El Parlamento de Navarra ha dado este miércoles luz verde a 49 enmiendas al presupuesto del Departamento de Derechos Sociales y Empleo, por un total de 2.955.040 euros, todas impulsadas por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Entre las partidas aprobadas destacan las destinadas a programas de inclusión social, apoyo a personas en situación de dependencia y discapacidad, así como medidas de cooperación internacional. También se reforzarán los recursos para la atención a personas sin hogar, fomentando la integración y la asistencia directa a quienes más lo necesitan. Las enmiendas fueron aprobadas con amplia mayoría, con el voto en contra de Vox en casi todas las partidas y en algunos casos con abstenciones de UPN o PP, que suelen apoyar las enmiendas presentadas por los socios de Gobierno.
Entre las principales modificaciones presupuestarias se encuentran 180.000 euros para Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por EH Bildu y Contigo-Zurekin, y 10.000 euros para la Subvención a ANARASD y otras 10.000 euros para ANAS, destinadas a programas de apoyo a menores saharauis. Además, se aprobaron partidas para agua potable en Gaza (20.000 euros), fondo 0,7 para exclusión social y minorías (110.000 euros) y subvenciones a la Red de Lucha contra la Pobreza (29.000 euros) y asociaciones gitanas (34.000 euros).
En materia de personas sin hogar y dependencia, destacan los 400.000 euros para convenios con entidades locales, 70.000 euros para la Fundación Tudela Comparte, y 350.000 euros para adecuación de espacios para personas mayores en Huarte. También se aprobaron ayudas a proyectos piloto de gestión de residencias en Betelu y Erro (100.000 euros cada uno) y nuevas partidas para promover el acceso de personas mayores a la tecnología y mejorar la accesibilidad cognitiva y física en diferentes localidades.
Los programas de infancia y adolescencia también recibieron refuerzo, con convenios para prevención comunitaria en Tafalla, Cintruénigo, Fitero y la Comarca de Sangüesa, así como proyectos de intervención con menores en situaciones de vulnerabilidad, programas de respiro familiar y proyectos de deporte e inclusión en colaboración con la UPNA.
En el ámbito de empleo y economía social, se aprobaron ayudas a empresas de inserción, a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA), a REAS y GELTOKI, y se destinaron 200.000 euros a impulsar la acción sindical en prevención de riesgos laborales.
Igualdad de oportunidades para todas las personas
En el turno de los grupos, Maribel García Malo, del PP de Navarra, centró su intervención en la relación entre ayudas y oportunidades de empleo, aseguró que no basta con otorgar un importe económico para vivir dignamente; lo esencial es que las personas dependientes puedan construir su proyecto de vida con las mismas posibilidades que cualquier ciudadano.
Desde UPN, Raquel Garbayo pintó un panorama de estancamiento. Para ella, el Departamento es una pata clave del Estado del Bienestar que lleva años detenido, ocupado en apagar incendios sin avanzar hacia reformas sustanciales. En los presupuestos, dijo, “no hay ningún cambio de calado que nos haga pensar que esto va a ser así”.
Javier Arza, de EH Bildu, reconoció que las partidas aprobadas no son suficientes para transformar todo lo necesario, pero subrayó que funcionan como un escudo frente a políticas más restrictivas, ya que “permiten mantener un escudo que protege mucho más que el que habría en este contexto si gobernase la derecha”.
Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, enfatizó que las necesidades sociales son infinitas, mientras que la recaudación no lo es, y cuestionó las propuestas fiscales de la derecha, que según él “deberían explicar cómo financiarían todas sus medidas. Dibujan un escenario ficticio”.
Olga Chueca, del PSN, reconoció que podrían ser más generosos, pero defendió que las partidas se destinan a mejorar servicios de dependencia, discapacidad y salud mental, con especial atención a la desinstitucionalización y al envejecimiento activo.
Para Itxaso Soto, de Geroa Bai, la verdadera ambición consiste en garantizar que todas las políticas antepongan la igualdad de oportunidades y la justicia redistributiva, un principio que requiere la cooperación de todo el Gobierno: “Trabajar por los principios de equidad, solidaridad y justicia redistributiva es ambicioso y significa que, en todo tipo de políticas, se anteponga siempre la cohesión social y la igualdad de oportunidades para todas las personas”.
Por último, Emilio Jiménez, de Vox, criticó que “siguen despilfarrando el dinero de los navarros”.
