Iñigo Iruin: “La tortura es violencia de Estado, del poder legislativo, ejecutivo y judicial”

La Red de Personas Torturadas en Navarracelebró el jueves la primera jornada de su conferencia internacional en el Colegio de Médicos dePamplona. En ella intervino el abogado Iñigo Iruin (Donostia, 1953), letrado en los casos de Lasa y Zabala, Mikel Zabalza o Naparra, que habló de ‘Tortura e impunidad en el Estado Español’. Además de su labor como penalista Iruin fue senador entre 1989 y 1993 de Herri Batasuna y parlamentario por Euskal Herritarrok en la Cámara de Gasteiz entre 1998 y 2001.

“Hablar de tortura no es hablar de violencia policial, es hablar de violencia de Estado” en “sentido muy estricto”, dijo Iruin. Lo que “posibilita esa impunidad”, a su juicio, es que sus “tres poderes clásicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, actúan “de manera conjunta”. La tortura fue “una decisión de Estado”, insistió Iruin, que explicó que “los mandos antiterroristas” utilizaban el eufemismo de ‘trabajar con red’. Para ello dichas tortura debía ser “jurídicamente inexistente”, y que no hubiese pruebas ni se llegase a los tribunales. “Para hacerla invisible el Estado hace un plan que le permita esa impunidad”, aseveró.

Poder legislativo

“Una serie de leyes posibilitaron que la tortura fuese difícil de probar si llegaba la denuncia”. La legislación antiterrorista fue clave, añadió Iruin, que se detuvo en la incomunicación, la prórroga de detención y hasta 1983 la ausencia de letrado para el detenido. La ley de Secretos Oficiales también contribuyó para “impedir determinadas actuaciones procesales”, por ejemplo, en el caso de Mikel Zabalza. O los “fondos reservados” para financiar y premiar a quienes participaban en esos actos”. O el Código Penal del 73, “donde no existía la palabra tortura”.

Poder ejecutivo

“El Ministerio del Interior sabía que se estaba torturando”, apuntó el abogado. “Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actúan bajo la dirección del Gobierno”. Según explicó Iruin, la tortura se practicaba con agentes de las “unidades especiales antiterroristas”, que “trabajaban con absoluta autonomía y de manera totalmente antirreglamentaria. Tenían un gran poder, actuaban al margen de la jerarquía del propio Cuerpo”. Además, “actuaban en la clandestinidad, porque no tenían ningún control de nadie”. Así, “surgió una frontera entre la actuación policial y el poder judicial”, algo que volvió a ejemplificar con el caso de Mikel Zabalza.

Poder judicial

“La Audiencia Nacional es otra pieza clave”, afirmó Iruin, con “absoluta e inusitada dependencia del Ministerio del Interior y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. Además criticó la “absoluta pasividad” de los jueces de instrucción antes y después de que llegue el detenido. “No he conocido nunca a un juez que se haya personado en dependencias policiales sobre la base a quejas o denuncias de malos tratos que aparezcan en los informes que le llegan del médico forense, no lo he conocido nunca en 45 años de ejercicio profesional”, salvo en el “caso de Egunkaria, en donde, según contó, “a uno de los detenidos le tuvieron que ingresar en el hospital y se planteó un habeas corpus”, y no le quedó más remedio que desplazarse al hospital, aunque ya los informes forenses que estaba recibiendo le estaban avisando de que ese detenido se encontraba en mala situación”.

En definitiva, resumió este abogado, “tenemos miles de denuncias de tortura en Euskal Herria y 20 sentencias firmes de condena, que además se refieren a hechos ocurridos entre 1979 y 1984. Solo hay una excepción, el caso de Kepa Urra, torturado en 1992”. Entre el 79 y el 84, prosiguió Iruin, “los detenidos no eran trasladados ni a Burgos ni a Madrid” y las denuncias de torturas las investigaban juzgados más cercanos, donde intervenían los forenses con una labor “mucho más concreta y detallada”.

Iñigo Iruin habló de “la impotencia del derecho frente a la tortura, y de la debilidad del Estado de derecho ante la llamada razón de Estado”, que contribuye a “mantener que la tortura es un residuo del pasado, una violencia policial de unos funcionarios cualesquiera”. “El problema de la tortura es el de poner límites al poder del Estado”, concluyó Iruin.