La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha recibido amenazas y ataques contra su casa y vehículo por la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida también como Ley de Alquiler Vacacional, que aprobó el Parlamento regional el pasado 12 de noviembre.
Así lo ha denunciado este miércoles el vicepresidente canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en unas declaraciones a Radio Sintonía Fuerteventura recogidas por Europa Press en las que agregó que se trata de un asunto que a la propia consejera no le gusta que se sepa.
"Sé que no le gusta que ésto lo cuente pero tengo que denunciarlo. Lo hemos denunciado donde hay que hacerlo, lógicamente, y la Policía ha estado atenta a toda la situación porque no ha sido un caso aislado", indicó.
Domínguez hizo especial hincapié en que incluso se han producido amenazas deseando la muerte tanto de la consejera como del presidente, Fernando Clavijo. "Y ésto es lo que hemos recibido --observó-- pero, ¿por qué? Porque el egoísmo, el personalismo y el 'qué hay de lo mío' es lo que ha prevalecido en situaciones como esta".
Aquí, el también presidente del PP de Canarias y compañero de partido de De León ha incidido igualmente en que él tiene que denunciar esta situación públicamente porque "no es de recibo", ya que los políticos se pueden equivocar pero que el único objetivo que ha tenido el Gobierno regional es "ayudar" a la ciudadanía y poder "reorganizar" la primera fuente de ingresos del archipiélago, que es el turismo.
TORRES CONDENA LOS HECHOS
Por su parte, elinistro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha condenado las amenazas y ataques dirigidos contra la consejera de Turismo.
"Las discrepancias en política son legítimas, la violencia nunca. Condenamos estos hechos, rotundamente, es inaceptable. Mi apoyo y abrazo a Jéssica de León", ha escrito en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.
LEY APROBADA CON EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 12 de noviembre la ley que regula el alquiler vacacional con el rechazo de los grupos de la oposición --PSOE, NC-bc y Vox--, que además vetaron el debate de 24 enmiendas 'in voce' planteadas por los grupos del cuatripartito.
Entonces, la consejera de Turismo, Jessica de León, admitió que ha sido una norma "difícil de interiorizar, difícil de explicar, y difícil de gestionar" durante su tramitación y valorado por la acción de CC, PP, ASG y AHI "por estar al servicio del interés general y de no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político".
En Canarias, el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,3% de ellas y el 55,5% de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, y no por pequeños propietarios locales.
Por ello, con esta norma no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente, y estos podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o núcleos, garantizando siempre que estas decisiones no afecten la calidad de vida de los residentes.
Con esta legislación, el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10% podrán ser de uso vacacional, y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para poner en marcha el plan de inspección correspondiente.
A partir de ahora, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse al uso turístico mientras que otra de las grandes novedades de la nueva ley autonómica es que prohíbe los pseudohoteles, edificios en los que todas las viviendas son vacacionales de un gran tenedor.
Además, la norma también establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran diez años desde su construcción.