La enorme agitación con la que ha arrancado 2026 en el panorama internacional, con un Donald Trump empeñado en hacer volar por los aires el derecho internacional y las alianzas estratégicas, ha llevado a un segundo plano la siempre revuelta actividad política en el Estado español. El recién concluido 2025 elevó en varios peldaños la crudeza del ataque a degüello que el PP, con el apoyo de Vox, viene planteando a un Pedro Sánchez cada vez más solo ante el peligro, incapaz de taponar las vías de aguas que se abren por doquier en el bloque de fuerzas que le ha permitido seguir en la Moncloa. Y todo apunta a que esta tendencia, lejos de atenuarse, se agudizará en el año que acabamos de estrenar. A ello contribuirá notablemente el ciclo electoral que se abre de aquí a verano, con tres citas ante las urnas en otras tantas comunidades gobernadas por los populares: Aragón (febrero), Castilla y León (marzo) y Andalucía (no más allá de junio). Todo ello, aderezado con más dosis de la judicialización que viene marcando el pulso político en los últimos años y que se impone con su estruendo al debate sobre los temas que realmente preocupan a la sociedad, como la carestía de la vivienda o la precariedad del empleo.
Pero, con respecto al año pasado, 2026 aporta una diferencia importante en este sinfín de citas en los juzgados de personas con vínculos políticos investigadas por delitos que, en la mayoría de los casos, están ligados a la corrupción. Si en 2025 prácticamente todas los procedimientos judiciales en curso apuntaban a la línea de flotación de PSOE, en los próximos meses al Partido Popular le tocará apechugar con la apertura de juicios que llevarán al banquillo a varias figuras que, un pasado no demasiado lejano, tuvieron cargos relevantes en la formación que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.
Caso Waiter Music
El primero en pasar por ese trance será Francisco Granados, citado para el próximo 19 de enero en la Audiencia Nacional. El que fuera número 2 de Esperanza Aguirre cuando esta era presidenta de la Comunidad de Madrid será juzgado por lucrarse con el amaño de contratos a favor de una empresa de eventos -Waiter Music- para las fiestas patronales de varios municipios gobernados por el PP. Se trata de una pieza separada del caso Púnica, trama de corrupción en la adjudicación de servicios públicos por la que Granados fue condenado e ingresado en prisión durante casi tres años.
Operación Kitchen
Con ser grave, lo que se dirimirá en este proceso palidece frente a lo que se espera a partir del 6 de abril y durante el mes mayo. Para entonces está fijado el juicio por la Operación Kitchen, la organización de un operativo parapolicial que integró a más de 70 agentes con el fin de arrebatar a Luis Bárcenas documentación comprometedora sobre la contabilidad y la financiación del Partido Popular. Como máximo responsable de este montaje se sentará ante los magistrados de la Audiencia Nacional Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro de Interior 15 años, la misma pena que para el que era su secretario de Estado, Francisco Martínez. Además, entre los comisarios que también figuran como imputados se encuentra el célebre José Manuel Villarejo. Pero para personalidades de relumbrón, las que componen la lista de testigos, que incluye al expresidente Mariano Rajoy; a quien fuera vicepresidenta bajo su mandato, Soraya Sáenz de Santamaría; a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a otro exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
Caso Montoro
Por el peso político de quienes se sentarán en la sala de vistas, el PP se verá muy expuesto en el juicio de la Kitchen, aunque probablemente la gravedad de los hechos objetos de juicio se vea superada por los contemplados en la causa que se le viene encima a Cristóbal Montoro. El que fuera ministro de Hacienda en varios gobiernos del PP con Aznar y Rajoy está investigado por haber impulsado, presuntamente, reformas legales que beneficiaban a empresas energéticas a cambio de pagos millonarios realizados por estas al bufete Equipo Económico, fundado por Montoro. Hay también imputados otros 28 altos cargos en un proceso que, tras permanecer siete años bajo secreto de sumario, se activó en julio de 2025 con las acusaciones formales y sigue en fase de instrucción, aunque es previsible que Rubén Rus, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, fije fecha de juicio para los próximos meses.
Novio de Ayuso
En Génova también están expectantes ante lo que ocurra con el novio de Isabel Díaz Ayuso. El subidón que supuso la inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación de secretos en perjuicio de la pareja de la presidenta madrileña, se puede desinflar si Alberto González Amador es condenado por fraude fiscal en un procesamiento al que le falta fijar una fecha. La mancha en la imagen de un peso pesado del PP como es Ayuso puede ser mayor si prospera la investigación contra su novio por soborno a un directivo de Quirón.
Otros juicios
Íñigo Errejón. El exportavoz de Sumar será sometido a juicio por unas presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá. El próximo jueves, el titular de Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, le ha citado para notificarle su decisión, adoptada pese a que la Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa al considera que la comisión el delito no está lo suficientemente justificada.
Luis Pérez ‘Alvise’. El eurodiputado de Se Acabó la Fiesta está imputado en cuatro causas en el Tribunal Supremo, que van desde la financiación ilegal para su campaña electoral hasta la publicación de una prueba PCR falsa del ahora president de la Generalitat Salvador Illa. La fuerza ultraderechista que lidera concurrirá a las próximas elecciones en Aragón y Castilla y León.
