Los autores del informe de la UCO que acabó con Cerdán en la cárcel guardan silencio en Navarra por órdenes del Tribunal Supremo

Los dos representantes de la UCO de la Guardia Civil que están compareciendo en el Parlamento de Navarra no están respondiendo a las preguntas de los parlamentarios sobre la causa especial que tramita el Tribunal Supremo y que envió al exdiputado navarro Santos Cerdán a la cárcel.

Los dos agentes, que no son los autores materiales pero representan a los autores, han dicho que "lamentablemente" no van a contestar a ninguna pregunta que tenga que ver con la causa especial en marcha porque han recibido una instrucción por parte del juez instructor, Leopoldo Puente, para guardar silencio sobre esta cuestión. Esta actitud se da pese a que la causa, al menos en su totalidad, no es secreta.

Esta decisión del juez, asumida por la policía judicial, contribuye a alimentar una de las tesis que ha esgrimido la defensa de Santos Cerdán: la sensación de que muchos pasos de esta causa se están moviendo con cierta opacidad, con una falta de diligencia impropia del poder judicial. Quizá el ejemplo más palmario haya sido la filtración de los informes de la UCO, cuyo contenido conocieron antes algunos políticos y medios de comunicación antes que algunas partes personadas en el proceso tal y como han denunciado los abogados de Cerdán.

De hecho, los agentes solo han contestado a una de las preguntas. El parlamentario Miguel Garrido (Contigo Zurekin), después de mantener un toma y daca con el agente sobre el alcance del deber de silencio que han sostenido los guardias civiles durante la comisión, ha preguntado si saben el origen de las filtraciones de los informes. "No", ha respondido lacónicamente el agente que ha tomado la palabra.

La Constitución Española establece, en su título sexto, que "las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento".

"Dependemos funcionalmente del magistrado", ha explicado uno de los agentes, que ha indicado que como policía judicial tiene un "deber de reserva sobre el proceso penal". Siguen órdenes, han dicho.

El parlamentario Adolfo Araiz (EH Bildu), que pidió la comparecencia, ha preguntado si la Guardia Civil investiga obras en Navarra, asunto que ha quedado sin respuesta. En su turno, Javier Esparza (UPN) ha hecho una lectura de su relato político sobre la supuesta trama y ha agradecido la labor de la Guardia Civil. Javier Lecumberri (PSN) ha querido también preguntar sobre la causa en Navarra.