Bolaños ve una "victoria rotunda" el dictamen del Abogado del TJUE avalando el grueso de la Ley de Amnistía

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de "victoria rotunda" la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este jueves ha descartado que su tramitación responda a una "autoamnistía" o afecte a intereses financieros de la UE.

Bolaños ha hecho estas breves declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, apuntando que solo ha podido ver el resumen del dictamen y una vez lo lea al completo comparecerá ante los medios.

Victoria "rotunda"

En la misma línea, fuentes gubernamentales consideran "magnífico" el contenido de la resolución emitida por el Abogado General del TJUE, que señala que algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía pueden ser incompatibles con el derecho comunitario --como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso--; aunque descarta la "autoamnistía" o que esta colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a los intereses financieros de la Unión.

La opinión del letrado europeo no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos. El TJUE ha recibido cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la amnistía en cuatro asuntos, pero hasta la fecha sólo se han celebrado vistas para dos de ellos, que es sobre los que se pronuncia este jueves el abogado luxemburgués Dean Spielmann.

Abre la vía para la vuelta de Puigdemont

En concreto, se refiere primero a la responsabilidad contable del expresidente de Catalunya Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del 'procés'. El segundo asunto sobre el que se pronuncia responde a la consulta remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.