El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado enviar a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a prisión provisional sin fianza de cara al juicio por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en prisión. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, la decisión se tomó tras celebrar vistillas para revisar sus medidas cautelares, que hasta ahora consistían en la prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.

El juez ha aceptado las peticiones del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y de las acusaciones populares encabezadas por el PP, quienes reclamaban prisión al considerar que, enfrentándose ahora a hasta 30 años de cárcel, el riesgo de fuga se había incrementado drásticamente. Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, serio y sin hacer declaraciones, y al final de la vista aseguró al juez que “no tengo dinero ni a dónde ir”, insistiendo en que no se piensa fugar. Fuentes presentes indican que estaba “destrozado” y muy nervioso durante la espera.

Su abogado, Carlos Bautista, defendió que no existe riesgo de fuga y que enviarlo a prisión sin condena supondría una vulneración de su derecho a representar políticamente a los ciudadanos. Además, denunció que su encarcelamiento sería una forma de presionarle para que colabore, como ocurrió con el empresario Víctor de Aldama, quien confesó tras pasar semanas en prisión.

Por su parte, Koldo García llegó puntual junto a su abogada Leticia de la Hoz, alegando arraigo familiar —una madre mayor y una hija pequeña— para rechazar cualquier riesgo de fuga. También tomó la palabra ante el juez: “No me voy a ir a ningún sitio”, añadiendo “todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, frase que algunos interpretaron como un reconocimiento implícito de error.

El fiscal fue especialmente firme, sobre todo en la vista de Ábalos, afirmando que fue su pertenencia al Gobierno lo que le permitió cometer los delitos, pero recordando que “ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal” y que la justicia se representa “con una venda en los ojos” para simbolizar que nadie está por encima de la ley.

La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo

El 3 de noviembre, el juez Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario. La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa de 3,9 millones de euros.

Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para ambos, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. Tanto Fiscalía como acusaciones solicitan 7 años de prisión para Víctor de Aldama, atenuando su pena por su confesión, que ayudó a destapar la presunta trama que tendría como supuesto cabecilla al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.