Uno de los letrados de Belate califica el proceso de adjudicación como “inusual”, pero descarta presiones políticas

El vocal de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, Gonzalo Pérez Remondegui, ha afirmado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que el procedimiento de adjudicación de este proyecto fue “inusual” y “no conforme a la ley”, subrayando que el sistema utilizado estaba “viciado” y que el proceso debía haberse declarado nulo por motivos formales, aunque ha reconocido que no recibió ningún tipo de presión política.

Gonzalo Pérez Remondegui fue director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona durante los mandatos de tres alcaldes de UPN: Yolanda Barcina, Enrique Maya y Cristina Ibarrola. Durante su etapa como personal de confianza del equipo de Gobierno del Consistorio de la capital, elaboró informes para el grupo municipal de Navarra Suma, en horario laboral y desde su ordenador oficial. Las más de 30 horas de trabajo para la coalición de UPN con PP y Ciudadanos consistieron en preparar alegaciones que la derecha presentaría contra la planta de residuos de Imárcoain, algo que defendió el entonces concejal delegado de Urbanismo, Juan José Echeverría, hoy en día concejal del principal grupo de la oposición en Pamplona. 

El letrado, representante de la Junta de Contratación en la mesa, fue designado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos tras la renuncia de otra vocal, y ha explicado que su papel se limitó a garantizar la legalidad del expediente. Durante su intervención, ha insistido en que no recibió presiones políticas ni injerencias externas, y que su voto particular —emitido durante la valoración de las ofertas— se basó únicamente en consideraciones jurídicas.

Un procedimiento “excepcional”

El letrado ha calificado el expediente como “excepcional dentro de su trayectoria profesional” y ha recordado que fue la primera vez que se vio en la obligación de formular un voto particular en una mesa de contratación. Según ha explicado, la valoración de las ofertas carecía de motivación suficiente, lo que, en su opinión, vulneraba los principios de igualdad y transparencia recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En concreto, ha señalado que las puntuaciones otorgadas por los ingenieros “no estaban motivadas” ni incluían una comparación entre las ofertas, como exige la normativa. “La valoración debe reflejar las características de la oferta seleccionada y por qué se elige frente a las demás. Aquí no había comparativa”, ha señalado, apuntando además que la Cámara de Comptos ya advirtió esta deficiencia en su informe.

Pérez Remondegui ha defendido que la garantía de la legalidad del procedimiento corresponde al secretario, al interventor y al propio letrado, no a los técnicos, cuya función se circunscribe al ámbito estrictamente técnico.

Críticas al sistema de votación

El vocal ha expuesto que el sistema de adjudicación se acordó antes de su incorporación a la mesa y que presentaba un “vicio de procedimiento” al introducir un trámite intermedio en el que el presidente recogía primero las votaciones de los demás miembros y elaboraba después un informe conjunto. Según su análisis, ese método podía alterar la objetividad del proceso, ya que el presidente disponía de información que el resto de vocales no tenía en el momento de emitir su voto.

El letrado ha relatado que durante las reuniones se comentó que el presidente, Jesús Polo, podría haber puntuado conociendo previamente las valoraciones de los demás ingenieros, algo que —según comprobó— modificó el resultado final de la adjudicación, que recayó en la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar. No obstante, ha aclarado que no pone en duda la honestidad personal de Polo, sino que su crítica se centra en el procedimiento adoptado.

Sobre el intercambio de correos entre el presidente y el secretario de la mesa, ha recordado que ambos mantenían posiciones distintas: el secretario consideraba que el procedimiento presentaba un vicio de nulidad, mientras que el presidente entendía que se le acusaba de deshonestidad. Pérez Remondegui ha insistido en que “se confundió el problema del sistema con la conducta personal del presidente”.

Nulidad del proceso 

Uno de los puntos más controvertidos de su declaración ha sido la actuación del entonces director general de Obras Públicas, quien, tras la disolución de la mesa, pidió un informe de solvencia. Para Pérez Remondegui, esta decisión no era competencia del órgano de contratación, ya que las funciones de la mesa están claramente delimitadas por la ley. “Ese es un requisito de nulidad. El órgano de contratación es manifiestamente incompetente para realizar actuaciones atribuidas legalmente a la mesa”, ha sostenido.

Por este motivo, ha afirmado que la adjudicación debió ser declarada nula de pleno derecho, y que la Junta de Contratación Pública de Navarra tendría que haber emitido un informe para garantizar la legalidad del procedimiento. “Si yo hubiera sido Gobierno, habría esperado a ese informe”, ha asegurado.

Investigación sobre Servinabar

Preguntado por la investigación policial abierta posteriormente sobre Servinabar, una de las empresas adjudicatarias en UTE con Acciona y Osés, Pérez Remondegui ha reconocido que la noticia le resultó “impactante”, aunque ha precisado que su actuación se limitó al procedimiento administrativo y que no tiene capacidad para afirmar ni descartar que existieran irregularidades o mordidas.

“Yo hice lo que tenía que hacer conforme a la ley”, ha dicho, reiterando que su responsabilidad fue velar por la legalidad del proceso y no por los aspectos técnicos o externos.

Frente a las declaraciones de otros comparecientes que habían hablado de una supuesta “guerra” entre las partes jurídica y técnica de la mesa, Pérez Remondegui ha negado que existiera tal enfrentamiento. Según ha dicho, hubo “conversaciones y argumentos encontrados” sobre la forma correcta de motivar las puntuaciones, pero “en absoluto una guerra”.