La UCO acusa a Cerdán de ser el enlace con Acciona a cambio de una ‘mordida’ del 2%

A primera hora de la mañana del pasado viernes, varias unidades de la Guardia Civil cruzaron de forma coordinada las puertas de las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla y en Noran y Erkolan en Donostia. Tras ello, el magistrado instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha levantado el secreto de los registros y además ha citado a tres investigados vinculados con Acciona

Según se desprende del informe de la UCO, a través de Servinabar -que los agentes de la Guardia Civil insisten en vincular con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán aunque la empresa lo niega-, el exnúmero 3 del PSOE se llevaba el 2% de las obras en las que participaba como colaboradora de Acciona Construcción y en las que Cerdán sería el enlace. Ese porcentaje, siempre según el cómputo de la UCO, ascendió a más de 6,7 millones de euros, lo que supone el 75,33% de los ingresos totales de la empresa navarra desde su constitución. Un volumen que, a juicio de la Guardia Civil, convierte esa relación en su “principal fuente de financiación”.

La UCO se remonta a 2015. Ese año, recién constituida Servinabar, su administrador Antxon Alonso firmó con el entonces directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, un “acuerdo de colaboración” de apariencia técnica y empresarial: explorar oportunidades de negocio conjunto, constituir UTEs si fuese necesario y permitir que Servinabar se subcontratase en proyectos de la multinacional.

La Guardia Civil no considera aquel documento “un simple pacto marco”. Según sus conclusiones, el acuerdo fue la piedra fundacional de una estructura que se articularía después de forma personal e informal, con reuniones discretas entre Alonso, Pelegrini y Cerdán, y en ocasiones con medidas de seguridad extraordinarias. Según los agentes, las medidas de seguridad adoptadas fueron el apagado de los teléfonos móviles, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para “garantizar una mayor privacidad y anonimato”, o la comunicación con “anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias”.

A todo ello, la UCO suma un contrato privado de compraventa de participaciones firmado en 2016 entre Alonso y Cerdán, por el cual este último adquiría el 45% de Servinabar. El exdirigente socialista ha defendido que el documento nunca se elevó a público y, por tanto, no tuvo validez. Sin embargo, la UCO pasa por alto este detalle y considera que el hallazgo del contrato es suficiente indicio de que él y su entorno se habrían beneficiado económicamente del patrimonio de la empresa.

Tres adjudicaciones

El informe de la UCO señala tres proyectos concretos en los que se habría producido la operativa sospechosa: obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, dos licitadas por la Dirección General de Carreteras y la tercera por Adif. Los expedientes se encontraban en fase de licitación en 2019, mientras José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes.

La UCO sostiene que, en esos casos, Acciona y Servinabar firmaron primero un memorándum previo al arranque del expediente y, una vez adjudicada la obra a la multinacional, sellaron un contrato de prestación de servicios que garantizaba el ya mencionado 2% del importe total.

En el relato de los agentes, estas obras no solo implican a Alonso, Pelegrini y Cerdán. También apuntan a que de esos proyectos habrían derivado presuntos pagos al exministro Ábalos y a su entonces asesor, Koldo García, supuestamente gestionados por Santos Cerdán. Un circuito económico que la investigación trata ahora de verificar a través del análisis de dispositivos, correos y documentación incautada.

El caso Mina Muga

Entre los proyectos bajo la lupa de la UCO destaca el de Mina Muga, uno de los primeros en rubricarse tras el acuerdo de colaboración. En él, los agentes creen haber detectado el papel de intermediación política de Alonso y Cerdán con la Administración, lo que habría consolidado la relación de Servinabar con Acciona como socio recurrente. El informe policial menciona varios encuentros en 2019 entre Alonso, Pelegrini y Cerdán, fechas que coincidirían con las fases de licitación de las obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliú. Para los investigadores, esa coincidencia temporal no es un hecho menor.

Por todo ello, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso, no tardó en mover ficha tras recibir el informe, y llama a declarar, además de Pelegrini, a Tomás Olarte, director de la zona norte, y Manuel José García, responsable de la zona sur.

Los tres están ya citados como investigados el próximo 3 de diciembre, en declaraciones escalonadas a lo largo de la mañana. La constructora había cesado a Pelegrini meses atrás, en junio, tras conocer las primeras menciones a su nombre en informes policiales.

Tras los registros del viernes y con los materiales incautados asegurados -incluidos teléfonos y equipos informáticos de directivos y oficinas-, el juez ha decidido levantar parcialmente el secreto que afectaba a estas diligencias, convencido de que la fase más sensible de la operación ya ha concluido.