Jordi Pujol. Este lunes se reanudan en la Audiencia Nacional las sesiones del juicio contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus hijos por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Habrá que ver si el deterioro cognitivo que sufre a sus 95 años le permite seguir declarando en un proceso en el que está participando por videoconferencia.
Álvaro García Ortiz. Después de que el Supremo le condenara a finales de 2025 a la inhabilitación por dos años para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, García Ortiz está a la espera del recorrido que tenga el incidente de nulidad de su sentencia presentado por la Fiscalía. Si no prospera, como es de esperar, podría acudir al Constitucional.
Begoña Gómez
Pero el PP también dispondrá de munición para enzarzarse en el ya clásico “y tú más” con un PSOE que no se zafa de la sombra de la sospecha. Esta, como en el caso de González Amador y Ayuso, se cierne también sobre el entorno más íntimo del líder socialista, Pedro Sánchez. Sobre su esposa, Begoña Gómez, pesa la imputación de cinco delitos -entre ellos los de tráfico de influencias y malversación- por parte del ínclito juez Peinado, corregido en sus diligencias hasta en 13 ocasiones desde instancias superiores en una fase de instrucción que se está eternizando. Habrá que ver si llega a tiempo para resolver la causa antes de cumplir en septiembre los 72 años, la edad de jubilación obligatoria para los magistrados.
David Sánchez
También se encuentra a la espera de juicio otra persona del ámbito familiar de Pedro Sánchez: su hermano David. El motivo, las presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios. En este proceso también está acusado, por su responsabilidad en la creación y adjudicación del puesto al que accedió David Sánchez, el que por entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Este último mantendrá su condición de aforado, ya que, si bien recientemente abandonó su cargo de líder de los socialistas extremeños tras el descalabro sufrido en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, ratificó que asumirá su acta como diputado de la Asamblea de dicha comunidad autónoma, aún por constituirse. Aunque estaba fijado para su celebración el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz, el juicio, debido al aforamiento de Gallardo, deberá trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo que implicará con toda seguridad un cambio de fecha.
Caso Koldo
No obstante, el caso que más pesa y que seguirá haciéndolo en 2026 en la sede de Ferraz es el que involucra a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Se espera que los dos primeros, junto al comisionista Víctor de Aldama, deban sentarse en breve en el banquillo de acusados del Tribunal Supremo para responder ante el juez Leopoldo Puente de los posibles delitos cometidos en la compra de mascarillas durante la pandemia, primer capítulo de la trama de corrupción del conocido como caso Koldo. En el PSOE tienen motivos para la inquietud, ya que el exministro de Transportes y el que fuera su asistente están decididos a arrastrar a tantos como puedan en su descenso a los infiernos. “Van a caer todos uno por uno”, amenazaba recientemente García en una entrevista con OkDiario, medio muy beligerante contra el Gobierno de Sánchez. Por su parte, Ábalos ha solicitado la presencia en su juicio en calidad de testigos de los actuales ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en una vuelta de tuerca más de su vendetta contra el partido que le ha repudiado.
La investigación se encuentra en un estado mucho más incipiente en la otra pieza de la trama, la de la adjudicación de obras públicas, en la que entra en juego Santos Cerdán. Su condición de secretario de organización y número 3 del PSOE hasta hace apenas medio año da carnaza al PP para hincar el diente a los actuales responsables socialistas, como hará también con la causa abierta por la Audiencia Nacional por los pagos en efectivo realizados desde Ferraz para cubrir diversos gastos ante la posibilidad de que detrás de ello haya alguna operación de blanqueo de capitales.
Leire Díez
Por si fueran pocas las ramificaciones del caso Koldo, a él se vincula también la doble causa abierta contra la exmilitante socialista Leire Díez, una de ellas por sus maniobras para proteger a personalidades del entorno del Gobierno en las investigaciones de la UCO y otra segunda por irregularidades en contratos públicos. Ambos procedimientos se hallan aún en fase de instrucción, aunque los últimos avances realizados hacen pensar que en breve deberá comparecer ante el juez.
Cadena de elecciones
Sin desaprovechar las oportunidades que les brindará la justicia para atizarse mutuamente, PP y PSOE se centrarán en estos meses en dirimir las batallas regionales que les enfrentarán de forma consecutiva en las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía, eslabones de una cadena que les llevará en 2027, si no es antes, a la confrontación definitiva en las generales. El prólogo vivido hace tres semanas en Extremadura no permite lanzar cohetes a ninguna de ambas fuerzas. Visto que, por lo que apuntan las encuestas, es harto improbable que derroque a los tres barones populares que gobiernan las comunidades convocadas a las urnas -Azcón en Aragón, Fernández Mañueco en Castilla y León y Moreno Bonilla en Andalucía-, el PSOE aspira ahora a poco más que taponar la herida abierta por los desastrosos resultados de Gallardo en los comicios extremeños. Un batacazo que, por otro lado, apenas ha insuflado oxígeno a un PP más que preocupado por lo que ocurre a su derecha, con Vox lanzado en una ofensiva por la hegemonía en ese sector del electorado y frotándose las manos con el vía crucis judicial que se les viene encima a socialistas y populares. Si de puertas afuera 2026 se presenta convulso, no parece que lo vaya a ser menos en el ámbito doméstico de la embarrada política estatal.
