La presidenta María Chivite no ha logrado cerrar la crisis abierta entre los socios de su Gobierno a cuenta de la gestión del sobrecoste de las obras de Belate. La jefa del Ejecutivo foral ha encabezado la delegación del PSN en la reunión que han tenido esta tarde en el Parlamento de Navarra, y de la que tanto Geroa Bai como Contigo-Zurekin han salido insatisfechos.

Ambos partidos, miembros de la coalición de Gobierno junto con los socialistas, han emplazado a la presidenta en persona a trasladarles, en el plazo de unas horas o días, una solución a esta crisis que pasa por depurar responsabilidades al más alto nivel. "A buen entendedor pocas palabras le hacen falta", ha expresado ante los medios de comunicación el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán.

La pelota está ahora sobre el tejado de Chivite, que debe mover ficha en las próximas horas para tratar de apagar el fuego que ha encendido el informe de la Intervención General. La reunión entre los socios ha finalizado además sin un nuevo emplazamiento para otra cita. Todo depende de lo que decida la presidenta.

El viernes, los socios mostraron su malestar por la gestión de los sobrecostes por parte de Obras Públicas. Sin explicitarlo expresamente, Geroa Bai y Contigo-Zurekin señalan a la cúpula del Departamento de Cohesión Territorial, liderado por el consejero socialista Óscar Chivite. Los ojos están puestos, sobre todo, sobre la figura de Pedro López Vera, el director general, señalado después de que la Intervención General cuestionara gran parte del desvío de 8,5 millones que autorizó el Departamento a finales de julio.

A la reunión de esta tarde, la presidenta Chivite y el PSN han acudido con una oferta para zanjar la polémica: han ofrecido la posibilidad de cambiar la actual dirección facultativa de la obra, cuyo responsable, Benjamín Lasheras, compareció la semana pasada en el Parlamento de Navarra. Además, han ofrecido reforzar el papel de la Intervención General en el seguimiento de la obra de Belate, y la mejora de los canales de comunicación sobre este tema entre los socios, entre otros asuntos. Tanto a Geroa Bai como a Contigo-Zurekin estas medidas les han parecido insuficientes, al considerar que no abordan el deterioro político generado por las discrepancias sobre la información trasladada en los últimos meses

Sin embargo, más allá de las responsabilidades concretas, el principal problema para los socios minoritarios es de carácter político y no técnico. Geroa Bai y Contigo-Zurekin se sienten engañados. Durante el verano llegaron a reunirse en hasta dos ocasiones con el consejero para que les explicara el origen del sobrecoste, pero las explicaciones ofrecidas entonces no se corresponden en absoluto con las conclusiones de documento de Intervención. Esto ha generado una merma importante en la confianza con la parte socialista del Gobierno.

Asumir "responsabilidades políticas"

Tras la reunión celebrada en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona (Geroa Bai) ha explicado ante los medios de comunicación que su partido ha exigido conocer las causas del modificado superior aceptado por Cohesión Territorial y que originó el sobrecoste de la obra, así como aclarar por qué, a su juicio, el consejero Óscar Chivite “faltó a la verdad” al explicar esas modificaciones. También ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas para restablecer la confianza entre los socios. 

Azcona ha afirmado que salen “insatisfechos” de la reunión porque las propuestas de la presidenta y del PSN no dan respuesta a estas demandas. El portavoz ha subrayado que el informe del interventor general evidencia que parte del sobrecoste no está técnicamente justificado y que, hasta que no se aclare por qué se ofrecieron argumentos “que no atendían a la realidad”, Geroa Bai no se dará por satisfecho. Según ha indicado, el PSN se ha comprometido a analizar su solicitud y, aunque ha evitado hablar de una posible ruptura del Gobierno, ha insistido en que es imprescindible restablecer la confianza entre los socios.

En la misma línea, Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha defendido que dentro del Ejecutivo deben asumirse responsabilidades por las irregularidades detectadas en la tramitación del modificado. Ha reclamado una respuesta “importante” que podría implicar dimisiones —“A buen entendedor, pocas palabras bastan”— y ha definido el encuentro como “cordial pero contundente”. 

El portavoz ha defendido que esperan que la presidenta Chivite aporte una solución en los próximos días que garantice transparencia y mantenga la confianza ciudadana. Aunque ha negado que la situación ponga en riesgo la estabilidad del Ejecutivo, ha insistido en que es necesario depurar responsabilidades para preservar la credibilidad del Gobierno y del proyecto de los túneles de Belate.

El origen de la crisis

La gestión del sobrecoste de los túneles de Belate ha abierto una brecha entre los socios del Gobierno de Navarra. La Intervención General ha emitido un reparo suspensivo al modificado aprobado por Cohesión Territorial, que incrementaba en 8,5 millones el coste de la obra. De esa cifra, solo avala 2,53 millones, lo que cuestiona la validez técnica del resto del incremento. Esta discrepancia complica la situación administrativa, ya que la UTE adjudicataria —Acciona y Fermín Osés— ha continuado trabajando conforme al aumento de 8,5 millones y tiene certificaciones sin cobrar desde mayo. Obras Públicas les ha asegurado que explorará “fórmulas legales” para garantizar la continuidad de la obra y que se les abonará en diciembre lo que permite la Intervención, en un contexto en el que Bruselas ha advertido de posibles sanciones si se producen nuevas paralizaciones.

El origen del problema se encuentra en el modificado número 1, aprobado poco después de la adjudicación y que elevó el coste en torno a un 11% por supuestos “imprevistos técnicos”. El consejero Óscar Chivite defendió que el terreno presentaba más dificultades de las previstas, con mayor afloramiento de agua, mayores exigencias de las confederaciones hidrográficas, necesidad de excavar más y reforzar el sostenimiento, y recordó que el primer túnel ya tuvo un encarecimiento del 35%. Sin embargo, la mayor parte del sobrecoste se concentra en dos aspectos: la construcción de un polvorín más complejo y unas cerchas de sostenimiento un 50% más caras. Estos dos elementos suman cerca del 70% del incremento y son los que la Intervención no ve suficientemente justificados.