los casos en beneficio de su estrategia”. Estarrona subrayó que asistieron únicamente “por respeto institucional a una lehendakari de nuestro país” y calificó la citación de Chivite como “una vendetta de las derechas navarras” tras no prosperar su propuesta de comparecencia en el Parlamento foral.

En su intervención final, Chivite insistió en que afronta el proceso “con transparencia total” y sin temor a lo que puedan arrojar investigaciones o grabaciones. “No tengo ningún miedo de lo que pueda salir en esos audios”, respondió al PP. “Unos rompéis discos duros y otros encargamos auditorías”, replicó la presidenta, recalcando que ella ha optado por reforzar la transparencia frente a las acusaciones. “Defiendo la honorabilidad de mi Gobierno y la mía propia. Ni yo ni mi Ejecutivo hemos cometido ilegalidad alguna”, concluyó.