El Consejo de Ministros va a aprobar este martes una estrategia de desarrollo sostenible para combatir problemas como el acceso a la vivienda o la brecha de género y que incluye, entre otras medidas, una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil.
Así lo han informado a EFE fuentes del Gobierno español, que han detallado que el objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100 % de las familias con hijos menores a su cargo y acabar así con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.
El Gobierno incorpora por primera vez la prestación universal por crianza en una estrategia estatal como medida para erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo.
Según el estudio 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', presentado por UNICEF en noviembre de 2025, la pobreza infantil en el Estado podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplica la prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, lo que supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).
Asimismo, el informe señala que con un mínimo de 100 euros al mes ya se podría sacar a 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación. La ONG apuesta por la ayuda de 100 euros tanto por coste e impacto como por viabilidad, y para garantizar que se pone en marcha.
La propuesta de una prestación universal por crianza también ha sido defendida en reiteradas ocasiones por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Precisamente, en el marco de la presentación del estudio de UNICEF, Rego aseguró que hay recursos para aplicar "de manera gradual" la prestación universal para la crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo para atajar la pobreza infantil.
Con este nuevo derecho se pretende reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10 % (por debajo de la incidencia de la Unión Europea) priorizando medidas dirigidas a familias monomarentales, las más afectadas por la situación de pobreza.
Ha sido el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el encargado de elaborar esta nueva estrategia de desarrollo sostenible, que está compuesta de 100 metas para reforzar el Estado del bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental se aborde garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial.
Triplicar la inversión pública en vivienda
Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda y para ello se quiere triplicar la inversión pública con 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años y alcanzar el 5 % de vivienda en alquiler social en 2030.
Se plantea también incorporar al mercado del alquiler hasta un 10 % de las viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. Para ello, añaden las mismas fuentes, es fundamental la colaboración entre las distintas administraciones públicas y que más Gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.
La estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, señala además la necesidad de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes para reducir su edad de emancipación.
Entre las 100 metas también se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género y se fija como objetivo reducir la brecha salarial de género al 10 % en 2030, incluyendo una disminución del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55 % respecto a los hombres y un aumento de la tasa de actividad femenina del 5 %.
Mayor independencia energética y cohesión social
Con esta estrategia, el Gobierno también apuesta por una mayor independencia energética, por un incremento de las energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero del 32 %, además de establecer más recursos para emergencias derivadas de fenómenos climáticos extremos.
Reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9 %, con atención especial a colectivos vulnerables, y aumentar en un 50 % la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada son otros de los objetivos principales del documento.
Asimismo, se quiere promover la visibilidad y concienciación sobre los delitos y discursos de odio y lograr que el 100 % de los trámites de extranjería estén completamente digitalizados, simplificados y unificados, garantizando la atención presencial para quienes lo necesiten.
Las 100 metas de esta estrategia se integran en cuatro grandes retos: un Estado del bienestar fuerte y universal; un sistema económico circular con justicia social, laboral y ambiental; una vertebración territorial sostenible frente a la emergencia climática; y situar los derechos humanos y la igualdad en el centro de la acción pública. El documento reafirma además el apoyo de España al sistema multilateral de Naciones Unidas.
