Final cantado para Correa y el resto de acusados en el ‘caso Gürtel’

En el PSOE ven con alivio como la actualidad judicial trasladará su foco, aunque sea solo temporalmente, de su sede de Ferraz a la del PP en Génova. Tras meses de sobresaltos constantes por los detalles cada vez más sórdidos del llamado caso Koldo, por el cerco del juez Peinado a la esposa del presidente Sánchez y por la inédita apertura de procesionamiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la atención recaerá en las próximas semanas en una causa que implica de lleno a la formación que actualmente preside Alberto Núñez Feijóo. Y es que, a partir de hoy mismo, la Audiencia Nacional albergará el punto y final de todo un clásico de la corrupción: el caso Gürtel. Esta macrocausa por corrupción tiene su origen hace ya 18 años, en 2007, y ha dado lugar a más de una decena de juicios. En el último de ellos se sentarán en el banquillo varios de los cerca de cien condenados a cárcel vinculados a esta trama. La mayoría de ellos asisten a la vista por esta última pieza separada pendiente de resolución con los de beres hechos y conociendo el desenlace de antemano, después de haber pactado con la Fiscalía Anticorrupción una rebaja de su condena. Es el caso del cabecilla principal de la Gürtel, Francisco Correa, y de su mano derecha, Pablo Crespo, exsecretario del PP gallego.

En total, son 26 los acusados citados para este último juicio, de los que solo unos pocos han rehusado por el momento llegar a acuerdos con el Ministerio Público. Esta circunstacia ha obligado a que finalmente se deba acometer el procedimiento, que probablemente se prolongue hasta el 20 de noviembre.

Correa y Crespo pactaron con la Fiscalía una rebaja de la condena a cambio de reconocer los hechos por que están procesados: la comisión de delitos fiscales y el blanqueo en la trama que se fraguó en comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP. Para ambos se solicita, en principio, una pena de 77 años de cárcel por una veintena de delitos fiscales, dos de blanqueo y falsedad documental.

A los líderes de la trama se les imputan delitos contra Hacienda con motivo de la ocultación de patrimonio, “en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas”, según recoge la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. En él explica que, al menos desde finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con “con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión”. La estructura empresarial para la que Correa obtenía esos contratos se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes y “se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos”. Para ello, él y Crespo tuvieron la “connivencia” de otros acusados para armar una “trama de confección de facturas falsas”.

A los hechos relatados en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción se suman las explicaciones que, sobre su proceder, aporta el propio Correa en un documento remitido a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgará estos hechos, en el marco del pacto para la rebaja de condena. En él, el máximo cabecilla de la trama detalla que Crespo, y Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la trama, fueron quienes se ocuparon de sus asuntos societarios y fiscales, y que hay muchas sociedades creadas por estos y Vicente Agramunt, que constan en el escrito de acusación de Fiscalía como responsables civiles.

En cuanto al patrimonio que mantenía oculto en el extranjero, principalmente en Suiza, señala que estaba a cargo de los gestores de sus cuentas en el país helvético, Arturo Fasana y Dante Canónica, y que fue Blanco Balín quien se los presentó.

Según su relato, en un momento determinado quiso regularizar ese dinero, pero Blanco Balín le disuadió asegurándole que ese dinero estaba protegido en la cuenta ‘Soleado’, utilizada por personas de “máxima relevancia” en España como el rey Juan Carlos, “lo cual lamento ahora enormente”, asegura.

CUENTAS EN SUIZA

Correa, que se encuentra en tercer grado o semilibertad tras cumplir 10 años en prisión, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil. Tras mencionar la implicación de algunos de los acusados en la ocultación de su patrimonio, Correa trata por contra de exculpar en su escrito a la Audiencia Nacional a su primo Antoine Sánchez, detenido junto a él en 2009, cuando estalló el caso Gürtel, y que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por blanqueo. “A Antoine fui yo quien le metió en estos hechos, y él actuó fiándose de mí por nuestra relación familiar, y siento mucho haberle perjudicado. En todo caso, quedó en un mero intento”, asegura.

Por su parte, Crespo también ha remitido un escrito de reconocimiento en el que asume que era él quien “daba las instrucciones a quienes dirigían” las empresas del llamado Grupo Correa, entre ellas, a la acusada Isabel Jordán, una de las primeras en abrirse a pactar con Fiscalía cuando se inició la vía judicial.

BÁRCENAS

Y es que los pactos con la Fiscalía han sido precisamente la tónica en los últimos juicios por esta trama. En el primero de ellos, el conocido como Gürtel Época 1, Correa decidió por primera vez colaborar con la Justicia para tratar de obtener beneficios en su condena, mientras que el resto de acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, que fue condenado a 29 años de cárcel, siguieron negando los hechos en aquella primera ocasión para después abrirse a pactar.

En esa primera sentencia por el caso Gürtel, dictada en 2018 y en la que se apoyó la exitosa moción de censura planteada por el PSOE de Pedro Sánchez, el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo en los beneficios que obtuvo la trama en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Una imputación como partido a la que estos días se agarrarán en Ferraz en su batalla diaria con Génova.

Lesión de un joven

Ertzaintza. La Ertzaintza ha abierto una investigación interna por las presuntas lesiones causadas a un joven en los altercados, “tras haber tenido conocimiento de los supuestos hechos a través de los medios de comunicación, y no de manera oficial, ya que a estas horas no consta ninguna denuncia”, informó en una nota. Bildu cree que podría ser una actuación “ilegal” y se disparó con foam causando heridas en la cara.